El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional aseguró que la Acción Popular planteada por la oposición, compuesta por partidarios de Comunidad Ciudadana y Creemos, carece de fundamento y busca desvirtuar la lucha contra el COVID-19.

“La Acción Popular planteada por Creemos y Comunidad Ciudadana para supuestamente pedir la ‘liberación’ del proceso de adquisición de vacunas es incoherente, insustentable y carece de fundamento. Este recurso pretende desvirtuar el plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno del presidente Luis Arce con el acompañamiento y participación de la población”, señala un comunicado.

El documento señala que el memorial de 48 hojas no contiene ni una sola justificación objetiva, real y verificable de alguna violación o atentado contra un derecho o garantía constitucional.

La nota de la Cartera de Estado señala que el documento presentado por los opositores se resume a una copia y transcripción de párrafos de sentencias constitucionales que fueron elegidas y clasificadas de un proceso de búsqueda en Google.

“El petitorio incorpora una serie de demandas que van desde la solicitud para la compra de vacunas por parte de la ‘sociedad civil organizada’ que al parecer es un eufemismo para incorporar a la empresa privada de este proceso, extremo que puede derivar en la mercantilización de la inoculación gratuita y voluntaria”, indica el comunicado.

Asimismo, asevera que la acción planteada debe ser rechazada sin consideración ulterior porque incumple requisitos de fondo y forma para ser considerada por el tribunal de garantías.

“La Acción Popular de la oposición es una acción política que pretende desviar la atención de las revelaciones vinculadas al golpe de Estado de noviembre de 2019 que involucran a sus jefaturas partidarias”, indica.

En días pasados, partidarios de Comunidad Ciudadana y Creemos presentaron una Acción Popular contra el Gobierno del presidente Arce para exigir que se libere la importación de vacunas contra el COVID-19.

El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado, manifestó este sábado que el gobernador Fernando Camacho mella y pisotea la dignidad de las provincias cruceñas al “viejo estilo de la dictadura” tras la destitución a Katherine David, como subgobernadora de la provincia Velasco.   

“Estamos indignados con el gobernador Camacho ya que lo único que está haciendo es mellar y pisotear la dignidad de las provincias cruceñas, de los municipios cruceños, al viejo estilo de la dictadura”, expresó en una entrevista con ABI, el también alcalde del municipio de San Miguel de Velasco.

La autoridad hizo las declaraciones en alusión a que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, destituyó el viernes a la subgobernadora de la provincia Velasco, Katherine David, a días de ser posesionada, por participar en un acto del Ministerio de Defensa.

“Éste (Camacho) pone a dedo, saca (del cargo) cuando se le antoja, destituye, coloca sin consultar a los municipios, a las provincias. Una actitud que nosotros condenamos, rechazamos”, sostuvo Dorado.  

Señaló que Amdecruz exige “de una vez por todas” que los subgobernadores de las 15 provincias cruceñas sean elegidos por voto; es decir, que el ciudadano sea el que decida quién va a ser su primera autoridad política en la provincia.

“Ya está de buen tamaño, queremos decirle al gobernador (Camacho) que no se haga la burla de nosotros (…), somos habitantes de este departamento y merecemos respeto, queremos que se acabe el abuso, que se acabe el atropello”, sostuvo.

La autoridad cuestionó el discurso de la autonomía y señaló que, como autoridades, convocan a la sociedad civil organizada a que se manifieste, que cada provincia haga su cabildo y “que ese cabildo autodetermine y nombre a su subgobernador o subgobernadora”.   

“Los pueblos tenemos derecho de autodeterminar y también a decidir”, manifestó Dorado.

Nuevas revelaciones de Jeanine Áñez en la Fiscalía. Ella dijo que no cuenta con algún documento o título que la avale como presidenta constitucional de Bolivia ya que tuvo que “instrumentalizar” las normas para llegar al poder debido a la emergencia y convulsión social que se vivía en 2019.

No supo qué responder cuando los fiscales le preguntaron si hubo el quórum (cantidad mínima de legisladores asistentes a una sesión) reglamentario en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que asuma legalmente la presidencia del Senado y la presidencia del país.

