La desinformación es, sin duda alguna, una de las principales amenazas para las democracias hoy en día.  Sus efectos en la manipulación de la opinión pública, han sido influyentes en los resultados de varias elecciones y procesos políticos en diferentes países, pero también han sido altamente perjudiciales durante la pandemia. Por todo ello, la desinformación genera una gran preocupación a nivel mundial, aunque hasta hoy no hay una clara solución.

Durante el gobierno de Jeanine Áñez, la desinformación fue instrumentalizada con fines de persecución política, vulnerando múltiples derechos humanos. Así, se promulgaron tres decretos supremos: 4199 del 21 de marzo de 2020, 4200 del 25 de marzo de 2020 y 4231 del 7 de mayo de 2020, los cuales criminalizaban la difusión de desinformación. Estos tres decretos fueron sujetos a una crítica generalizada por organismos internacionales, ONGs, periodistas y medios de comunicación, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros. La mayor ambigüedad con respecto a éstos fue que creaban un acto penalizable: desinformar. Sin un sustento legal claro, estos decretos dejaban un gran margen de interpretación con respecto a qué es o qué no es desinformar.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utilizó estos decretos para aprehender a 67 personas, varias de ellas, activistas con vinculación al partido MAS-IPSP. En medios de comunicación, algunas de las personas aprehendidas eran mostradas como agitadoras de grupos de WhatsApp, sin establecer cuál era la acción de “desinformación” en la cual estaban incurriendo, pero sí mostrando, por ejemplo, capturas de pantalla de conversaciones contrarias a Áñez y sus medidas en contra de la pandemia.

Para dar con estas personas, Murillo alegó en varias declaraciones públicas el uso del ciberpatrullaje. Esta es una técnica de inteligencia para luchar contra el crimen que se aprovecha de las fuentes públicas y abiertas. No obstante, requiere de protocolos específicos que establezcan sus límites y alcances, de otro modo, el ciberpatrullaje puede incurrir en vulneraciones al derecho a la privacidad. Las conversaciones de WhatsApp son consideradas de carácter privado, por lo que las acciones de Murillo podrían haber incurrido en serias vulneraciones a los derechos humanos. Más aún, poco se sabe o fue esclarecido sobre los procesos posteriores a esas 67 personas.

Esta situación ha sido investigada por la Fundación InternetBolivia.org, y presentada en el reporte "Ciberpatrullaje y desinformación durante la pandemia en Bolivia", el cual recibió el apoyo de la organización Derechos Digitales América Latina. Este reporte analiza las acciones del Gobierno de Añez y el uso del ciberpatrullaje durante la pandemia, estableciendo las maneras cómo estas acciones atentaron contra derechos básicos. A su vez, plantea la necesidad de generar un marco normativo adecuado que pueda regular el uso del ciberpatrullaje y genera recomendaciones para que su aplicación no implique un riesgo para la ciudadanía y la democracia.

Cristian León/.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó este viernes que se vulneren los derechos de la expresidenta Jeanine Añez respecto a la atención médica y aseguró que la institución cumple con todo lo que establece la norma vigente.

“Rechazamos nuevamente estás falacias respecto a que la administración penitenciaria estaría vulnerando los derechos. La Dirección General de Régimen Penitenciario cumplió todo lo que establece la norma vigente para garantizar su atención médica ante cualquier requerimiento autorizado por la justicia”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que cerca de las 13.00 de este viernes llegó una orden judicial que establecía su salida desde las 14.00 hasta las 16.00, a pesar de que la Ley Nº 2298 establece que cualquier requerimiento, por temas de salud, debe ser emitida con 24 horas de anticipación.

“Hemos podido establecer ya todos los análisis que en principio señalaban que debían llevarla a un hospital de Tercer Nivel y hacerla atender con un especialista cardiólogo que la ha valorado. Los exámenes se han realizado del miércoles al día de hoy (viernes) ya tenemos todo el panorama que nos ha solicitado y creemos que hemos cumplido”, afirmó.

