La jefa de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Estefanía Morales, señaló este miércoles que se solicitó un informe sobre el destino de las distintas donaciones que llegaron a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia, durante la gestión de facto de Jeanine Áñez.

“La bancada del MAS ya solicitó una Petición de Informe Escrito (PIE) para que el Ministerio de la Presidencia nos informe, de manera detallada, dónde se entregaron todas las donaciones a través de la Ley Nº 615, la Ley de Bienes Incautados; dónde entregó la hija de la señora Jeanine Áñez (Carolina Ribera) todas estas donaciones cuando existía crisis sanitaria, cuando no se les otorgaba toda la atención inmediata a las familias bolivianas”, indicó.

Dijo que la hija de Jeanine Áñez debe informar sobre el destino de varias donaciones que llegaron a la unidad que administraba durante el régimen de facto.

“Como servidora pública, deberá informar dónde la señora Carolina Ribera ha otorgado las motocicletas, las donaciones de movilidades, el equipamiento de televisores, a qué centros de niños, a qué sectores ¿a la Policía Boliviana?, ¿a las Fuerzas Armadas? o ¿a personas particulares?”, manifestó. 

Señaló que Áñez designó a su hija en un cargo público, quien pese a que supuestamente no cobraba un salario, estaba violentando la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Safco).

“Carolina Ribera asumió el cargo de directora de la Unidad de Gestión Social, aunque ella no haya cobrado un sueldo, es un delito, porque la Ley 1178, que es la Ley de Administración Y Control Gubernamentales, da lineamiento a todos los servidores públicos, aun así no haya un salario de por medio”, subrayó.

Recordó que, en la gestión de facto, Áñez no solo designó a su hija en un cargo público, sino también a varios de sus familiares que ocuparon diferentes responsabilidades en instituciones públicas.

El diputado cruceño Jerjes Mercado (MAS) afirmó este miércoles que la marcha que arribará en las siguientes horas a la ciudad de Santa Cruz carece de legitimidad, debido a que los representantes orgánicos de las 34 naciones de tierras bajas no la avalaron y que las personas que la encabezan cuentan con procesos por tráfico de tierras y avasallamientos.

“Autoridades legítimas de las 34 naciones de tierras bajas no han avalado esa marcha y no la liderizan, son exdirigentes de 1990 quienes la lideran; segundo, hasta ahora no han hecho llegar su pliego petitorio; y tercero, hay una tremenda manipulación política de (la marcha) por personas que están con procesos por tráfico de tierras, avasallamientos, por lo tanto, es una marcha ilegítima”, señaló.

Observó que, hasta la fecha, los movilizados no hayan presentado su pliego petitorio y ratificó que el Gobierno nacional está abierto al diálogo con cualquier sector para atender sus demandas e invitó a los marchistas a sumarse a las mesas de trabajo que instalaron autoridades nacionales, en coordinación con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

“Es la primera vez que veo una marcha que no sabe las razones de su movilización, recién el 30 (de septiembre) van a presentar su pliego petitorio; en todo caso, reitero, está en su pleno derecho y el Estado le ha garantizado su seguridad, inclusive cierta logística, para que puedan llevar adelante su marcha”, manifestó.

Agregó que “si tienen un pliego petitorio, yo creo que lo correcto es que se sumen a las mesas de trabajo que tenemos con las instancias legalmente constituidas, que representan realmente a los pueblos de tierras bajas, y eso es la Cidob”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, señaló este miércoles que los ministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez deben también ser procesados por el caso gases lacrimógenos, ya que avalaron con su firma los tres decretos supremos que viabilizaron la compra irregular de ese material.

La declaración surge tras conocerse que cuatro procesados en Estados Unidos (EEUU) por los delitos de lavado de dinero y soborno, en el caso de la adquisición de material antidisturbios el 2019 en Bolivia, se declararon culpables.

“En la medida que cuatro de los cómplices de (Arturo) Murillo admitieron la culpa, implícitamente esto involucra a que los que acompañaron esos actos administrativos, que dieron lugar a las compras irregulares con sobreprecio y que aún se encuentran en el Estado, tengan que ser también objeto de sanción y persecución”, apuntó.

Recordó que, para la compra de los gases lacrimógenos, se tuvo que generar un escenario jurídico, que permitió una contratación de esa naturaleza, es decir, la aprobación de tres decretos supremos avalados por el consejo de ministros presidido por Áñez, que posibilitaron el acto anómalo.

“El consejo de ministros en su integridad, son solidarios con las responsabilidades que emerjan. En este momento son 17 ministros los que integraban el consejo de ministros de la señora (Jeanine) Áñez, y solo uno está siendo objeto de persecución y de sanción en un Estado, el señor Murillo, quien el 8 de octubre seguramente va a señalar lo mismo que sus cómplices señalaron, aceptar la culpa y esperar la sanción correspondiente”, mencionó. 

Agregó que “en el Estado boliviano lo que corresponde hacer es convocar al resto de los 16 ministros para que puedan ser procesados bajo los criterios que señala el artículo 166 de nuestra Constitución Política del Estado, que dice que las decisiones del consejo de ministros sean asumidas de manera solidaria. Por eso es que nosotros estamos reclamando, también, que el Ministerio Público sea contundente en este proceso investigativo”.

