El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, declaró un cuarto intermedio hasta las 09.00 de este domingo para la sesión preparatoria de conformación de la nueva directiva de esa instancia legislativa, debido a las peleas y las discrepancias entre Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos para la conformación de una plancha de representantes.  

“Voy a declarar en un cuarto intermedio hasta que la oposición se ponga de acuerdo y pueda presentar una sola plancha”, dijo, en medio de pugnas entre los militantes de los partidos opositores.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, dijo que lo sucedido con Comunidad Ciudadana y Creemos demuestra que la oposición política está fraccionada.

Explicó que el problema de la jornada se registró porque ambas tiendas políticas tienen dos planchas con candidaturas para los mismos cargos.

“Eso no es culpa del MAS. Nosotros como MAS hemos presentado una sola plancha”, aseveró.

La diputada suplente por CC, Liliana Campero, admitió que su tienda política y Creemos tienen problemas internos por causa de disidentes que presentaron postulaciones. 

“Ustedes saben que había disidentes de Creemos. Se ha presentado primero una lista con la señora Sandra Paz. Ella ha mandado su propia lista y luego se ha enviado esta lista, el señor Edwin Rosas para postularlo a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana. Esto no se puede permitir porque hemos tenido una elección interna”, aseveró.

El legislador de CC calificado como disidente, Edwin Rosas, fue seguido por sus correligionarios hasta un ascensor, donde fue incriminado e insultado.

La Cámara de Diputados debe renovar su directiva para la siguiente legislatura y su Reglamento de Debates determina que, al partido con mayoría de legisladores, en este caso el MAS, le corresponde la presidencia, la primera vicepresidencia y la primera y la segunda secretaría.

A los partidos con minoría de diputados, Comunidad Ciudadana y Creemos, les corresponde la segunda vicepresidencia y la tercera y la cuarta secretaría.

Con la convocatoria a un paro indefinido desde el lunes 8 de noviembre, cívicos y políticos de oposición pretenderían reeditar la aventura golpista de noviembre de 2019, coinciden diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El 2019, empezaron los problemas con similares características, con pequeños paros, luego vinieron las pititas, luego un paro nacional y concluyeron con el derrocamiento de un Gobierno legal y democráticamente elegido”, recordó el diputado cochabambino Héctor Arce.

Dijo que al igual que en 2019, los mismos actores repiten el mismo libreto para conspirar contra un Gobierno constitucional y electo democráticamente. 

“Hoy, nuevamente se repiten estas acciones de sedición, de conspiración contra un Gobierno y, por supuesto, nosotros, y lo decimos con absoluta firmeza, no vamos a permitir, tenemos nuestros medios, nuestros mecanismos de organización, de coordinación para que también en el marco del derecho a la protesta, también defender a nuestro Gobierno nacional”, manifestó.

Recordó que desde el día de la posesión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, los mismos protagonistas de los hechos violentos de noviembre de 2019, comenzaron a urdir un nuevo plan de desestabilización.

“Es la misma receta que hoy están intentando implementar, han diseñado un conjunto de planes, estrategias de desgaste del Gobierno nacional, lo están aplicando con ese trabajo malintencionado y dañino de parte de los parlamentarios de la oposición”, denunció.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, sostuvo que existe una clara intención de desestabilizar al Gobierno, al igual que lo hicieron en 2019.

“Hay que ser claros, quienes están detrás de este paro son las logias que han desestabilizado la democracia (…). Comprendemos que existe una clara intencionalidad política para realizar el paro que va a perjudicar a los hermanos gremialistas, transportistas y otros (…). Lo que buscan es sabotear la reactivación económica”, indicó.

“El Comité Cívico pro Santa Cruz, a la cabeza del gobernador (Luis Fernando) Camacho, sigue en su intento de realizar un segundo golpe de Estado. Que un sector minoritario como es el Comité cruceño, se atreva a pedir la renuncia de nuestro presidente del Estado, Luis Arce Catacora, quien ganó con más del 55 por ciento (en las elecciones generales), para nosotros es un pedido político”, aseguró, por su lado, el diputado cruceño Ányelo Céspedes.

Además, aseguró que al igual que en 2019, con el paro se perjudicará a la mayoría de la población boliviana, que vive de sus ingresos diarios.

“Pido al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, no es momento de paralizar Bolivia. Me pregunto ¿qué va a hacer un albañil, un gremialista, una panadera los días que se paralice? (…) Por querer atacar al Gobierno nacional, lo único que están haciendo es atacar al pueblo”, cuestionó.

El primer secretario del Partido Socialista-1 (PS-1), Jesús Fuentes, emitió este sábado un comunicado de rechazo al paro indefinido decretado por los comités cívicos y en respaldo al gobierno del presidente Luis Arce ante los afanes “conspirativos” de los políticos de la derecha.

