El presidente Luis Arce Catacora mencionó este lunes que, al asumir el Gobierno en noviembre de 2020, se encaró una serie de medidas para erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad social con la redistribución de los ingresos.

“Durante el periodo del Gobierno de facto, se observó un retroceso en los resultados obtenidos en gestiones pasadas, incrementando el nivel de la pobreza extrema a 13,7 por ciento y la pobreza moderada a 39 por ciento. Por esto, se inició a pagar, en diciembre de 2020, el Bono Contra el Hambre 4.035.773 de personas, cuyo costo total ascendió a 4.036 millones de bolivianos”, dijo.

Destacó que a partir de estudios realizados, el Bono Contra el Hambre permitió reducir la pobreza moderada a nivel nacional en 2,3 puntos porcentuales, es decir que bajó de 39,0% a 36,7%.

Por otro lado, mencionó que producto de la instauración del modelo neoliberal por parte del gobierno de facto y las malas decisiones de política social y económica, ocasionaron que la desigualdad en la distribución de ingresos, medida con el índice de Gini, se incrementó en 2,8 puntos porcentuales, pasando de 0,42 en 2019 a 0,45 en 2020.

“Con la recuperación de la democracia, se estima que los ingresos de los hogares más pobres mejoren, con lo cual será posible reducir la desigualdad medida con el Gini”, acotó Arce Catacora.

Respecto a la tasa de desocupación urbana, el Jefe de Estado dijo que se incrementó de 4,3% en octubre de 2019 a 11,6% a julio de 2020, lo que implica que aproximadamente 253.000 bolivianos y bolivianas perdieron su fuente laboral durante ese período.

“Antes de octubre de 2019, se estaba cerrando la brecha de la tasa de desocupación entre hombres y mujeres, pero desde el año 2020 el nivel de desocupación de las mujeres ha ido aumentando más que los hombres. Asimismo, los jóvenes tienen los mayores niveles de desocupación, los cuales fueron agudizados en la gestión 2020”, resaltó.

Con la recuperación de la democracia en noviembre de 2020, recalcó que se adoptaron medidas que permitieron a la población boliviana acceder a un empleo; por tanto, la tasa de desocupación urbana se vio disminuida al orden del 6,2% a septiembre de 2021.

“Desde octubre de 2020 a septiembre de 2021, se estima que 660.000 personas pudieron encontrar un empleo en todo el territorio nacional”, dijo el Jefe de Estado.

El presidente Luis Arce destacó este lunes que se logró el inicio de procesos penales contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y varios exjefes y autoridades militares y policiales por las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y violaciones de derechos humanos del golpe de Estado de 2019, como resultado de la aplicación del mandato de memoria, verdad y justicia de las víctimas. 

“Actualmente, los procesos en contra de los autores de esos crímenes se encuentran a cargo del Ministerio Público, como establece la Constitución Política del Estado”, manifestó, en la lectura del informe de su primer año de mandato. 

El mandatario rememoró que las acciones judiciales cuentan con el respaldo de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue viabilizado junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener justicia dentro de un debido proceso y bajo los principios de objetividad y transparencia.

“Actualmente, se emplazan las actividades correspondientes para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI”, aseveró.

El 17 de agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó su informe final sobre los hechos de violencia de 2019 y calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló la experta Patricia Tapattá, en la presentación del documento.

El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

Tapattá dijo también que el informe indica que las protestas sociales fueron antecedidas por discursos políticos que pusieron en tensión a la democracia y las instituciones.

Además, explicó que el documento formula más de 30 recomendaciones, una de ellas es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

Aplicación de justicia ágil y el debido proceso son otros de los encargos de los expertos del GIEI; además de priorizar los casos de violencia sexual y de género; y garantizar la imprescriptibilidad de los casos de violación de derechos humanos.

Asimismo, prevé que se realice una Cumbre Nacional Sobre el Racismo y la Discriminación, como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.

También recomendaron desnaturalizar el orden patriarcal, porque ello implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas.

“Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para realizar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien es a ellos a quienes se les reclama liderazgo y una contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión, en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores”, aseveró.

El presidente Luis Arce cuestionó este lunes que a un año de la recuperación de la democracia existan pequeños grupos que opten por medidas de desestabilización en contra de la economía del pueblo boliviano.

“Hace un año, desde esta Asamblea Legislativa Plurinacional, enviamos un mensaje de certidumbre a nuestro país, al pueblo trabajador, a las millones de mujeres y hombres que día a día trabajan honestamente para ganarse el pan que llevan a sus hogares, quienes hoy siguen siendo el mejor ejemplo para aquellos pequeños grupos que continúan apostando a la desestabilización, a la confrontación y a la división entre bolivianas y bolivianos, aquellos que aún siguen sin mirar el presente con responsabilidad y compromiso, buscando imponer sus intereses mezquinos por sobre los intereses colectivos”, dijo en su informe de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El mandatario hizo referencia al tema esta jornada, día en el que el Comité Pro Santa Cruz convocó, junto a otras organizaciones, a una suspensión de actividades en todo el país a la que denominó un “paro multisectorial indefinido”.

“Nuestra patria, hoy más que nunca, requiere que estemos en sintonía con el sentir de las familias bolivianas, especialmente de aquellas más golpeadas por la crisis, cuya economía no puede parar ni por un día porque eso le significa no llevar el pan a sus casas”, aseveró el presidente Arce.

Los sectores que ahora convocaron al paro argumentan que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo afecta a sus intereses.

Sin embargo, reportes del canal estatal Bolivia TV dan a conocer que las actividades en diferentes regiones del país son normales. Vecinos y representantes de organizaciones sociales cuestionaron que el movimiento cívico convoque a paros sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo boliviano.

El analista político, Eduardo Paz, resaltó este lunes que a un año de gestión del presidente Luis Arce Catacora se recuperó la democracia, la economía, la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano, después de la gestión catastrófica del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Este 8 de noviembre de 2021 es una fecha emblemática porque estamos celebrando un año de la recuperación de la democracia, un año en el que hemos podido recuperar todo aquello que habíamos perdido por la gestión catastrófica del Golpe de Estado y el gobierno de facto de Jeanine Áñez”, dijo Paz a Bolivia Tv.

Destacó que en estos 365 días el tema central fue la recuperación de la democracia boliviana, ya que Luis Arce Catacora, al haber ganado las elecciones con el 55% de los votos, dio una señal clara de la legitimidad, legalidad y de la fuerza que tiene su Gobierno, mucho más cuando esta victoria fue el resultado de una lucha permanente del pueblo boliviano frente al golpe y las masacres gestadas por el Gobierno de facto.

“En este último año, se ha podido reordenar el país y avanzar en el campo económico, sanitario y la recuperación de la democracia social y participativa. En este año, también se ha recuperado la dignidad nacional, el respeto al pueblo boliviano en la comunidad internacional y la soberanía nacional”, ponderó el analista.

Subrayó que se está volviendo a redistribuir la riqueza entre todos los bolivianos y que hay una participación activa para la recuperación de los recursos naturales, que es acompañada por la producción, la industrialización, lo que pone a Bolivia en un lugar de expectativa en el ámbito internacional.