Dijo además que, la declaración de culpabilidad de los cuatro cómplices de Murillo es una confirmación de que en el gobierno de facto es responsable de ese delito y de otros actos de corrupción que se cometieron durante su gestión.

“Es una confirmación de lo que siempre hemos sostenido, que en el gobierno de la señora (Jeanine) Áñez lo que se ha hecho, a partir del 12 de noviembre de 2019, los que se hicieron cargo de la administración de la cosa pública, fueron delincuentes prontuariados y los actos que desarrollaron en aquella oportunidad fueron actos delincuenciales que los hemos denunciado en su momento, días previos incluso al proceso electoral de la gestión 2020”, subrayó.

La wiphala es la bandera que representa a los pueblos indígenas en Bolivia y fue elevada a símbolo nacional con la Constitución Política del Estado en 2009. Durante los conflictos de 2019, los sectores críticos al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al entonces presidente Evo Morales aprovecharon la situación para desconocerla y agraviarla.

El parágrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece que la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y la wiphala son símbolos oficiales del Estado.

“La wiphala es símbolo de unidad, dignidad, solidaridad, diversidad y lucha de los pueblos libres contra toda forma de racismo, colonialismo e imperialismo. Durante el gobierno de facto, fue emblema de resistencia al golpismo. Con su desagravio advertimos: los golpistas no pasarán”, publicó el líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, en su cuenta en la red social Facebook el lunes 27 de septiembre.

La agudización de la crisis en 2019 estuvo marcada por diferentes acontecimientos, entre los cuales destacan el motín policial, la publicación del informe preliminar de los resultados de la auditoría que la Organización de Estados Americanos (OEA) y las declaraciones de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía para presionar la renuncia de Evo Morales.

Al final del día 8 de noviembre, policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con demandas que incluían la dimisión del mandatario.

“Se produjeron serias agresiones a la wiphala, que incluyeron su quema delante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, y en la Plaza 14 de Septiembre, en Cochabamba, ambos hechos acaecidos el día 10 de noviembre, lo que fue otro factor que afectó la identidad indígena predominante en El Alto y amplió el inconformismo de ese sector con las fuerzas estatales. Igualmente, las notas de que ‘mujeres de pollera’ eran agredidas y discriminadas alimentó la tensión”, se lee en el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019 y presentado el 17 de agosto de 2021.

Respecto a Cochabamba se lee lo siguiente: “Durante el motín policial, algunos policías cortaron la wiphala del emblema de sus uniformes y la quemaron frente a la sede de la UTOP. Además, algunas personas la sacaron de la sede de la gobernación y la quemaron en la Plaza 14 de Septiembre, sin que la policía interviniera (sic)”.

Durante el conflicto generado por el golpe de Estado, bolivianas y bolivianos salieron a las calles en defensa de las mujeres de pollera que eran discriminadas por opositores, de la victoria del MAS en las elecciones de 2019, de la wiphala y del derecho al trabajo afectado por el paro cívico impulsado por cívicos cruceños.

En la ciudad de La Paz, una persona que brindó su testimonio al equipo del GIEI, contó que el 15 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 16.00, estaba participando en una marcha en demanda de respeto a la wiphala. Dijo que, cuando la movilización se encontraba por la calle Sucre, la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos cerca de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Por efecto de la gasificación, ella se mareó. Sin embargo, fue detenida por cinco agentes que la arrinconaron y la golpearon en el estómago. Posteriormente, fue insultada de ‘puta masista’ y amenazada de muerte y de violación sexual”, se lee en el informe del equipo internacional.

Tras el golpe de Estado e instalación del régimen de Jeanine Áñez, una de las primeras acciones del gobierno de facto fue la eliminación de la wiphala de los espacios oficiales.

Para ese entonces, ya se habían desplegado diferentes protestas de sectores afines al MAS en defensa de la bandera indígena en Sacaba y Senkata, donde luego ocurrieron masacres.

El 10 de noviembre, después de la noticia de la renuncia de Evo Morales, los dirigentes de la oposición Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresaron al Palacio de Gobierno con la carta de renuncia, la bandera boliviana y la Biblia, las cuales fueron colocadas en el piso.

“Apenas después de lo ocurrido en el Palacio de Gobierno, un policía encapuchado y un civil bajaron la wiphala del mástil de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Palacio de Gobierno. En Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se registraron actos públicos de quema de la wiphala y los elementos policiales la arrancaron de sus uniformes”, registra el GIEI.

“El GIEI reconoce múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas en el periodo analizado. Estos se concretaron en violencia selectiva contra miembros de pueblos y comunidades indígenas, persecución específica de personas indígenas en posiciones de autoridad, insultos y epítetos racistas, incluso por parte de representantes de las autoridades, y ataques a símbolos de identidad, como a la wiphala o el vestido indígena. Estos actos generaron un ambiente de inestabilidad y anarquía y un temor legítimo entre las personas pertenecientes a los pueblos indígenas”, se lee en el informe.