La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) pide acabar con la impunidad de militares y policías que participaron en el golpe de Estado de 2019 y rechazan la convocatoria de la autodenominada defensora y directiva del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, que asumió defensa de los uniformados.

“Los efectivos policiales y militares fueron los autores del golpe de Estado cívico-militar en noviembre de 2019, que además desplegaron a grupos paraestatales que ocasionaron masacres sangrientas, detenciones arbitrarias y extrajudiciales, persecuciones sañosas a miles de ciudadanos”, señala el comunicado de la institución.

Manifiesta que el terrorismo de Estado estaba encabezado por Jeaniñe Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y otros que deben ser sancionados y que los delitos cometidos no queden en la impunidad.

“Hay que acabar con el manto de impunidad de los grupos estatales y paraestatales responsables cuya cómplice y defensora Amparo Carvajal ahora convoca nuevamente a desestabilizar el proceso democrático”, finaliza el documento.

El pasado día, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), liderada por Carvajal, salió en defensa de los policías y militares que “salieron a defender al pueblo” y “elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pidiendo se respete nuestra Constitución y todas las leyes a favor de estas instituciones”.

El Ministerio de Salud y Deportes registró este jueves 778 nuevos contagios de COVID-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados ascendió a 1.316.

Según indica el reporte N° 361 de esa cartera de Estado, Santa Cruz se mantiene como el departamento más afectado por el virus, con 308 casos registrados. Le siguen La paz, con 127 contagios y Tarija, con 91.

Cochabamba reportó 88 nuevos casos; Chuquisaca, 44; Beni, 38; Pando, 29; Oruro, 28; y Potosí, 25.

El reporte también detalla que hay 1.782 pacientes sospechosos, 43.121 activos y 524.729 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 257.240 casos de COVID-19, de los cuales 202.216 se recuperaron y hubo 11.903 decesos.

Tras obtener una calificación del 100% en una evaluación, la International Dynamic Advisors (Intedya) otorgó a Torotoro la certificación de destino turístico sostenible y bioseguro, constituyéndose en el primer municipio en recibir esa distinción.

El alcalde de Torotoro, Eliodoro Uriona, recibió el reconocimiento por parte de la compañía internacional Intedya en un acto que se llevó a cabo en el Hall de la Vicepresidencia del Estado, en la ciudad de La Paz.

En la ocasión, la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, destacó el trabajo que realizó toda la cadena turística y el municipio de Torotoro para lograr esa certificación internacional y se comprometió a apoyar la reactivación en esa región.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Turismo, se compromete en apoyar el trabajo, en levantar, en recuperar la actividad turística, reactivarla en el país y en el mundo. Enorgullece en esta oportunidad que hoy, 11 de marzo de 2021, una fecha que no vamos a olvidar y presentamos ante la población boliviana, ante el mundo entero a Torotoro como destino turístico sostenible y bioseguro, es un orgullo reconocer este destino turístico”, señaló la Ministra.

La directora asociada de Intedya, Linett Salinas, explicó que el 24 de febrero su compañía realizó una evaluación al destino Torotoro y obtuvo una puntuación de 100%, debido al gran avance y compromiso que tuvo dentro de esta implementación de protocolos de bioseguridad, siendo el primer destino turístico en Bolivia en obtener esa certificación.

A su turno, el alcalde de Torotoro, Eliodoro Uriona, destacó el haber obtenido ese logro internacional pese a la pandemia por COVID-19 y a la crisis económica que afectó los destinos turísticos del país.

“Con esta pandemia, el sector más castigado fue el sector turístico. Hemos estado encerrados ocho meses en Torotoro, pero en esos ocho meses hemos trabajado en cómo reactivar la economía del turismo, hemos trabajando para reabrir nuestros destinos turísticos, también nos ha costado hacer entender a la gente para que Torotoro sea el primer destino bioseguro en nuestro país”, sostuvo Uriona.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este jueves que el personal de esa entidad estatal intervino un inmueble en la zona de Bajo Sopocachi de la ciudad de La Paz, en el que se montó de manera ilegal una clínica para la atención de pacientes con COVID-19. 

“Atendiendo a una solicitud de la junta de vecinos de Bajo Sopocachi para inspeccionar este inmueble, hemos realizado este operativo junto al Servicio Departamental de Salud y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a fin de evidenciar esta denuncia respecto a que esta vivienda, ubicada en el pasaje Aramayo, en la zona de Bajo Sopocachi, estuviera funcionando como una clínica Covid-19”, señaló, citado en un boletín institucional.

Tres personas fueron arrestadas en la intervención para que presten su declaración informativa ante el Ministerio Público.

De acuerdo con Silva, el predio tenía la denominación de “Clínica Especializada COVID-19”, y en éste se atendía sin contar con la infraestructura adecuada.

Acotó que en el interior del inmueble se encontró camillas, medicamentos, inyecciones, recibos, recetas y una serie de documentos, “que serían indicios de que evidentemente estaría funcionando como una clínica clandestina”.

En la inspección se detectó, además, que el propietario del inmueble no contaba con la planimetría respectiva del predio y tampoco con la autorización de funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

“El dueño, de forma prepotente gritaba que recién está construyendo, asegurando que se está cometiendo un abuso. Sin embargo, la Alcaldía indica que este inmueble no tiene autorización, y menos planos para su funcionamiento como clínica”, sostuvo Silva.

“En ese contexto, se procederá a la acción penal correspondiente. Es una doble falta la que se ha cometido, por un lado, atentado a la salud pública con sanción de 10 años de cárcel, y por construcción ilegal. Eso, la Alcaldía debe ver, por eso nos vamos a apersonar ante el Ministerio Público para coadyuvar con la investigación”, agregó.

Finalmente, mencionó que los vecinos del lugar detectaron movimiento de gente en ese lugar desde la primera ola de la pandemia por el COVID-19, así como el ingreso y la salida de ambulancias, lo que levantó las sospechas sobre la existencia de una irregularidad en sus actividades.