En noviembre de 2019, es decir hace dos años atrás, estaban en marcha los preparativos del golpe de Estado. Los cívicos cruceños, dirigidos por Luis Fernando Camacho, impulsaban un paro y toma violenta de instituciones públicas mientras la Policía inició su motín en Cochabamba, el Alto Mando Militar se insubordinó y la jerarquía católica, en una reunión secreta con actores políticos y embajadores, sin la presencia del MAS, definió que Jeanine Áñez tome el poder.
Esa trama conspirativa se plasmó en una reunión secreta en la Universidad Católica Boliviana (UCB), el 10 de noviembre, en la que emisarios de Luis Fernando Camacho, de Carlos Mesa, de la jerarquía católica, del Conade de Waldo Albarracín y embajadores extranjeros, sin la presencia del MAS o del Gobierno, definieron que Jeanine Áñez asuma la presidencia de Bolivia. Es más, ese mismo día la llamaron por teléfono para ofrecerle el cargo.
Por si fuera poco, en esos días, actores internacionales cumplieron un guion bien diseñado desde el exterior. Luis Almagro, de la OEA, inflamó los aprestos golpistas con un informe que no pudo sustentar técnicamente mientras la Argentina de Macri y el Ecuador de Lenin Moreno, se alistaban para enviar equipo bélico para respaldar la sangrienta dictadura de Áñez.
Los hechos sucedieron de la siguiente manera.
El 8 de noviembre de 2019, entonando el himno nacional y flameando la tricolor, alrededor de 20 policías de clases, sargentos y suboficiales determinaron amotinarse en el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de la ciudad de Cochabamba. Ellos pedían la renuncia del comandante Departamental de la Policía, Raúl Grandi. (Fuente: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/8/un-grupo-de-policias-se-amotina-en-cochabamba-236785.html)
El Gobierno cambió al Comandante, pero el amotinamiento no solo continuó sino que se extendió a otras guarniciones en el país mientras las esposas de los uniformados salieron en manifestación. Los policías desobedecieron las órdenes, luego salieron a marchar armados y dejaron desguarnecidas las instituciones públicas y la Casa Grande del Pueblo.
Varios uniformados se convirtieron en guardias de seguridad de Luis Fernando Camacho, quien llegó a la ciudad de La Paz con el pretexto de entregar una carta al Gobierno y para hacer cumplir su ultimátum de 48 horas para que renuncie el entonces presidente Evo Morales.
Tiempo después, el mismo Camacho reveló que ese ultimátum fue expresado luego de que su padre, el empresario José Luis Camacho, negoció y alcanzó acuerdos con militares y policías para que desobedezcan al Gobierno y apoyen los preparativos para el golpe de Estado.
“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, reveló Camacho a un grupo de personas. Reveló que su asesor personal, Luis Fernando López, fue el nexo con los militares para que traicionaran a Evo Morales.
“Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”, agregó Camacho en el video que circula en redes sociales.
Camacho fue uno de los impulsores del paro cívico y bloqueos contra el Gobierno de Morales mientras sus seguidores, como la Resistencia Juvenil Cochala (en Cochabamba), la Unión Juvenil Cruceñista (en Santa Cruz) o los cascos blancos (en La Paz) cometieron actos de violencia racista y agresiones, como las vejaciones y torturas a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce.
En ese contexto, el entonces presidente Morales denunció que estaba en marcha un golpe de Estado. “Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho”, fue el mensaje que lanzó a través de su cuenta de Twitter.
El 9 de noviembre, Morales hizo un llamado a la pacificación del país y planteó la convocatoria a nuevas elecciones con nuevos miembros de Tribunal Electoral. Sostuvo que su deber principal es proteger la vida y la paz, además de pedir a todos los dirigentes políticos "bajar la tensión y pacificar Bolivia".
Insubordinación militar
El 10 de noviembre de 2019, Morales, que no había presentado aún su renuncia, y otras autoridades, intentan abordar el avión presidencial FAB-001 para trasladarse a Chimoré, Cochabamba, pero los pilotos de la aeronave les dijeron que no tenían la orden de despegar por parte de Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante de la FAB.
