En las últimas semanas un nuevo argumento es usado por los cívicos de Santa Cruz para generar enfrentamiento entre bolivianos, pero a diferencia de un supuesto fraude, el de esta vez devela lo que al final siempre ha sido el motor de todos los actos de una cúpula elitista de poder: el buscar que la otorgación de tierras que se hizo allá por los años 70 con el gobierno de facto de Banzer pueda mantenerse en el tiempo y con las mismas familias que han logrado controlar la economía de toda el ala oriental de Bolivia.

Es necesario aclarar cómo ingentes cantidades de tierra llegan a manos de unos cuantos, prácticamente gracias a la ejecución del plan Bohan (1943, en el gobierno del general Peñaranda), que tenía como principal misión implementar un modelo de crecimiento económico basado en una suerte de efecto derrame, donde ricos (mejor si son extranjeros como el caso de menonitas) son los que, a través de medios de producción concedidos por el gobierno, cuentan con las suficientes "capacidades" para comandar un proceso de desarrollo. Esto sin olvidar que detrás estaba el plan colonizador de los EEUU, que mandan a un teórico (Marvin Bohan) para que elabore el documento que sería entregado al Gobierno como el mecanismo de salvación de lo que para entonces se entendía por progreso.

Los resultados de la acumulación de tierras fértiles en unos cuantos hacendados en el oriente boliviano han tenido distorsiones sumamente nocivas en la pirámide poblacional de ingresos, logrando que, para finales de los años 90, después de años de acumulación de riqueza de estos acomodados, el 68% de la población en Bolivia se encuentre en niveles de pobreza. Esta construcción de sociedades tremendamente desiguales ha logrado la manifestación teórica de economistas de la talla de Stiglitz y Piketty, afirmando que esta situación está asociada no solamente a un crecimiento más lento (si es que se logra crecer) y poco inclusivo, sino que se sumergen en inestabilidades sociales, siendo la desigualdad una opción política más que una consecuencia económica.

No es casualidad que en Bolivia, entre 1996 y 2005, solo 9 millones de hectáreas se hayan saneado de las 103,3 que tienen la posibilidad de sufrir este proceso, tomando en cuenta además que, según datos del INRA, entre 1953 y 1992 (antes del proceso de titulación de tierras) los predios que contaban con algún documento legal para su uso, en un 68% tenían como dueños a empresas y latifundistas. Por otro lado, entre 1971 y 1978, durante el primer gobierno de Banzer, se distribuyeron 17,9 millones de hectáreas. En el gobierno del general Pereda, en 1978, se distribuyeron más de 609.000 hectáreas. En el gobierno del coronel Natusch Busch, en 1979, en 17 días se distribuyó 732.779 hectáreas.

En este contexto, es necesario hacer dos puntualizaciones. El sistema de producción latifundista es altamente beneficioso para el tenedor del medio de producción; la mano de obra, pese a su rol fundamental en la producción, no es valorado. Dicho de otra forma, es el dueño de la tierra quien esclaviza a sus trabajadores (en su mayoría indígenas que vivían en las tierras que iban a producir) y quien recibe todas las ganancias. Aparte, está el hecho del acceso a financiamiento, ya que con la documentación que respalda la propiedad, las entidades financieras encuentran el ancla perfecta que sirve de garantía para el préstamo, que al final logra ser el componente necesario para tener niveles de productividad aceptables y, por ende, el ingreso a mercados. Pese a que muchos dueños de predios regalaron tierras, documentalmente el dueño seguía siendo el terrateniente, limitando la producción del trabajador para consumo personal, lo que conllevaba el cierre total de puertas financieras.

A muchos cruceños les vendieron la idea de que el patrón maneja mejor el dinero, que fruto del pensar de una “mente brillante” administrando recursos, buena parte de la gente puede salir beneficiada; la verdad es que todos tenemos capacidades y, por sobre todo, sentido común, vital para tomar decisiones de orden económico, esto nos hace competidores del “dotado de virtudes” y probables administradores y tomadores de decisión de recursos públicos. Eso es lo que a toda costa un reducido grupo de parapetados en comités cívicos han tratado de evitar, en una hipotética defensa de la democracia que resulta ser su peor verdugo, ya que en los hechos y ante su postulación para la presidencia del país no lograron superar un 15%.

Mike Gemio/.

El expresidente Evo Morales dijo que el reciente comunicado de Luis Almagro, de la OEA, busca convulsionar al país mientras que sectores opositores se articulan para que no se hable de golpe de Estado y se deje en la impunidad a las masacres de Senkata y Sacaba.

Entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, Morales dijo que el comunicado de Almagro es político y es la ratificación de un informe que, el 10 de noviembre de 2019, sirvió “para acelerar el golpe de Estado”.

