Después de un año, la radio "La voz del campesino borjano", instalada en la región del mismo nombre, en el departamento de Beni, fue reactivada a través del Viceministerio de Comunicación y el director de las Radios de los Pueblos Originarios (RPO's), José Aramayo. 

En entrevista con ABI, el secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Humberto Claros, informó este jueves que ese medio de comunicación comunitario fue paralizado durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Gracias a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y el director de las RPO’s, José Aramayo, la radio ‘La voz del campesino borjano’ se ha reactivado”, dijo Claros.

El dirigente señaló que, ante la paralización de equipos, existen dificultades, que serán subsanadas en el transcurso de los días; sin embargo, esto no es impedimento para que “se reactive la voz y la presencia de los campesinos de los nueve departamentos de Bolivia”.   

Por su parte, el Director de las RPO's manifestó que “las emisoras del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios han sido silenciadas, principalmente las que están localizadas en el oriente del país”, por el gobierno de facto.

“El gobierno de facto ha intentado silenciar la voz del campesino, del indígena, del originario, quitándole y coartándole un medio de comunicación tan estratégico y tan importante como son las radios comunitarias”, lamentó.

Agregó que, hasta enero de 2020, se constató que había 54 radios comunitarias “silenciadas acalladas, saqueadas, violentadas y quemadas”, como es el caso de las emisoras Mamoré, San Joaquín de Velazco, Integración de los Valles y La voz del campesino borjano. 

La radio de San Borja es una demanda de los pobladores de esta región, “ahora que la teleeducación es un factor decisivo para la educación de nuestros niños y niñas, y también para la prevención del COVID-19”, añadió.

“La voz del campesino borjano" es una RPO que ha sido instalada mediante el proyecto de Entel, en 2012.

Juan Gonzáles, vecino del barrio Cofadena de Montero, aún con las secuelas tras la violenta agresión que sufrió el 30 de octubre de 2019 junto a sus vecinos, mujeres y niños por parte de grupos de vándalos enviados por el cívico Fernando Camacho, relata lo sucedido ese nefasto día.

“Nos atacaron aproximadamente a la una de la mañana, estábamos durmiendo y llegaron con la intención de quemarnos a todos y tuvimos que salir a defendernos, pero eran muchos, con palos, armas de fuego, petardos y esas cosas que le llaman bazucas, fuimos al puente para atajarlos y ahí me tumbaron, me dieron con un ladrillo y encima otros me patearon”, recordó.

Juan, como muchos de sus vecinos, tuvo que huir, pero herido, igual fue alcanzado por los grupos violentos, quienes continuaron golpeándolo.

“Los cívicos tenían en espadas la bandera cruceña y con eso me cortaron también la oreja, al día siguiente amanecí en el hospital, pero ahí vinieron mis hijos para sacarme, porque la intención de esos grupos violentos era matarnos y fueron a buscarnos hasta el hospital”, relató en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Con la bala aún incrustada en el brazo, Juan relata que era difícil ser atendido en un hospital porque hasta ahí fueron seguidos por los grupos camachistas. “En ese entonces, no se podía ir a ningún hospital a hacerse atender porque nos seguían hasta ahí para intentar matarnos, muchos de mis compañeros de acá tienen heridas de bala, y quedaron con el trauma porque quemaron sus casas”.

Visiblemente afectado, ahora dice que es su esposa quien tiene que salir a trabajar, él intenta ayudarla, pero ya no es lo mismo. “Hemos quedado con traumas, pero vamos a seguir defendiendo, lo que pedimos es justicia y que se aclare esa maldad que nos han hecho”, exigió.

"Quiero que se haga justicia, no puede ser que nos hayan destruido la vida", dijo la médico Flora Guzmán, habitante de Montero, Santa Cruz, quien fue encarcelada por nueve meses, al igual que sus dos hijos, por el solo hecho de brindar atención en salud y salvar la vida de una persona que protestaba contra el golpe de Estado de 2019.

Guzmán, que vive en el barrio Cofadena, en Montero, fue entrevistada este jueves en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

La profesional de la salud dijo que fue encarcelada por nueve meses por salvar la vida de una persona que era contraria al régimen de Jeanine Áñez. Por ese motivo, sus hijos fueron detenidos y cuando ella fue a reclamar, los uniformados también la detuvieron por nueve meses.

En ese periodo de sufrimiento y lágrimas, la médico perdió la vista ante el shock que significó un encierro injusto e ilegal, además que tuvo que quedarse con sus nietos debido al fallecimiento de su yerna, relató.

"Trabajé 24 años salvando vidas, serví a mi patria, estudié para ser médico, hice maestría, estudié derecho y no puedo entender que me encarcelen y encierren a mis dos hijos, solo por salvar una vida", indicó la profesional en medio de lágrimas e impotencia.

Guzmán insistió en la urgencia de que se haga justicia para encontrar a los responsables de esos hechos violentos e ilegales sucedidos en 2019, durante el golpe de Estado.

Freddy Riquelme es sobreviviente de los conflictos poselectorales de 2019 en el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz. El 13 de noviembre, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, en la zona del mercado Barrientos, ante el hostigamiento de cívicos cruceños que habían tomado la alcaldía.

Esa jornada, Riquelme salió al mediodía para almorzar en el mercado. Ya, en el lugar, pidió un plato y comenzó a alimentarse. Mientras consumía, apareció de pronto un tumulto de gente para resguardarse en un espacio público, eran funcionarios del Gobierno municipal que escapaban de los cívicos que los perseguían y que obligaban al alcalde de Montero, Mario Baptista, a renunciar.

“Cuando estaba almorzando, llega la Policía y comienza a amedrentar sin preguntar ni advertir nada. Directamente, llegan a disparar gases. Había niños y ancianos. Otros dejaron sus cosas, corrieron donde pudieron y yo también”, relata en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

La tensión del momento provocó que los vecinos se organicen y resistan los amedrentamientos tanto de cívicos liderados por Regis Medina, actual alcalde del municipio, como de los efectivos policiales. Luego, la Policía abandonó el lugar, pero retornó reforzada con contingente antimotines. Se apostó en el lugar y comenzó a reprimir.

Ese día, Roberth Ariel Calizaya Soto, de 20 años, recibió un impacto de bala que le perforó el corazón. Freddy Riquelme se encontraba a unos pasos, corrió a socorrerlo y, también, recibió un disparo en la pierna izquierda, pero logró sobrevivir.

Calisaya falleció y, a casi dos años de los hechos, Riquelme cuenta cómo tuvo que vivir desde esa vez: “Tuve que cambiar de identidad, mi imagen, porque yo no era así, por el tema de mis estudios. Desde ese día, tuve que cambiar completamente para no ser perseguido”.