“La tripulación del avión FAB-001 ya no recibía órdenes del Capitán General ni del Ministro de Defensa”, contó Javier Zavaleta, exministro de Defensa.
En esa insubordinación militar, además de Terceros estuvo involucrado el coronel Guzmán, comandante del Grupo Aéreo Presidencial; coronel Saavedra, comandante de la brigada Aérea; Jefe del Departamento Tercero, general de Brigada, Enrique Pacheco, además del general Ciro Álvarez, jefe del Estado Mayor, informó el periódico Ahora el Pueblo. (Fuente: https://issuu.com/periodicobolivia/docs/especial_fab).
Mientras Morales y su comitiva forcejeaban para usar el avión presidencial, aviones de guerra K-8 sobrevolaban el espacio aéreo de Oruro y La Paz con el fin de amedrentar a sectores sociales que salían a defender a Evo Morales desde Challapata.
El exvicepresidente Álvaro García Linera dijo al respecto a la prensa que “la decisión del comandante Terceros de sacar aviones de guerra K-8 para ir a intimidar y a disparar a Challapata a bloqueadores. Ni el presidente Evo ni el ministro de Defensa autorizaron el uso de aviones de guerra. Terceros los saca”.
Tras casi obligar para que autorice la partida del avión presidencial y sacar la aeronave por la fuerza, los pilotos aceptan llevar a Morales hasta Chimoré. Sin embargo, el Mandatario ordena que el aterrizaje se realice en el aeropuerto civil, pero los uniformados no le hacen caso, “no lo dejaban”, por lo que aterrizan en la Base Militar de Chimoré, relató Zavaleta, quien dijo que casi se trató de un secuestro.
Por si fuera poco, el 10 de noviembre de 2019, emiten un comunicado en el cual autorizan la movilización de tropas pese a que su Capitán General, el Presidente del Estado Plurinacional, les había instruido permanecer en sus cuarteles.
Ese mismo día, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, junto al Alto Mando Militar, leyó en conferencia de prensa a las 15.48, la solicitud/ultimátum para que renuncie Evo Morales.
Con ese posicionamiento, los militares incurrieron en la deliberación política, expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado, dijo Zavaleta.
Al respecto, García Linera indicó que cuatro comandantes de las FFAA deliberaron y redactaron al menos cuatro borradores para pedir la renuncia de Morales.
Ese mismo día, el comandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, pidió la renuncia de Morales mientras el coronel de la Policía, Ariel Tórrez, llevó a un contingente de uniformados al aeropuerto de Yacuiba, con el fin de aprehender al entonces presidente Evo Morales. “La Policía está con su pueblo”, dijo el uniformado. (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6UkLvA75NJc )
La madrugada del 10 de noviembre de 2019, Luis Almagro público su informe preliminar pese a que antes había solicitado un plazo de varios días y sin cumplir el conducto diplomático regular. Esa acción impulsó el golpe de Estado.
La reunión secreta en la UCB
También el mismo 10 de noviembre, la jerarquía católica convoca a actores políticos, diplomáticos a una reunión en la UCB, pero excluye al gobierno y al MAS.
“(…) entre los facilitadores al diálogo estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Boliviana: el Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto, P. José Fuentes Cano, y Juan Carlos Nuñez; por el cuerpo diplomático: el embajador de Brasil, Octavio Henrique Cortes; el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; el embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda; y el exembajador de España, Carmelo Angulo; por los comités cívicos estuvo presente Jerjes Justiniano (enviado de Camacho), por el CONADE, Waldo Albarracín y, por parte de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz (asesor de Carlos Mesa)”, indica el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020 que fue presentado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).
En esa reunión secreta, se le ofreció la presidencia a Jeanine Áñez.
El relato de la CEB es el siguiente: “Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado y no había presentado su renuncia. En mérito al Reglamento Interno del Senado y la configuración de su directiva, le correspondía reemplazar a la presidente saliente y al primer vicepresidente que también había renunciado. En conclusión, Áñez se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidente del Senado. Desde la sala de reunión, ante las dudas de todos y, a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Jeanine Áñez, vía telefónica y con micrófono abierto le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado. Ella respondió: ‘si es para servir al país, aquí estoy’", añade el informe.
