Toda historia conlleva un antes, preexistente; y a la vez proyecta un después, el futuro. La historia no es más que el conjunto de acontecimientos y hechos suscitados por individuos, grupos y comunidades en un determinado contexto.

En gran medida los edificios como estructuras físicas representan instituciones que a la vez forman parte de la superestructura de la sociedad que no es más que el pensamiento jurídico, político, histórico de toda época. Por ende, las edificaciones representan y materializan el pensamiento de los hombres, la posición ideológica-política de los pueblos y su cosmovisión sobre las cosas. Si determinados personajes guardan conductas retrógradas o conservadoras, los fundamentos de las instituciones también llevarán ese rótulo; sí, por el contrario, son revolucionarias y progresistas sus formas de arquitectura, estilos, modelos, pensamientos y construcciones, también serán de avanzada.

En torno al antiguo edificio legislativo se consumaron toda clase de historias, muchas contradictorias e irreconciliables. Fue construido por órdenes del expresidente José Manuel Pando, inaugurado en 1905, la obra fue diseñada por el arquitecto Antonio Camponovo con un estilo neoclásico. Y desde el mismo se desarrollaron diferentes etapas de nuestra historia política. Se erigió el Estado republicano con todas sus concepciones oligárquicas, racistas y coloniales, la segregación racial del poder, los procesos de capitalización y de privatización, etc.

Pero a la vez, el Edificio Legislativo fue el escenario de la transición de esa vieja República al nuevo Estado Plurinacional, la paridad de género en la representación política y la construcción de la Bolivia des-colonizada de las viejas prácticas y modelos tanto económicos como también culturales y políticos.  

La Asamblea Legislativa Plurinacional como institución tiene la finalidad de realizar una gestión protagónica en la construcción del nuevo Estado. En contraposición al congreso republicano, hoy este órgano estatal tiene que responder a las nuevas necesidades de las organizaciones sociales, trabajadores y sociedad en su conjunto desde la plurinacionalidad, equidad, igualdad, soberanía y deliberación ciudadana para legislar.

Lindaura Rasguido Mejía/.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, luego de conocer el informe brindado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), señaló que todas las autoridades judiciales que actuaron como “cómplices” en la vulneración de los derechos humanos serán procesadas.

“Por lo tanto, operadores que se apartaron de la CPE (Constitución Política del Estado) y la norma, o actuaron a partir de presiones políticas y otros intereses, deben rendir también cuentas ante la ley”, expresó la máxima autoridad del TSJ.

Recomendó a la sociedad en su conjunto no manchar el informe; asimismo, indicó que el Órgano Judicial acogerá todas las recomendaciones vertidas en el informe y trabajará con los órganos del Estado para transformar la justicia, señala un comunicado institucional.

Echalar destacó que el informe presentado por el GIEI- Bolivia, es integral, que no debe ser contaminado con visiones políticas.

“Es un informe integral, que valdría la pena no contaminarlo con visiones políticas, podría servir al país en su conjunto para llegar a esclarecer varios hechos delictuosos e irregulares cometidos en ese período; si empezamos a parcelar este informe, obviamente, vamos a tergiversar y deformarlo”, señaló Echalar.

Más allá de la falacia de “fraude electoral” y la certeza de golpe de Estado que la prensa hegemónica presenta como dos líneas discursivas confrontadas, como simplemente relatos o posiciones políticas; el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), investigación desarrollada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 evidencia la realidad fáctica de masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, racismo y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales.

Los acontecimientos desarrollados en ese periodo de tiempo e investigados por el GIEI evidencian la ruptura del orden constitucional vigente. También la utilización excesiva de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. La desprotección de la ciudanía al incumplir, la Policía y el Ejército, su rol constitucional es un elemento verificado en el informe con relación a ambas instituciones.

