El vicepresidente del Senado de la República de Francia, Pierre Laurent, emitió un comunicado de solidaridad con el gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, quienes enfrentan a una extrema derecha que no respeta la libertad de movimiento, la libertad de expresión y el voto popular.

El documento indica que “en las últimas semanas, la extrema derecha y sus violentas 'milicias' han vuelto a mostrar su irrespeto por la democracia y la voz del pueblo boliviano”.

Menciona que “ahora están usando el pretexto de una ley que afecta el comercio informal para un nuevo intento de desestabilizar el gobierno”.

Subraya que “el odio, el espíritu de venganza y la violencia de la extrema derecha deben preocupar a la comunidad internacional”, ya que “el pueblo boliviano eligió a su presidente y vicepresidente en octubre de 2020”, en elecciones democráticas.

En este sentido, el senador hace un llamado para que Francia apoye al pueblo boliviano en su nueva lucha por el respeto del voto y la democracia. “Hago un llamado a Francia para que apoye al presidente Arce en sus solicitudes de paz, respeto a la democracia y los derechos humanos del pueblo boliviano”, subrayó.

(Foto: Facebook Comité pro Santa Cruz)

Analistas cruceños coinciden que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, está cosechando lo que sembró, hostilidad, odio e intolerancia, ahora expresada por los mismos grupos radicales que encabeza, quienes lo señalan como “traidor” y piden su renuncia, tras haber anunciado la suspensión del paro y bloqueos.

“Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho fueron, son y seguro que seguirán siendo la expresión de la mayor intolerancia, lo que ellos hicieron fue precisamente sembrar odio, sembrar rencor, rabia, intolerancia en su propia gente, y lo que ahora están cosechando es precisamente aquello”, manifestó el senador cruceño William Torres.

Dijo que Calvo se jugó una carta fallida, restringiendo libertades ciudadanas y utilizando la violencia, odio e intolerancia en contra de los propios ciudadanos cruceños, lo que ahora le está cobrando factura.

“Rómulo Calvo está cosechando, y de manera muy rápida, aquella siembra de odio y de rencor en su gente, que bueno, ahora le está tocando beber de su propio remedio, y eso nunca debió haber pasado. Ellos generaron un ambiente de hostilidad, de odio, de racismo, de intolerancia contra el pueblo y ahora Rómulo Calvo, lastimosamente, por supuesto que esto no nos causa alegría, sino más bien preocupación, que esos mismos ahora están cobrando factura en contra de Calvo”, ratificó.

El martes, un grupo de personas identificadas como líderes de plataformas y de la denominada Unión Juvenil Cruceñista, cercaron las instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, tras la conferencia de prensa en la que Rómulo Calvo comunicó que se levantaba el paro indefinido multisectorial.

Los grupos radicales amenazaron con no dejar salir a Calvo del Comité Cívico hasta que presente su renuncia y lo calificaron de “traidor”.

En este contexto el analista político cruceño, Reymi Ferreira, dijo que este hecho se constituye en la máxima expresión de la irracionalidad política e intolerancia, además de ser la mayor prueba de que esta gente, que dice defender la democracia, en realidad son movimientos basados en el odio de una ideología totalitaria, fascista y antidemocrática.

“Como tan antidemocrático ha sido que en nuestra propia ciudad nos tengan en una especie de estado de sitio, que nos digan cuándo ir a comprar, cuándo, qué y cómo ir a comprar; realmente absurdo en pleno siglo XXI, cuando se supone que hay un sistema democrático, es la mayor expresión de la intolerancia política, estos grupos fascistas”, subrayó.

(Foto: Facebook Comité Pro Santa Cruz)

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, generó el martes malestar y protestas entre cívicos e integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo de choque, que pidió su renuncia.

Los hechos sucedieron después de que Calvo anunciara la suspensión del paro indefinido convocado desde el 8 de noviembre en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

“Levantamos el paro indefinido a partir de este momento”, aseguró el cívico anoche y así generó las protestas a tal punto que los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista fueron hasta inmediaciones del comité para cuestionar la dedición e impedir la salida de cívicos de las instalaciones.

Cuestionaron que Calvo no haya tomado en cuenta a sus afines que demandaban un cabildo para evaluar la suspensión de las protestas. “¡Calvo vendido!”, fue el estribillo que coreaban en su descontento.

Desde el 8 de noviembre, cívicos, sobre todo, de Santa Cruz y Potosí, convocaron al paro indefinido para rechazar la Ley 1386 porque indicaron que afecta sus intereses.

Sin embargo, el Gobierno abrogó la norma el martes tras el anuncio del presidente Luis Arce, quien aseguró que luego de la decisión no deben existir pretextos para continuar con las protestas.

El jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Gualberto Arispe, ratificó que el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) no vulnera la autonomía universitaria, tampoco las autonomías departamentales ni municipales.  

“Hablar y decir que está en contra de las autonomías universitarias, departamentales, municipales, indígena originario campesinas, es totalmente falso, tenemos una Ley 777 para aplicar este Plan de Desarrollo de 2016, claramente indica que instituciones deben regirse en torno al plan que presenta, que plantea el Gobierno nacional”, indicó.

Lamentó que una vez más sectores de oposición recurran a la desinformación para generar malestar en algunos sectores de la población y denunció que es parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno nacional.

“Nuestros opositores en el país siempre van a intentar poner en desacuerdo a la población boliviana ante cualquier ley que se apruebe, porque es parte de su plan de desestabilización. En este caso el Plan de Desarrollo Económico Social está constitucionalizado, dice la Constitución Política del Estado que el Gobierno en su primer año de gestión debe presentar un plan de desarrollo económico, como metas para que trabaje en la gestión de los cinco años”, mencionó.

Dijo que el PDES contempla una inversión de más de $us 33.100 millones para reactivar la economía, con “objetivos grandes que no se han tenido antes”.

“Lo que tienen que hacer ahora las gobernaciones, tienen que adecuarse a este plan y objetivos que tiene el Gobierno nacional, tampoco es bien específico qué se tiene que hacer, sino plantea metas, objetivos para que nos enmarquemos, porque tenemos un Gobierno nacional y la Constitución indica que el Gobierno nacional es quien debe diseñar el plan estratégico”, manifestó.