“Ahora con este nuevo informe (de Almagro) ¿qué está pretendiendo? Como esa vez, con el informe, llevar al golpe de Estado. Ahora algunos grupos están amenazando ‘tumbar al tirano que es Luis Arce’. Sacan ese informe (la OEA) para otra vez convulsionar al país. No entiendo”, dijo.

“El único fraude monumental es el informe de la OEA”, indicó Morales, quien saludó los esfuerzos de México para sustituir la OEA por otro organismo o transformarlo para que ya no sea dependiente del gobierno de EEUU.

En el contexto de los afanes de Almagro, el expresidente Morales dijo que las amenazas de algunos grupos opositores y la falta de respeto a la investidura presidencial, evidenciada en el acto del 6 de agosto, muestran que esos sectores quieren mantener en la impunidad las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el golpe de Estado.

“No quieren que se sepa quiénes son los culpables de las masacres, quieren ocultar”, indicó.

Por otra parte, Morales destacó la adecuación de los Estatutos del MAS a las leyes vigentes y celebró el aporte de Bolivia al reforzamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Mencionó la importancia de promover los derechos de la Madre Tierra.

Hace un año se podía observar el COVID-19 con las cuarentenas rígidas y el ejército controlando las calles, sin respuesta contundente para poder enfrentar la pandemia, mientras se acumulaban las filas de los desempleados que llegaron a un 11,6%, en junio, y cerró 2020 con una tasa de 8,4%, eso en personas significa 3.774.687 desempleados. Mientras en el Palacio de Gobierno, aún con el traje de Navidad, despertaban del desenfreno del poder y una vorágine de corrupción, persecución, abuso de poder, muertos y muchos respiradores obsoletos en hospitales que no se daban abasto para atender a los caídos por este virus.

El 5 de agosto de 2021 esta imagen del gobierno de facto volvió como un flash, al ver las banderas colgadas en las espaldas de los amantes de la república y de sus intereses personales, que arrastran por las calles, mientras el cívico furibundo grita sin pausa en tono de amenaza: “Señor Luis Arce, este pueblo se comprometió y esta es la primera acción que se va a tomar. Ya sabemos la receta para tumbar a un dictador, la receta es clara, la receta es la unidad del pueblo boliviano. La receta es tenernos en las calles, la receta es la desobediencia civil si no respeta la democracia”.

La respuesta se la dio de manera contundente ante la vista de millones de bolivianos y la comunidad internacional, a estos grupos que solo buscan dar la espalda a la reactivación y al mejoramiento de la calidad de vida. El 6 de agosto, al calor del himno nacional interpretado por Sabia Andina que acompañó al presidente del Estado, que representa al 55% de los bolivianos como mayoría absoluta, que en su discurso realizó una relación de cómo una mala administración basada en el interés personal, corrupción y sin políticas económicas y sociales claras o por lo menos bosquejadas, pero sí encarnadas en la avaricia del poder, pudo destrozar lo avanzado en 14 años de crecimiento constante, también hizo estragos con la vida de miles de bolivianos que lloraron a sus muertos en las calles, hospitales y sus casas, encerrados, pasando hambre mientras el mentecato lleno de soberbia pasaba lista a sus soldados.

Luego de la caída del régimen se evidenció que el país tenía una contracción de 8,4%, con una caída de $us 1.900 millones en exportaciones y en importaciones $us 2.400 millones, una deuda interna de $us 9.400 millones, una caída de 27% en la carga impositiva que equivale a la pérdida de $us 1.327 millones, el desempleo llegó al 8,7% y la pobreza creció 1,7%.

Este es el Estado que reclaman ciertos grupos que se atrevieron a tomar la bandera de Tierra y Territorio, esta que fue símbolo de lucha de las comunidades indígenas, ahora está en las manos de los agroindustriales y trasnacionales, que buscan satisfacer su sed de tierra para seguir con el monocultivo y la ganadería.  

Los retos de la nueva administración que festejó el 196 aniversario patrio, es reactivar la economía del país, como lo destaca el Banco Mundial (BM) que ubicó a Bolivia entre los 10 países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,7% en 2021. Este indicador demuestra que vamos por un buen camino con un crecimiento en las exportaciones del 54% y un saldo positivo de $us 852 millones, un incremento de cuentas de ahorro de 1,3 millones, con un crecimiento de 7,1% con respecto a 2020, el 90% de los créditos son en moneda nacional esto significa que retorna la confianza del pueblo en el sistema financiero, la tasa de desempleo de junio de 2020 llegó a 11,6%, en junio de 2021 llegó a 7,6%, se reactivó el crédito productivo y a la vivienda con una inyección de capital de $us 16.900 millones.