En el ámbito jurídico se recalca la promulgación del Decreto Supremo No. 4078 como un mecanismo para eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas sobre las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de las personas. Al respecto, desde el régimen de Áñez a través de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, se planteó la hipótesis asumida como verdad absoluta que la manifestación del 19 de noviembre en Senkata pretendía “hacer explotar la planta de gas”. La investigación del GIEI no encontró evidencias que respalden dicha hipótesis. Por lo que se comprueba el flagrante asesinato de 10 personas y de 78 heridos por armamento bélico (bala).

Otra hipótesis que el régimen de Áñez reforzó comunicacionalmente fue lo acontecido en Sacaba el 15 de noviembre, argumentando que “la gente se disparó entre sí”. La investigación del GIEI determinó que se han comprobado ejecuciones sumarias en Sacaba; represión militar y policial además de violaciones a los derechos humanos con un saldo de 10 personas muertas.

Durante el periodo de tiempo investigado por el GIEI se constataron casos de violencia sexual, manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes de la Policía. También casos de tortura tanto física como psicológica, vejámenes racistas, discriminación racial, humillaciones en función a rasgos fenotípicos asociados a la identidad indígena y tratos discriminatorios en los servicios de atención médica para los heridos de bala de las masacres.

El GIEI también identificó claramente a los grupos de choque, Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, como actores protagonistas de generación de violencia y ataques a personas, bienes públicos y privados en complicidad con la Policía. Estos grupos, indica el GIEI, asumieron tareas parapoliciales durante los motines policiales. 

El derecho a la presunción de inocencia fue vulnerado, suscitaron detenciones ilegales, procesamientos y encarcelamientos a personas por sus publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales. Otro punto que enfatiza el GIEI es el uso de la Biblia y de la religión durante los cabildos de los Comités Cívicos para justificar cierta causa divina de un movimiento en contra de Evo Morales, fomentando una idea anti indigenista. 

El informe del GIEI resalta la ruptura del orden constitucional, señalando claramente que no existía quórum reglamentario correspondiente en las cámaras legislativas, en el preciso momento que Jeanine Áñez se autoproclama como presidenta. Los periodistas fueron seleccionados e identificados como “afines” al MAS y acusados de ser “masistas” vulnerando sus derechos humanos fundamentales, así como los inherentes a su oficio.  

Todo el accionar estatal, a través de sus aparatos represivos, fue abusivo, violatorio de los derechos humanos fundamentales y fomentó la violencia entre bolivianos. Desconocer la verdad histórica de los hechos y la investigación realizada por el GIEI, como desde ciertas alianzas políticas se intenta hacer, es negar la justicia y reparación para esas 37 personas muertas y sus familias, para las más de 1.000 personas heridas y las más de 1.500 personas detenidas ilegalmente. Lo que se presenta como una confrontación de relatos o discursos antagónicos bajo una mirada estrictamente politiquera encierra una cuestión más profunda: la realidad de los hechos que se debe abordar desde la justicia y la reparación en el marco de una cuestión eminentemente de derechos humanos.

Gabriel Villalba Pérez/.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este lunes que se implementará el uso de radares para controlar el espacio aéreo en la lucha contra el narcotráfico. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) serán quienes intercambien información en tiempo real.

“En estas semanas entrarán en funcionamiento los radares para el control de nuestro espacio aéreo, en el que se intercambiará información en tiempo real entre la Fuerza Área Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, explicó el viceministro en conferencia de prensa.

Dijo que con el intercambio de información en tiempo real se pretende frenar el narcotráfico.

A su vez, la autoridad añadió que Bolivia, por sus características geográficas, es utilizado como un “país de tránsito”, razón por la que se decidió conformar comisiones mixtas con los países de Argentina y Perú para encarar una lucha contra ese ilícito.

“Iniciamos la coordinación con los países vecinos para iniciar una lucha conjunta en contra de este flagelo”, indicó.

Adelantó que el 19 de agosto se realizará una reunión con la Comisión Mixta de Argentina para evaluar las acciones a seguir en la lucha conjunta.

Indicó que también se firmará un convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con el objetivo de fiscalizar y controlar el uso de combustible en avionetas.