Un 10 de noviembre, hace dos años, la Organización de Estados Americanos (OEA) difundió, de manera unilateral y sin previo acuerdo con el Estado, un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales pese a que el conteo de votos continuaba en Bolivia. Así asumió una acción política contra el Gobierno de Evo Morales.

El 20 de octubre de 2019, los bolivianos acudieron a las urnas en el marco de las elecciones presidenciales. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno de Morales impulsaron protestas mientras el conteo de votos no había culminado.

Los datos electorales oficiales fueron desconocidos con movilizaciones desde sectores afines a la oposición impulsados, en una primera etapa, por afines a la alianza opositora Comunidad Ciudadana y luego por los comités cívicos, sobre todo de Santa Cruz y Potosí.

Los conflictos se extendieron hasta noviembre. Mediante un comunicado, el denominado Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, designado por la organización internacional, dio a conocer el 10 de ese mes, el documento que establecía: “Atento al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”.

El secretario General de la OEA, Luis Almagro, basado en ese informe denunció, sin pruebas, un presunto fraude que hasta la fecha no pudo demostrar.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno de Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado ante la escalada de violencia.

Hasta la fecha, seis publicaciones internacionales descartaron la existencia de fraude durante los comicios presidenciales de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las investigaciones corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), una investigación realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes.

La Procuraduría General del Estado concluyó el 15 de octubre de 2021 la revisión de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019, cuando sectores de oposición denunciaron sin pruebas un presunto fraude que provocó convulsión social y el golpe de Estado.

El procurador Wilfredo Chávez sentenció que tras el análisis queda demostrado que no hubo fraude.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, dijo.

El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Leonardo Loza, pidió este miércoles al Ministerio Público investigar las circunstancias de la muerte de un joven campesino en la ciudad de Potosí hasta dar con los responsables intelectuales y materiales de ese hecho.

“Exhortar al Ministerio Público, a las instancias competentes, que inmediatamente deben dar con los autores de este hecho sangriento, de este nuevo asesinato a título de paro cívico, a título de movilizaciones, lamentablemente una vez más terminan con una vida campesina, con una vida hermana, con una vida boliviana, que rechazamos profundamente”, indicó.

Instó a los políticos de oposición y a grupos radicales que incitan al racismo y a la violencia a que, si quieren tomar el Gobierno, lo hagan en las urnas y no en las calles con violencia y muerte.

“Estos grupos violentos deberían reflexionar, si quieren el poder, si quieren la presidencia, espérense, todavía falta casi 4 años más, nos veremos en las urnas democráticamente, no con engaños al pueblo, ni con muertes”, manifestó.

Lamentó que “algunos grupos oligarcas y algunos grupos violentos” intenten nuevamente estructurar un golpe de Estado “a punta de violencia, a punta de sangre y de muerte”.

“Yo nunca en mi vida he visto un paro a palos, yo nunca he visto un paro a golpes, yo nunca he visto un paro con sangre, si intentan hacer paro debería ser con el consentimiento del pueblo boliviano. Casi el 90 o más por ciento del pueblo boliviano rechaza este paro violento, rechaza este tipo de paros asesinos”, ratificó.

“Luis Fernando Camacho siempre está poniendo a dedo a la gente que es títere de él, como nosotros no somos títeres de Fernando Camacho, por eso nos están difamando, pero nosotros lo vamos a demostrar con trabajo”, señaló este miércoles la diputada cruceña de Creemos, Sandra Paz, quien además tildó de dictador al jefe de esta agrupación.

“(Fernando) Camacho es un dictador y quiere seguir confrontando y ocupa a Santa Cruz como su escudo, nos ocupa a los cruceños como escudo para bienes personales de él, es un mentiroso”, indicó.

Lamentó que sus colegas de la bancada de Creemos se hayan dedicado a difamar a los legisladores que decidieron asumir una posición disidente, dedicarse a trabajar por el país y no aceptar las imposiciones del jefe de esta agrupación.

“El problema de las difamaciones que estamos sufriendo por parte de nuestros colegas no viene de ahora, viene desde hace un año, porque nosotros nos apartamos de ellos, porque nosotros no somos títeres de nadie, porque Fernando Camacho quiere mandar a Creemos a dedo, él quiere imponer las cosas, nosotros no lo hemos permitido, por eso es lo que está pasando”, indicó.

Acusó a sus colegas de armar, de forma constante, shows mediáticos y no a trabajar por el país. Adelantó que esa actitud la sostendrán por toda la legislatura, ya que no les interesa el bienestar del país.

“Qué saca uno con estar difamando, y por eso ellos lo que pelean es por los cargos, porque cuando viene a aprobar las leyes, ellos no están aquí. Si ustedes piden una lista, todo el año se la han pasado sesionando por Zoom, así ¿de que vienen hablar ahora ellos?, de que defienden y todo eso. Ellos son gente que se la va a pasar los cinco años solamente hablando en la prensa y difamando”, subrayó.

Reveló que Camacho contrató al ciudadano de origen peruano Walter Chávez como su principal asesor, por lo que dijo, que él es el menos indicado para acusar de traición.

“Qué habla de traición, si el más traidor es él, porque él se llevó al asesor que era de Evo Morales, ese fue su asesor principal, yo me lo he topado en la casa de las Palmas a Chávez, cuantas veces que yo fui, ahí me lo topé, no me la vienen a contar, porque con mis propios ojos lo he visto”, manifestó.

El alcalde de San Miguel de Velasco, Pedro Damián Dorado, acusó al gobernador  de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de incitar a la violencia e intolerancia para generar desestabilización en el país.

“Nosotros siempre hemos dicho que Luis Fernando Camacho, el criminal que condujo al pueblo boliviano el 2019 al luto, al dolor y a la muerte, hoy Gobernador del departamento de Santa Cruz, nuevamente quiere derramar sangre boliviana”, cuestionó en entrevista con red Patria Nueva.

La advertencia fue dada a conocer luego de la convocatoria al paro indefinido por el movimiento cívico, medida apoyada por Camacho.

Damián Dorado repudió los hechos violentos provocados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que el martes dejaron un campesino fallecido.

“Hemos perdido un hermano del pueblo potosino y eso es lo que quiere la derecha. La derecha se alimenta de la muerte, del dolor, de la sangre de los hermanos indígena originario campesinos, de las clases populares, quieren tomar nuevamente el poder por asalto”, denunció.

El paro indefinido fue convocado por cívicos para rechazar la Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”.