Para fomentar la industria, construcción y el agro, la importación de maquinaria tendrá cero IVA, de este modo se seguirá fomentando la inversión para generar industria y de esa manera se irá reactivando el mercado interno sin fuga de capitales.

Lo que busca el Estado, mejor descrito por el vicepresidente, David Choquehuanca, es equilibrar y armonizar lo que está dividido, escuchar al otro en su diferencia es una virtud, para alcanzar el vivir bien dando las respuestas a todos, con vocación de servir al pueblo convoca a dignificar la política, la justicia y el servicio público. Este pensamiento de empatía se ve contrapuesto por grupos sectarios que amenazan y quieren corroer la reactivación del país buscado el separatismo, bajo banderas que no les corresponde levantarlas y disfrazados de corderos, en este caso de lobos vestidos de cebú. Hoy más que nunca se requiere de empatía con el otro, dejando que la justicia pueda calzar de manera correcta sin importar el color político, de piel o tu origen.

En los últimos años, Bolivia alcanzó niveles históricos de crecimiento económico al cuadruplicar su Producto Interno Bruto (PIB) por la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), logrando el liderazgo de la región sudamericana, aspecto que posibilitó la generación de estabilidad económica y mejoramiento en el nivel de vida de la población boliviana, ostentando una economía que iba creciendo más que el resto de América Latina.

Sin embargo, tras los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, que desencadenaron en la disrupción del orden constitucional y la toma de mando del Gobierno de Facto (GF), se inició en el país un periodo de incertidumbre con terribles impactos en la economía del país y deteriorando la calidad de vida de los bolivianos, sumado a este complejo escenario el arribo del COVID-19.

El GF desde noviembre de 2019 marcó la interrupción abrupta del MESCP, mediante determinaciones de políticas neoliberales y en contra de los logros alcanzados por el MESCP, paralizando principalmente la inversión pública y las operaciones de las empresas públicas, entre otras medidas que impactaron negativamente en la economía del país.

En consecuencia, en la gestión 2020 la economía boliviana mostró su más grande contracción, alcanzando una tasa negativa de 8,2% hasta noviembre según cifras del Índice Global de Actividad Económica (IGAE), con una fuerte caída de la demanda interna, lo cual incidió en la disminución del consumo de hogares, reducción de la inversión pública y el retroceso de las actividades económicas, adicionando la pésima administración pública y medidas improvisadas del GF.

Por otra parte, y con la asunción de un gobierno elegido democráticamente, comandado por el Presidente Luis Arce Catacora desde noviembre de 2020, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se enfocó en la implementación de medidas para la reactivación y reconstrucción de la economía boliviana, con pilares basados en el restablecimiento del MESCP, y la lucha contra el COVID-19.

En este contexto, entre enero y abril de 2021, la economía boliviana logró un crecimiento estimado del 5,3% con una importante dinámica de la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera y comercio, entre los principales rubros, según datos estimados del IGAE, no obstante, durante el mismo periodo de 2020 dicho indicador mostraba una variación acumulada negativa de -7,5%.

Actualmente, se registra una recuperación de los indicadores de comercio exterior, donde las exportaciones, en promedio, llegaron a USD3.096 millones, con un crecimiento de 34%, mientras que las importaciones alcanzaron a USD2.643 millones, con un ascenso de 15,8%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), logrando una balanza comercial positiva; asimismo, el índice de desempleo bajó 4 puntos porcentuales, de 11,6% registrado en julio de 2020 a 7,6% en abril de 2021.

Con relación a la lucha contra el COVID-19 y de acuerdo al plan estratégico, el Gobierno Nacional asignó recursos adicionales por Bs1.709,7 millones para la compra de insumos, equipamiento y personal médico, a cuyo efecto, se tiene 8 millones de vacunas garantizadas, ampliando el rango de edad de vacunación desde los 18 años.

En el marco del Programa Fiscal Financiero 2021, suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, se proyecta un crecimiento de la economía de 4,4% para la presente gestión, estimación que es ratificada por organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo Monetario Internacional, que proyectaron un crecimiento para Bolivia del 4,7%, 5,1% y 5,5%, respectivamente, ubicando a Bolivia entre los 10 países que más van a crecer en América Latina.

Finalmente, con la aplicación del MESCP y la soberanía de las políticas económicas y financieras, queda demostrado que Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico, a través del fortalecimiento de la industrialización, sustitución de importaciones, promoción de la actividad económica y la redistribución de los ingresos en favor de la población más vulnerable, garantizando a los bolivianos que, vamos a salir adelante.

Fernando Roger Chuquimia/.