Tras un año del cierre del Ministerio de Comunicación bajo la premisa de que éste, junto a otras dos carteras de Estado, representaban “un gasto absurdo”, el director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Edgar Pomar, recuerda ese periodo como “los peores días para la comunicación y para el periodismo”.

El 4 de junio de 2020, a través de un comunicado carente de mayor sustento técnico desde el aspecto económico, la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, anunció al país el cierre de los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, atribuyendo que esto permitiría un “ahorro” para la lucha contra la pandemia.

“He ordenado al gabinete que se haga una revisión a detalle de todos los cargos innecesarios y de todos los gastos absurdos que inventó el MAS y que eran puro despilfarro, ese dinero será usado en salud y contra el COVID-19”, sostuvo en aquella oportunidad la exmandataria del régimen. En el mismo mensaje, aseguraba que iba a “trabajar sin descanso para que los bolivianos no pierdan un solo centavo por corrupción”.

“Yo creo que (el motivo) era acallar a la población, era que escuchemos un discurso único, inclusive con amenazas, eso ha sido lo peor, que nos amenacen a los periodistas, a comunicadores de si estábamos diciendo la verdad o no, cuando nos han enseñado en la universidad a decir la verdad, buscar la verdad”, afirmó Pomar, en contacto con Patria Nueva.

Recordó que, durante la época neoliberal, antes de la creación del Ministerio de Comunicación, lo que había eran apenas “oficinas de relaciones públicas”, por lo que resaltó la creación de esa cartera de Estado, durante la gestión del entonces presidente Evo Morales, como “un hito para la comunicación, para el periodismo, para la información”.

También señaló que durante el gobierno de facto se instauró un régimen de persecución contra todo aquel que discrepaba con el discurso que promovieron, perpetuando así “el momento más nefasto de este siglo XXI, cuando habíamos avanzado un gran trecho con la nueva Constitución, referida a la comunicación y el periodismo”.

Pomar señaló que, a través del Ministerio de Comunicación, se dio voz a los pueblos indígenas y a las organizaciones sociales; sin embargo, muchas radios comunitarias fueron devastadas e incluso se propiciaron actos violentos contra los responsables de estos medios, como ocurrió con el director de las RPO’s, José Aramayo, quien fue agredido y amarrado a un poste.

Resaltó la importancia de esos ministerios cerrados y dijo que su función no era “insulsa”, como señalaron las autoridades de ese entonces. “Insulso para mí ha debido ser, en ese momento, comprar gases con sobreprecio, con corrupción”, sostuvo.

El cierre de esas tres carteras de Estado pudo haberse evitado, si se reducía en 3% el presupuesto del Ministerio de Gobierno, el más elevado de las 20 carteras de Estado en ese entonces, con Bs 4.024 millones asignados, según un reporte de Página Siete difundido tras el anuncio de Áñez.

El presupuesto del Ministerio de Gobierno estaba muy por encima del asignado a la cartera de Comunicación, e incluso al de los tres ministerios que fueron cerrados, que en conjunto alcanzaban los Bs 283,4 millones: Comunicación con Bs 157,2 millones, Culturas y Turismo con Bs 80,3 millones, y Deportes con Bs 45,9 millones.

El ministro de Justicia Iván Lima señaló este sábado que la determinación que asuma la justicia de los Estados Unidos respecto al caso del exministro de facto Arturo Murillo, el próximo lunes 7 de junio, será respetada por el Gobierno boliviano.

"Son decisiones propias del sistema de justicia norteamericano, la decisión que tomen ellos va a estar enmarcada bajo su normativa y nosotros debemos de respetar lo que diga este país", sostuvo.

Sobre el pedido de extradición de Murillo, la autoridad adelantó que como sucedió en casos anteriores como el de Luis Arce Gómez y otros, una vez cumpla su condena será extraditado al país.

"Como ha ocurrido en el caso de Arce Gómez y otros, una vez que cumpla sus condenas eventuales van a ser extraditados al país y por eso estamos acelerando los procesos de investigación y las sentencias en el país", manifestó.

Asimismo, ratificó que el exministro de Jeanine Áñez es juzgado en los EEUU por los delitos de soborno y lavado de dinero, y que en Bolivia enfrenta procesos por la compra con sobreprecio de agentes químicos y otros delitos.

"En el país hay imputaciones realizadas contra el señor Murillo y (Fernando) López y se van a presentar las acusaciones respectivas, está en curso el procedimiento de extradición, la Fiscalía se ha pronunciado, la justicia también y esto está en manos de la Cancillería para realizar la notificación al Departamento de Estado", ratificó.

