El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) se declararon este jueves en emergencia y llamaron a las distintas organizaciones sociales a defender al Gobierno del presidente Luis Arce y la estabilidad económica, política y social del país, para enfrentar los afanes de la derecha política de provocar convulsión y un nuevo golpe de Estado.

“Convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas, al pueblo en su conjunto, a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país, mantener la armonía y la paz social en nuestro Estado Plurinacional, a la cabeza de nuestro gobierno democráticamente elegido de Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca). Por una Bolivia Plurinacional unida, las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia”, manifestó la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pando, Odalis Huayllas, en la lectura de un pronunciamiento oficial en la Casa Grande del Pueblo.

La dirigente dijo que las organizaciones sociales no permitirán que se registre una nueva ruptura constitucional, porque la economía nacional se recupera recién y se retoma la paz social y el reencuentro con el Vivir Bien, luego del golpe de Estado de 2019 que dejó al país en crisis.

Recordó que el proceso está en riesgo por “politiqueros, oligarcas y logieros” que bajo el título de comités cívicos pretenden generar caos y división social, para dañar la democracia intercultural.

“Ante esta situación, tenemos la obligación de advertir a estos desestabilizadores de la derecha que, desde nuestras organizaciones históricas y matrices del pueblo, no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generar muerte y dolor en el pueblo. No queremos más racismos y discriminación”, agregó.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, manifestó que las organizaciones sociales están dispuestas a salir a las calles y las carreteras para defender la estabilidad económica, política y social, así como dar su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce.

“Hoy el pueblo es sabio, ha elegido a su gobierno en las urnas con un porcentaje de más de un 55 por ciento del voto popular, del voto del pueblo, por eso es que vamos a defender este proceso y vamos a defender a nuestro gobierno”, enfatizó.

El vicepresidente David Choquehuanca advirtió, por su parte, que los políticos de la derecha buscan dividir y debilitar a las organizaciones sociales, por medio de la confusión, el caos y la inestabilidad, para saquear las riquezas nacionales y conseguir impunidad por sus acciones durante el golpe de Estado de 2019.

Sin embargo, señaló que la campaña de miedo que quieren desatar los políticos de la derecha “no va a tener éxito”, porque se cuenta con un pueblo despierto y capaz de organizarse para la defensa de la democracia que “ha costado sangre y vidas”.

“Queremos advertir que las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia, para defender la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía, para defender nuestras riquezas, nuestros recursos naturales”, concluyó.

El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) se declararon este jueves en emergencia y llamaron a las distintas organizaciones sociales a defender al Gobierno del presidente Luis Arce y la estabilidad económica, política y social del país, para enfrentar los afanes de la derecha política de provocar convulsión y un nuevo golpe de Estado.

“Convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas, al pueblo en su conjunto, a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país, mantener la armonía y la paz social en nuestro Estado Plurinacional, a la cabeza de nuestro gobierno democráticamente elegido de Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca). Por una Bolivia Plurinacional unida, las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia”, manifestó Odalis Huayllas, dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, en la lectura de un pronunciamiento oficial.

(Noticia en desarrollo…).

El abogado Thomas Becker cuestionó este jueves que líderes políticos que denuncian una presunta persecución política en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, guardaron silencio cuando la exalcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue ultrajada por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en 2019.

“Hoy un segundo acusado se declaró culpable de participar en el secuestro de @PatriciaArceGu2. No olviden que muchos líderes políticos que denuncian la ‘persecución política’ de Áñez guardaron silencio luego del secuestro de Patricia. Algunos incluso la acusaron de auto-secuestro”, publicó en su cuenta en Twitter.

Después de las elecciones presidenciales del 2019, con la excusa de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

El caso de la exalcaldesa sucedió durante los conflictos postelectorales de 2019. Los videos y fotografías de Arce con el rostro y ropa pintados de rojo, el cabello cortado contra su voluntad y caminando descalza, de Vinto a Quillacollo, en medio del conflicto, son evidencias del trato al que fue sometida.

“En lugar de proteger a Patricia, como lo requieren sus medidas cautelares, el gobierno de Áñez amenazó a Patricia y la acusó de terrorismo y genocidio. Una vez más, los miembros de la élite política permanecieron en silencio”, añadió Thomas Becker, quien hace seguimiento a los casos de las víctimas del golpe de Estado.

La Resistencia Juvenil Cochala fue una organización de fuerza de choque que generó violencia frente a movilizaciones de simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo que defendían el gobierno de Morales.

Dieciséis organizaciones políticas, 11 agrupaciones ciudadanas y cinco de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), registradas en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, tienen menos de dos meses para que presenten sus estatutos adecuados a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, se informó desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La disposición emitida por el TSE rige en todo el país y establece los lineamientos que deben cumplir las organizaciones políticas para la adecuación de sus estatutos, en los que se debe incluir mecanismos para la resolución de denuncias, contra el acoso político y la despatriarcalización, entre los aspectos principales. La fecha de entrega fenece el 31 de diciembre de 2021

La modificación debe realizarse en las instancias deliberativas estipuladas en los estatutos vigentes de las agrupaciones ciudadanas y NPIOC, bajo la supervisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), según el Reglamento de Supervisión de Organizaciones Políticas. La solicitud ante el TED Oruro debe realizarse con 15 días de anticipación.

Hasta la fecha, la agrupación ciudadana Participación Popular es la única que inició su proceso de adecuación de Estatuto a la Ley 1096, con la solicitud ante el TED Oruro para la “supervisión” del Sifde.

El TSE recibirá los estatutos modificados de los partidos políticos, mientras los Tribunales Electorales Departamentales atenderán las solicitudes de las agrupaciones ciudadanas y organizaciones políticas NPIOC.

Registro de militantes

Hasta el 7 de marzo de 2022, las organizaciones políticas de alcance nacional, departamental y municipal deben actualizar el registro de sus militantes, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo II del artículo 14 de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, y según los requisitos y procedimientos descritos en el Reglamento de Otorgación y Registro de Personalidad Jurídica y Actualización de Militancias de Organizaciones Políticas.