Luis Arce y un año de democracia en Bolivia: entre logros y desafíos
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El presidente Luis Arce cumple este lunes un año al frente del Órgano Ejecutivo de Bolivia, una gestión que comenzó con los objetivos de reactivar una economía golpeada por la pandemia, avanzar en la campaña de vacunación y, principalmente, encauzar política y constitucionalmente a un país que de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020 fue la última nación latinoamericana en tener un Gobierno de facto.
"Gobernaremos con responsabilidad e inclusión afrontando los cambios para que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad en el menor tiempo. Venceremos a la pandemia y triunfaremos sobre la crisis porque somos un pueblo luchador", dijo Arce al jurar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en un discurso conciliador en el que no mencionó a su padrino político Evo Morales, el jefe del partido Movimiento al Socialismo (MAS) que había sido derrocado en un golpe de Estado hacía poco más de un año.
Sin embargo, el presidente boliviano, de 58 años, criticó los 12 meses previos en los que la líder opositora -hoy encarcelada- Jeanine Áñez gobernó de facto el país, un periodo que sumió a la nación en una crisis institucional que tuvo picos de violencia como la masacre de 38 personas que protestaban en las ciudades de Senkata y Sacaba, tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
"Vamos a recuperar los niveles de crecimiento que el Gobierno de facto hizo añicos y lo haremos reduciendo la pobreza y las desigualdades económicas y sociales", remarcó Arce al dar comienzo a su Presidencia, luego de obtener el 55,1% de los votos.
Las medidas impulsadas por el Gobierno desde el 8 de noviembre de 2020 se enmarcaron "en un modelo estatista que apuesta por las empresas estatales como la de telecomunicaciones, la aerolínea nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)", explicó en diálogo con Télam el analista político boliviano Fernando Molina.
"El modelo económico que impulsa Arce es el mismo de Morales porque él fue quien lo comandó y planificó", agregó Molina sobre una época que considera "uno de los momentos más brillantes de la economía boliviana en toda su historia" del que Arce, entre 2006 y 2019, fue ministro de Economía en dos oportunidades.
Al asumir como presidente, luego de un año de Gobierno de facto de Áñez que convivió con la peor etapa de la pandemia de la COVID-19, el desempleo llegaba a 11,6%, el más alto de los últimos 50 años.
A principios de octubre, con 11 meses de gestión, el Gobierno del MAS anunció haber bajado esta tasa al 6,5%.
Además de la reducción del desempleo, desde el oficialismo destacan el avance en la campaña de vacunación anticovid: según el Ministerio de Salud boliviano, un 63,8% de la población ya está vacunada con al menos una dosis.
Otra de las primeras medidas del Gobierno fue la inyección de dinero a través del "Bono contra el hambre", con el objetivo de paliar las consecuencias de la primera y segunda ola de coronavirus en 2020 y parte de 2021.
"A cada persona mayor de 18 años se les ha dado 1.000 bolivianos (casi 145 dólares) para que pueda reactivar su economía familiar, esa ha sido una de las primeras políticas que ha incursionado Arce", destacó en diálogo con Télam el extitular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Beymar Acuña.
El dirigente campesino considera que durante el periodo de facto de Áñez "se han saqueado y privatizado varias empresas estratégicas como Entel, Lotum, Eléctrica Central Bulo Bulo y Boliviana de Aviación", pero que el Gobierno actual "mejorará la economía a través de reactivar estas empresas estratégicas" con el objetivo de "contar a fin de año con un 4% de crecimiento económico en el PBI".
Pese a que el Gobierno anunció hace dos meses "un superávit comercial de 832 millones de dólares, el más alto en siete años", Bolivia se encuentra en una crisis económica agravada por, entre otras cosas, un déficit fiscal de más de 8% del PBI arrastrado durante los últimos seis años.
A esto se sumó la decisión de Arce de devolver un crédito del Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares, que había sido pedido y firmado por Áñez.
"Lo ha hecho como cumplimiento de una promesa electoral ya que el MAS lo considera como un crédito contrario a la soberanía nacional. Esto ha debilitado aún más la situación exterior de la economía, que sufre por falta de reservas de divisas", explicó Molina.
Pese a que el expresidente Morales también se jactó de haber conducido a Bolivia por una senda de desarrollo sin la ayuda del FMI, durante su Presidencia "había cierta alianza entre la burguesía boliviana y Morales, que se ha roto con lo sucedido en 2019", resaltó el analista político y mencionó al impuesto a las grandes fortunas como otra medida de Arce que trajo "dolores de cabeza a los empresarios bolivianos".
Sin embargo, también existe una serie de demandas insatisfechas dentro de las organizaciones sociales pertenecientes al partido oficialista MAS, quienes piden mayor injerencia del Estado para compensar cierta falta de oportunidades que ofrece la economía.
"Varios planes han quedado paralizados. El año que viene se tienen que abrir estos programas de apoyo a los sectores sociales, como es el muy preocupante tema del agua", dijo Acuña sobre un insumo que a fin de año alcanzaría a 63,4% de la población con saneamiento básico, según proyectó el Gobierno en abril.
Junto a los pedidos pendientes y a los quiebres dentro del MAS que provocaron las candidaturas del último año, también aparecieron críticas a las nuevas filas del partido oficialista, que crean tanto tensiones internas como denuncias de la oposición.
"Se ha vuelto más oportunista la militancia en el MAS, de la vieja guardia fogueada por la lucha previa al neoliberalismo han aparecido nuevas figuras que no tienen muchos méritos políticos pero están interesados en operar para sacar tajadas", criticó Molina.
