La senadora y presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Patricia Arce, informó que durante la sesión de este miércoles se aprobó el informe de tres juicios de responsabilidades que datan de los años 2007 y 2008 en contra de exprefectos y exministros, emitidos por la sala plena de la ex Corte Suprema de Justicia.

El primer juicio de responsabilidades es en contra de Alicia Muñoz Alá, exministra de Gobierno; Alberto Luis Aguilar Calle, exprefecto del departamento de Oruro, y Walter Villarroel Morochi, exministro de Minería y Metalurgia, por presunto incumplimiento de deberes.

El segundo informe aprobado para juicio de responsabilidades es en contra de Manfred Reyes Villa, exprefecto de Cochabamba; Freddy Omar Fernández Quiroga, exsenador nacional suplente por Cochabamba; Leonilda Zurita, exsenadora suplente, y Arturo Murillo exdiputado nacional titular por Cochabamba, por los hechos relacionados con la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, sedición, incendio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los transportes, uso indebido de influencias y malversación.

El tercer caso responde a la denuncia interpuesta contra Carlos Nicanor Cortez Aparicio, exprefecto de Chuquisaca, por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y leyes, e incumplimiento de deberes, homicidio, lesiones graves y leves, detalla el boletín de prensa de Senado.

“De los 21 casos de juicios de responsabilidades ya tenemos seis casos aprobados en la Comisión Mixta y estos van a ser pasados al pleno de la Asamblea para que sean aprobados y que sea la justicia ordinaria la que decida cuál va a ser el camino que se va a seguir en estos casos que no se han conocido durante mucho tiempo”, complementó Arce.

Tras registrarse 51 casos de feminicidio en Bolivia en lo que va del año, la Comisión Mixta de Investigación de Casos de Feminicidio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) determinaron desarrollar un trabajo conjunto para hacer un seguimiento de esos casos.

“Estamos coordinando para la interoperabilidad de la plataforma Adela Zamudio que consiste en que todas las mujeres en el país puedan denunciar violencia desde sus casas y la FELCV se va a constituir al domicilio para hacer el seguimiento”, informó la diputada Estefanía Morales presidenta de la Comisión Legislativa.

También anunció que a partir de la siguiente semana la Comisión Mixta recibirá, en instalaciones de la Brigada Parlamentaria, las denuncias de violencia en la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de hacer el seguimiento a los casos de retardación de justicia.

“Los miembros de la Comisión queremos que exista celeridad en los procesos, que autoridades judiciales y los operadores de justicia actúen en el marco de la objetividad, sin vulnerar los derechos de las mujeres, queremos justicia para todas las familias de casos de feminicidio”, apuntó Morales.

Por su parte, el comandante de la FELCV, Cnel. José Luis Murillo, informó que la coordinación con la Comisión abarcará todos los aspectos relacionados con la violencia de género y particularmente a los casos de violencia que involucran a efectivos policiales.

“Respecto a policías agresores, en total tenemos 195 casos hasta mayo, estamos trabajando con todos los casos y toda esta información se la pasa a inspectoría del Comando General, hay varios sancionados que están en la cárcel y otros están con detención preventiva, todos son puestos a disposición del Ministerio Público”, informó.

Un reciente reporte del Ministerio Público detalla que a nivel nacional se registraron 51 feminicidios y 13 infanticidios, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, recordó que Luis Fernando Camacho, actual Gobernador de Santa Cruz, aprovechó sus cuotas de poder al interior del gobierno de facto de Jeanine Áñez para beneficio propio y también para generar corrupción y muerte de bolivianos y bolivianas.

“Camacho puso a su personal de confianza en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para beneficiar a sus empresas, evitar la fiscalización y retirar todas sus deudas impositivas. Estamos a la espera de los resultados de una auditoría para determinar qué sucedió en esta entidad”, manifestó.

Asimismo, acusó a Camacho de ser corresponsable de las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, porque a través de sus exministros en el gabinete de Áñez, Fernando López, Jerjes Justiniano y Roxana Lizárraga, avaló la firma del Decreto Supremo 4078 que daba carta blanca para la represión e impunidad para los efectivos militares que participaron de estos operativos.