Según el reporte de la Corte de Justicia de EEUU, el magistrado que está conociendo el caso de Murillo es Judge Jonathan Goodman, quien a solicitud de la abogada de Arturo Murillo, Julia Kefalinos, reprogramó su audiencia para el lunes 7 de junio a h 10.00, para definir la situación del imputado.

El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió este sábado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si no anulan la reciente posesión de vocales departamentales, a excepción de La Paz, puesto que se realizó en desacato a la Constitución Política del Estado y resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Si el Tribunal Supremo de Justicia sigue desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional, va a tener que ser sometido a un juicio de responsabilidades y esto no debiera ocurrir”, afirmó, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 170/2021, del 26 de mayo de 2021, y fue notificada ayer, viernes, al Tribunal Supremo de Justicia, para señalar expresamente que se deja sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y todas las posteriores que se hubieran producido.

La resolución constitucional, dijo, demuestra que el ente judicial no tiene base jurídica para realizar el procedimiento y la posesión de los nuevos vocales.

“El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, la 170/2021, está señalando que el proceso de selección de vocales ha violado la Constitución, que el proceso de selección de vocales no ha respetado los principios básicos de la Ley 025, del Órgano Judicial, y ha ordenado que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura corrijan este procedimiento”, aseveró.

Explicó que el incumplimiento de la sentencia judicial es “muy grave” porque la Constitución Política del Estado señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el guardián de la Carta Magna y quien interpreta su aplicación, además de que sus resoluciones son “vinculantes y de cumplimiento obligatorio”.

Además, Lima anunció que esa cartera de Estado participará en una audiencia de Acción de Cumplimiento contra la designación de vocales para el Tribunal Departamental de La Paz, que se realizará el miércoles de la próxima semana en la Sala Constitucional Primera de la Sede de Gobierno.

Recordó que el recurso legal fue presentado durante la mañana de ayer, viernes, por el diputado Froilán Mamani Choque, quien alegó que el proceso de selección de vocales no respetó los criterios de meritocracia, paridad de género y la plurinacionalidad.

“La Sala Constitucional otorgó una medida cautelar y ordenó la suspensión provisional de la posesión de los designados como vocales en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, aseveró.

La autoridad estatal manifestó que el Ministerio de Justicia presentará los argumentos que demuestran que la elección y la designación de vocales no respetaron los criterios constitucionales de meritocracia y la correcta evaluación del desempeño de los elegidos.

El proceso, dijo, se caracterizó por hechos lamentables que serán denunciados, como la presencia de una postulante que no tiene los seis años de experiencia para ser designada como vocal.

“Hay vocales que están con sentencia condenatoria por delitos tan graves como prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y otros delitos, que han sido designados”, aseveró.

El titular de Justicia ratificó que lo sucedido en el caso de la designación de vocales para los tribunales departamentales de justicia es “muy grave”, porque en el proceso se escogió de una manera cuestionable ya que no participó el sistema universitario, no tomó en cuenta a los primeros calificados de la lista de postulantes y prefirió a postulantes con serios cuestionamientos técnicos, disciplinarios y procesos penales en contra.

El analista Héctor Bejar vaticinó este viernes que el candidato izquierdista Pedro Castillo tendrá un amplio apoyo popular este domingo en su enfrentamiento con la derechista Keiko Fujimori por la segunda vuelta de las elecciones generales en Perú, porque el pueblo rechaza a los representantes del sistema político tradicional del vecino país.

“La gente apoya a Castillo como una forma de rechazar el sistema político”, manifestó en una entrevista con Bolivia TV.

El experto basó su argumento en el recordatorio que las manifestaciones populares a favor de Castillo en la primera vuelta de los comicios generales de ese país “han sido monstruosas” y multitudinarias.

Dijo que un hecho de esa naturaleza no sucedía en su país hace “muchísimos años” y mencionó que lo más relevante es que Castillo logró ese resultado sin recursos económicos puestos en una campaña.

“Como la gente ve que se enfrenta al poder económico que es odiado por todos, entonces van (a apoyarlo)”, recalcó.

Rememoró que la presencia de Castillo en la segunda vuelta de las elecciones generales de Perú fue una sorpresa, puesto que en las encuestas aparecía como un “elemento extraño” en la izquierda política y tenía el 1% de esperanza de voto.

El experto mencionó que el rechazo de la población peruana al conjunto del sistema político de su país se debe a que “ha perdido sus raíces populares”.