La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió este martes una orden de aprehensión en contra de la expresentadora de televisión, Melisa Ibarra, quien no se presentó a declarar en el marco de las investigaciones de un caso de supuesta extorsión, encubrimiento con relación al ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, en el que está involucrada.

“Se tenía programada la toma de declaración a la señora Ibarra a horas 10.00, no se hizo presente y tampoco ha presentado ningún justificativo con relación a su incomparecencia. Es así que el Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, ha liberado la orden de aprehensión en contra de esta persona”, informó el fiscal Sergio Bustillos.

Recordó que el Ministerio Público citó a la expresentadora a denuncia de una víctima de aprehensión ilegal en la zona Sur de la ciudad de La Paz durante la cuarentena rígida de mayo de 2020, por parte de dos personas vestidas con uniformes del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), en un vehículo blanco de propiedad de Ibarra.

Explicó que dentro se encontró ropa, manillas y gases lacrimógenos del Gacip, junto a la llave original del vehículo que había sido reportado como robado al seguro; sin embargo, nunca se realizó la denuncia formal ante Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

En la víspera, el investigador privado Sergio Huamán, mostró al canal televisivo Bolivia Tv, documentos, fotos e informes que muestran que Ibarra contribuyó, prestó su vehículo y financió un grupo paramilitar que tenía estructura, jerarquía y financiamiento para actuar durante el golpe de Estado de 2019.

La aprehensión este lunes del coronel David de la Torre, exjefe contra el robo de vehículos, se convirtió en la punta del ovillo para desenmascarar a un grupo paramilitar que poseía estructura, jerarquía y financiamiento para sustentar el golpe de Estado de 2019. La expresentadora de televisión Melisa Ibarra formaría parte de esa organización delictiva. La Fiscalía la convocó a declarar mañana martes.

El coronel De la Torre, exjefe departamental de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), fue aprehendido en el marco de la investigación por asociación delictuosa y ejercicio indebido de la profesión.

Ibarra es acusada de encubrimiento con relación al ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, indica la orden de citación de la Fiscalía de La Paz.

El caso fue abierto por la denuncia de Jesús S. T., quien indicó que el 5 de mayo del año pasado, durante la cuarentena rígida, en la zona Sur de La Paz, fue víctima de una tentativa de rapto por una pareja que conducía un vehículo blanco. La pareja se identificó como perteneciente al GACIP (Grupo de Apoyo Civil a la Policía). Posteriormente, se determinó que el motorizado pertenecía a Ibarra, informó el periódico La Razón en su edición digital.

Tras una investigación de la Fiscalía, se encontró que la pareja no trabajaba en la institución del orden, pero que “habrían sido utilizados por un oficial de la Policía para que puedan utilizar los uniformes”.

La pesquisa estableció que el vehículo, en 2020, hizo recorridos por la zona sur y pedía dinero a quienes infringían las restricciones impuestas por el gobierno de facto.

Ibarra hizo saber que sufrió el robo de su vehículo, pero no presentó denuncia a la Policía, aunque la compañía aseguradora desembolsó el dinero por la póliza en caso de pérdida, indica el informe.

La Fiscalía encontró, en el vehículo, uniformes, manillas que pertenecen al GACIP y granadas de gases lacrimógenos, además de la llave original del vehículo, lo que derivó en la convocatoria de Ibarra a declarar ante el fiscal.

Sin embargo, el investigador privado Sergio Huamán, mostró al canal televisivo Bolivia Tv, documentos, fotos e informes que muestran que Ibarra contribuyó, prestó su vehículo y financió un grupo paramilitar que tenía estructura, jerarquía y financiamiento para actuar durante el golpe de Estado de 2019.

“Hay una organización paramilitar vinculada a estos hechos”, indicó.

El investigador dijo que esa organización está compuesta por “Mauricio Z. H, que es el lugarteniente de Ibarra, quien ha proporcionado vehículo, medios, insumos, logística para diferentes hechos, para empezar el golpe de Estado”.

El grupo de Ibarra estuvo involucrado en las agresiones a campesinos e indígenas, en 2019, y en la venta irregular de pruebas de COVID-19 que habrían sido desviadas de una donación para la Policía. Incluso, ella ofreció en sus redes sociales vender dichas pruebas, indicó Huamán.

Según el investigador, Ibarra fue la encargada de organizar, financiar a dicho grupo que, tiempo atrás, intentó la toma de las oficinas del Defensor del Pueblo.

Ahora, Ibarra fue convocada a declarar en la Fiscalía para esclarecer sus responsabilidades en estos casos.

El exministro de Defensa, Javier Zabaleta, indicó que los grupos movilizados para el golpe de Estado de 2019, actuaron bajo las consignas de forzar la renuncia del entonces presidente Evo Morales, evitar la sucesión constitucional y expresar un odio y persecución a los masistas. En el marco de ese plan, los policías y militares se alejaron de la cadena de mando, incurrieron en insubordinación y actuaron como sindicato, sostuvo.

La exautoridad fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Zabaleta dijo que, en 2019, acompañó a Morales hasta el aeropuerto de El Alto y, al regresar a su domicilio, lo encontró tomado por grupos civiles delincuenciales, entre los cuales presumiblemente se encontraban policías con capuchas. Además, sus familiares fueron amenazados. Por ello, tuvo que pedir asilo a la Embajada de México.

"La Policía amotinada, sublevada totalmente, fuera de su cadena de mando, comienza a participar activamente de las movilizaciones como muestran muchos videos y participan armados en las movilizaciones, por lo que había un riesgo real de asesinato de personas o de ultimar a dirigentes del MAS", indicó.

"El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas ya se había también alejado de su cadena de mando y ya estaba actuando de forma insubordinada", recordó.

Dijo que los movilizados tenían las consignas de lograr la renuncia de Morales, evitar que se cumpla la sucesión constitucional y perseguir, con odio extremo, a las autoridades o simpatizantes del MAS.

"¿Cómo vas a entender que una institución llamada a resguardar la seguridad, el orden, como es la Policía, termine saliendo a las movilizaciones armada, desoyendo a sus propios comandantes y actuando como un sindicato?", cuestionó.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este lunes que se encuentra en proceso de elaboración un plan para sancionar a aquellas personas que usen el número del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana (Bol - 110) con llamadas falsas o de burla.

“Las llamadas que ingresan al proyecto Bol - 110 son de burla insultos o falsas, al respecto estamos elaborando un plan en el cual también se puede establecer cierto tipo de sanciones mediante la identificación de las personas que incurran en esto”, adelantó.

El Bol - 110 se activa llamando al número único 110 desde un teléfono fijo o celular, para brindar la asistencia inmediata ante urgencias, incidentes, emergencias y/o desastres en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, salud y gestión de riesgos.

En ese sentido, la autoridad dijo que se trabajará con las empresas telefónicas para facilitar la ubicación de los infractores.

“En este caso es importante trabajar con las telefónicas para que puedan interoperar sus bases al proyecto Bol - 110 para tener la geolocalización exacta del lugar donde se estaría produciendo esto”, mencionó.

Sobre el tipo de sanciones, Ríos señaló que se encuentra en pleno análisis.