“Rechazamos de la manera más enérgica el paro indefinido determinado por los comités cívicos (...). Apoyamos y defendemos al gobierno del presidente Luis Arce Catacora que emerge de la legalidad y legitimidad de las urnas con un respaldo del más del 55 por ciento frente a los aprestos conspirativos de la derecha fascista”, menciona el documento.

Según Fuentes, el PS-1 rechaza la medida de presión de los cívicos, porque atenta contra el proceso de recuperación de la economía y afectará principalmente a los intereses de los trabajadores y sectores más pobres del país.

Además, menciona que el paro pretende cumplir con uno de los objetivos de los aprestos golpistas que es echar un manto de impunidad sobre los actores del golpe de Estado del 2019 y evitar que la justicia actúe sobre ellos.

“Exigimos que los que asaltaron al estado y ocasionaron dolor y luto a los bolivianos durante el golpe de Estado respondan ante la ley y sean sancionados por los delitos cometidos”, añade.

El representante del PS-1 recuerda que el pueblo está unido frente a los aprestos golpistas y con ese espíritu de unidad y lucha llama a todos los revolucionarios, hombres y mujeres, a todas las organizaciones sociales, a los obreros, campesinos, artesanos, universitarios y profesionales, a organizar y unir a las fuerzas populares para defender el proceso democrático.

El presidente Luis Arce ratificó este sábado que el Gobierno nacional tiene el compromiso ineludible de la recuperación de la cualidad marítima nacional y dijo que para lograr ese objetivo se precisa, como requisito fundamental, la unidad del pueblo y sus instituciones con verdadero sentido patriótico y nacional.

“El Gobierno nacional tiene el compromiso ineludible de la recuperación pacífica de nuestra cualidad marítima. Para alcanzar este supremo objetivo es fundamental la unidad del pueblo boliviano y el accionar de sus instituciones con verdadero sentido patriótico y nacional”, dijo, en el marco del 195 aniversario de creación de la Armada Boliviana.

El jefe de Estado recordó que las desventuras y las desmembraciones territoriales nacionales fueron causadas por la división entre los bolivianos y las luchas de “quienes están empeñados en dividir para favorecer los intereses extranjeros antes que los intereses propios de nuestro amado país”.

Sin embargo, el mandatario dijo que Bolivia puede hoy decirle al mundo que cuenta con hombres y mujeres dispuestos a sentar soberanía en el océano Pacífico, con un Estado Plurinacional que conduce su destino de la mano de su pueblo.

Bolivia nació en 1825 con una costa de aproximadamente 400 kilómetros sobre el Pacífico. Sin embargo, sin previa declaratoria de guerra, tropas chilenas invadieron el 14 de febrero de 1879 el puerto boliviano de Antofagasta del Litoral, desconociendo el tratado de límites entre ambos países. Con ese episodio histórico, se dio inicio a la ahora denominada Guerra del Pacífico que duró hasta 1884.

Luego de que las tropas chilenas ocuparan territorio nacional, privaron a Bolivia de su acceso soberano al mar y de un territorio de alrededor de 120.000 km2. Ambos países firmaron en 1884 un pacto de tregua bajo la lógica de abordar más adelante un acceso soberano al Pacífico para Bolivia, tema pendiente hasta la actualidad.

Ante las diferentes evasivas chilenas históricas respecto a dar una solución al enclaustramiento marítimo, Bolivia acudió a La Haya el 24 de abril de 2013. El anuncio fue dado el 23 de marzo de 2011 por el entonces presidente Evo Morales, después de dos años de elaboración de la demanda en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar un acceso soberano al océano Pacífico.

El 1 de octubre de 2018, al final del proceso, los jueces de la Corte Internacional de Justicia, con 12 votos a favor y tres en contra, determinaron que el Estado chileno no tiene la obligación de negociar una salida con Bolivia.

Sin embargo, La Haya en su sentencia, en el párrafo 176, propuso restablecer el diálogo entre Bolivia y Chile. Resolvió que “no obstante, la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes, pueden llevarse a cabo, negociaciones significativas”.

“Bolivia toma el párrafo 176 de esta sentencia como una invocación y una aclaración en sentido de mantener un diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad, con el fin de tratar los temas relativos a la mediterraneidad de Bolivia, cuya solución es considerada por el uno y por el otro como de interés mutuo. Con la voluntad de las partes, unas negociaciones con sentido serán posibles”, destacó el presidente Arce en su discurso en la ONU.

El 23 de marzo de 2021, fecha en la que se conmemoró el Día del Mar, el mandatario explicó que los aspectos de la sentencia de La Haya deben ser las bases para diseñar una renovada política exterior marítima de Estado con Chile, mediante una visión estratégica plasmada en la diplomacia de los pueblos y bajo un enfoque integracionista de complementariedad y entendimiento para enfrentar el futuro común entre ambas naciones.