“Imagínense cómo este señor, en vez de pacificar como indicaba, estaba con otros intereses oscuros avalando el decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas utilizar todos los medios posibles, dando carta blanca para masacrar a nuestro pueblo”, sostuvo Mamani.

A su vez, la autoridad legislativa mencionó a Elio Montes Chávez, exgerente de Entel, también cuota de poder de Camacho, quien desfalcó la empresa y tuvo que huir a los Estados Unidos, donde se encuentra detenido.

“No estamos especulando, porque fue el mismo Fernando Camacho quien confirmó que su papá había arreglado con la Policía y los militares para perpetrar el golpe de Estado, así que él no puede decir que no tenía nada que ver en todos estos hechos”, enfatizó.

Finalmente, solicitó al Ministerio Público no centrar sus investigaciones en solo los exministros del gabinete de facto, sino también en aquellos personajes que colaboraron activamente en la interrupción del periodo democrático boliviano.

“Debemos saber cuál fue el rol que jugaron Fernando Camacho y su padre, al igual que Marco Pumari. No se trata de persecución política, sino de la búsqueda de justicia, porque sus acciones condujeron a las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal”, concluyó.        

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló este miércoles que los legisladores de oposición, entre ellos Erwin Bazán de la alianza Creemos, se constituyen en férreos defensores del golpe de Estado gestado a fines de 2019 y que desembocó en la asunción de una administración atentatoria a los derechos humanos y al erario nacional. Las declaraciones las realizó tras conocerse las reacciones a la interpelación realizada al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“La derecha, encabezada por el exvocero de la iglesia de Santa Cruz, Erwin Bazán, asumió el papel de defensa de los golpistas. Bazán es defensor de Murillo. En otrora, vocero de la Iglesia que defendía la vida, hoy, es vocero de los golpistas que masacraron y robaron al pueblo”, sostuvo la autoridad, citada en una nota de prensa institucional.

Bazán acusó al titular de Justicia de ser “defensor del fraude” y aseveró que en el país no se generó un golpe de Estado, sino un fraude electoral; a lo que el Ministro respondió indicando que la oposición no presenta acusaciones particulares a falta de pruebas que las sostengan. 

Silva remarcó que la interpelación realizada en horas pasadas al Ministro de Justicia sirvió para demostrar de manera contundente que la exsenadora Jeanine Áñez, no merece ser llamada expresidenta del país, debido a que vulneró flagrantemente el Artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE), que hace referencia a la línea de sucesión constitucional, además de su vinculación a actos de terrorismo y sedición contra el poder constituido democráticamente y que fue abruptamente irrumpido en noviembre de 2019, lo que derivó en su detención ejecutada en marzo de este año.

“Se ha demostrado que Jeanine Áñez no merece ser llamada expresidenta, ya que era parte de un esquema golpista que robó al Estado y masacró al pueblo boliviano. Áñez es parte de un esquema golpista que incendió cortes departamentales, quemó actas y domicilios particulares, torturó al hermano del entonces presidente de Diputados, Víctor Borda, entre otras autoridades y líderes sociales, y movilizó grupos paramilitares para impulsar el golpe”, detalló.

El Viceministro agregó que Áñez violó la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores, al haberse autoproclamado presidenta de esa instancia legislativa y presidenta de Bolivia, “pero nunca pudo acreditar esa condición ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ni ante otra instancia, porque no tenía credenciales legales ni constitucionales que la acrediten”.

Además, recordó que a falta de quórum no fue posesionada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y fue un militar con uniforme de campaña quien le colocó la banda presidencial. “Por todo eso, no merece ser llamada expresidenta”, concluyó.

El Ministro de Justicia, durante la interpelación realizada por asambleístas de la oposición, remarcó que tanto instancias nacionales como internacionales verificaron y velan por el cumplimiento del debido proceso y del respeto a los derechos humanos de la exsenadora, en el marco de su detención y de la investigación a la que es sometida por haber asumido el mando vulnerando el texto constitucional y generando un golpe de Estado que derivó en la masacre de más de 30 personas, dejando varias decenas de heridos, más de 1.000 detenidos, torturados y perseguidos políticos.