Admitió que el bloque mayoritario de legisladores del MAS-IPSP no asistió a esas sesiones y que ella pertenecía al bloque de las minorías, con su partido denominado “Demócratas”. Pese a las ausencias de legisladores masistas, dijo que impulsó la sesión.

Consultada sobre la importancia de que se lea en el Legislativo las renuncias de autoridades electas para que surtan efecto legal las dimisiones, señaló al sacerdote José Fuentes, entonces secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), por afirmar que bastaba anunciar la renuncia ante los medios de difusión para que tenga efectos el alejamiento de una autoridad.

Respecto a la legalidad de su presidencia, los fiscales le preguntaron: “Diga usted cuál es el documento o título que le permite signar o nominar a su persona como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Ante la interrogante, ella respondió: “Estando en una situación de emergencia y convulsión social instrumentalicé el Reglamento de la Cámara de Senadores, Constitución Política del Estado y Comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que era una transición”.

Respecto al quórum legal reglamentario necesario para asumir la presidencia del Senado y, luego, ser designada como presidenta de Bolivia, Áñez señaló:

“Las sesiones desarrolladas solo fueron en fecha 12 de noviembre de 2019, existió convocatoria para la Cámara de Senadores pero públicamente los parlamentarios del MAS dijeron que no asistirían a la Asamblea, lo que yo hice fue instrumentalizar el reglamento (...), además por cumplir con mi deber como parlamentaria ante el país en un estado de emergencia y convulsión social”.

Según el reglamento del Senado, la Presidencia le corresponde al bloque mayoritario, en este caso al MAS, y no así al bloque minoritario, del cual formaba parte Áñez.

Cuándo los fiscales le preguntaron quiénes participaron de la sesión que la designó como presidenta del Senado y luego presidenta del país, ella dijo que “en la sesión de la Cámara de Senadores y en la Sesión de la Asamblea que se desarrolla en la Cámara de Diputados, por un estado de necesidad y por responsabilidad teníamos que resolver el tema de vacío de poder”.

Indicó que se enteró de la renuncia de Adriana Salvatierra por los medios de difusión y que, “de acuerdo a la declaración mediática del padre José Fuentes se dijo que con la renuncia que hemos hecho en los medios de comunicación es suficiente”.

En 2003, tras la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se leyó la renuncia en el Legislativo como requisito previo para designar a su sucesor Carlos Mesa.

Ese procedimiento legal y jurisprudencial no se cumplió en el caso de Jeanine Áñez.

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, señaló este sábado que el uso del concepto de “vacío de poder” por parte del gobierno de facto fue para tomar el mando del Estado por fuera de lo estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE).

"El vacío de poder fue un concepto para poder tomar el mando del Estado expresamente por fuera de lo que señalaba la Constitución Política del Estado”, dijo en una entrevista con Unitel.

La autoridad hizo la afirmación en relación a lo revelado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez en su declaración ante el Ministerio Público y aseguró que ello se demuestra la intencionalidad para arrogarse la Presidencia del Estado.

“La declaración de la señora Añez, en el sentido que el señor de Comunidad Ciudadana (Carlos Mesa) se opuso a que se pueda establecer la línea de continuidad o sucesión presidencial en la persona de la señora Adriana Salvatierra, no es otra cosa que la develación de una intencionalidad, generar un vacío de poder en el país, oponerse a lo que señalaba la Constitución, tomar y arrogarse la Presidencia del Estado", indicó.

En sus declaraciones, Añez dijo que Mesa bloqueó la sucesión constitucional de Adriana Salvatierra y viabilizó su presidencia de facto

Posteriormente, indicó Áñez en su declaración: “el señor Quiroga llama al señor Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, las protestas continuarían”.

Tras las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera y ministros, dijo Áñez, “el señor Carlos Mesa realiza una declaración en una radio mencionando que no aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra”.

Además de bloquear la entonces probable sucesión constitucional de Adriana Salvatierra, el jefe de campaña de Carlos Mesa, el estratega Ricardo Paz Ballivián, es quien, en noviembre de 2019, llama por teléfono a Jeanine Áñez desde una reunión con actores políticos, la jerarquía de la Iglesia Católica y embajadores congregados en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para casi ofrecerle la presidencia de Bolivia.