A partir de este jueves y hasta el 30 de junio, las personas con discapacidad podrán tramitar el cambio de entidad de cobro y, de este modo, los beneficiarios no tendrán que trasladarse de un lugar a otro para cobrar su bono mensual “Eustaquio Moto Méndez”.

“Las personas con discapacidad tendrán tres meses para cambiar de entidad de cobro. Por ejemplo, si el beneficiario que vivía en La Paz o Tarija se trasladó a Los Yungas o el Chaco, ya no tendrá que viajar a la ciudad capital para cobrar su bono. Con el cambio de entidad de cobro podrá cobrar en Los Yungas o en el Chaco, es decir, en el lugar donde reside actualmente y ya no donde antes vivía”, explicó el director general de Trabajo, Arturo Alessandri, citado en un boletín de prensa institucional.

Alessandri aclaró que, una vez hecho el trámite de cambio de entidad, las personas con discapacidad podrán cobrar su bono a partir del próximo año. Este instructivo está contenido en el Comunicado 011/21 de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo.

“El formulario de cambio de entidad de cobro será llenado digitalmente por un funcionario asignado a la plataforma ‘Eustaquio Moto Méndez’. Para esto, la persona con discapacidad deberá apersonarse a las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal y/o del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino donde vive. Ahí, el beneficiario será recibido en la jurisdicción respectiva. Los datos que dará la persona tendrán la calidad de Declaración Jurada”, recordó el Director General de Trabajo.

Dicho formulario se encuentra disponible en la plataforma “Eustaquio Moto Méndez”, del Ministerio de Trabajo. Se debe considerar que el cambio de entidad de cobro puede realizarse por una sola vez en la gestión.

El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, afirmó este jueves que algunos periodistas manipularon la información y fueron la “punta de lanza” del golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez, que a la postre pagó facturas dándoles trabajo en las instituciones del Estado.

“Algunos de la prensa, oral, escrita y televisiva fueron la punta de lanza del golpe desde la fabricación de la idea de dictadura, de la idea de prorroguismo, de que el gobierno (de Evo Morales) estaba malgastando el dinero de los trabajadores. Entonces, así se manipuló la información”, señaló.

En la víspera, se conoció que la jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, recibió Bs 30.000 del gobierno de Jeanine Áñez como pago por realizar la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)” que fue concluida en 14 días.

El resultado final de la sistematización de datos fue entregado por Vacaflor, el 12 de febrero de 2020, vía ventanilla de recepción al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien a la fecha está prófugo de la justicia tras una orden de mandamiento de aprehensión en su contra por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

En ese marco, Torrico manifestó que el gobierno dictatorial de Áñez pagó facturas a algunos comunicadores, les otorgó trabajo en los medios estatales como Bolivia TV, contrataron a sus familiares en algunas entidades o les encargaron consultorías.

Indicó que los protagonistas del golpe de Estado reclamaron su tajada para conseguir trabajo en las entidades estatales, pero sabían que tenían su fecha de caducidad porque el gobierno no estaba preparado para durar más allá de los tres meses.

Bolivia realizó gestiones con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) con el fin de contar con los insumos necesarios para realizar la secuenciación genética que permita identificar las cepas del COVID-19 que circulan en el territorio nacional.

“Nosotros, como Estado, ya hemos hecho las gestiones correspondientes con la OMS/OPS para contar en las próximas semanas con elementos que nos permitan hacer aquí, en Bolivia, la secuenciación genética y nos permitan identificar esta nueva cepa brasilera y cualquier otra nueva cepa que pudiese estar presente en el país”, dijo este jueves el ministro de Salud, Jeyson Auza, a los periodistas.   

La autoridad gubernamental recordó que se envió hacia laboratorios del exterior las muestras tomadas a algunas personas, con el cumplimiento del protocolo respectivo.

“Esta prueba debería tardar para darnos resultados como mínimo dos semanas, pero gracias a gestiones que hemos realizado mediante la Cancillería, vamos a tener los resultados en menos de una semana”, anunció.

Finalmente, Auza ratificó que las vacunas usadas en el territorio nacional dan inmunidad contra las nuevas cepas del COVID-19 que circulan en Latinoamérica.

El ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar Mercado, afirmó que la consultoría realizada por la jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor, lesiona la credibilidad de la prensa y marca su línea ideológica como comunicadora.

“Nos apena mucho que esté ocurriendo esta situación en el caso de la periodista Nancy Vacaflor de la Agencia de Noticias Fides. Realmente deja mucho que desear porque esto, sin lugar a dudas, malogra algo que hemos logrado: el respeto de la opinión pública, el respeto de la sociedad”, manifestó a la red Patria Nueva.

Indicó que la actitud de la comunicadora es insostenible porque aprovechó su posición para lograr un beneficio económico.  

Pidió a las autoridades investigar quienes recibieron recursos económicos del Estado durante el gobierno de Áñez: “Este es el momento adecuado para investigar quienes han recibido recursos económicos del Estado y trabajos dirigidos para modificar la línea editorial”.

Indicó que los periodistas deben preservar valores como la veracidad y la responsabilidad que están señalados en la Constitución Política del Estado (CPE) y los códigos deontológicos de la prensa.