Limpias también negó que se haya negado el acceso a médicos especialistas al penal para que puedan atenderla, ya que en cinco oportunidades pudieron hacerlo.

Aclaró además que sus familiares y abogados acuden por lo menos tres veces al día con alimentos o para visitarla, de los cuales se tiene el registro respectivo.

Hace un par de días me llegó la invitación de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco), que es una organización ciudadana que tiene orígenes allá en la primera parte de la década de los 2000, mediante la cual las personas que viven en condición de arrendamiento en las ciudades buscaban solucionar permanentemente su problema de vivienda adecuada y que, a pesar de las complicaciones, se ha vuelto un ejemplo para la organización de vecinos y vecinas en muchas ciudades de nuestro país.

A pesar del esfuerzo y la dedicación de su dirigencia, una gran parte de las y los afiliados de esta organización aún no ha encontrado una solución a su problema de vivienda, a pesar de haber generado conexiones y hasta compromisos con el aparato operativo y político responsable de la ejecución de programas y proyectos de vivienda social, ya desde hace bastante tiempo.

La situación por la que atraviesa esta organización es similar a la de muchas otras asociaciones y de muchas familias no afiliadas a ninguna entidad que, a razón de las dificultades comunes de vivir en ciudad, en modalidad de arrendamiento, adecuado al libre mercado, han tenido que ajustar sus ingresos económicos, para asegurar un techo sobre sus cabezas, supeditando a ello inclusive inversiones en una mejor educación, mejor salud o inclusive mejor alimentación para los miembros de su familia, inclusive a pesar de las condiciones poco adecuadas en las que muchas de esas familias viven, especialmente en los barrios periféricos de las ciudades.

Al igual que las y los afiliados de Oinco en Cochabamba, muchas otras familias en las diferentes ciudades de nuestro país han tenido que enfrentar la respuesta del Estado que se ha convertido en el verdadero problema de las familias de escasos recursos, para el acceso a una vivienda adecuada: contar con un terreno propio.

En el caso de Oinco, la habilidad y perseverancia de su dirigencia ha logrado gestionar la sesión de un terreno (alejado del centro de la ciudad y, por tanto, con poco acceso a servicios básicos y públicos, dificultando también la vida de las familias que se asentarán en esos lugares). Sin embargo, no muchas organizaciones han contado con esa suerte ni tampoco las autoridades municipales han encontrado este problema como prioritario para las familias que viven en su territorio.

Así, parece claro que el problema central para el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades es el acceso a suelo adecuado para construir una vivienda. Esta realidad, que además se ha convertido en un requisito para acceder a los programas y proyectos estatales de vivienda social en todo el país, ha encontrado una solución en el área rural, por vía los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones indígena-originario-campesinas. Sin embargo, esa práctica no puede reproducirse en las áreas urbanas, a pesar de tener experiencia de reproducir con cierta facilidad otro tipo de actividades relacionadas a las culturas tradicionales que habitan nuestro país.

Desde mi punto de vista, esto sucede precisamente porque las áreas urbanas han adoptado un modelo mercantilista del suelo y tanto algunas autoridades como propietarios (los avasalladores, loteadores e intermediarios son una fauna aparte que debe ser analizada y descubierta por las autoridades municipales y nacionales) han comenzado a especular con la ubicación de los terrenos y su acceso a servicios (en muchas ciudades del país, han sido las mismas vecinas y vecinos que han acercado el acceso a los servicios, a pesar de la desidia y la burocracia estatal) olvidándose que las ciudades son espacios con gran potencialidad para solucionar grandes problemas para la población que decide asentarse en ellas. Añadamos ahora el ejercicio de homologación de áreas urbanas desde un punto de vista esencialmente económico, en el que aquellos grupos de especuladores han encontrado una beta importante para seguir en control de grandes extensiones de tierra urbana y que pronto se convertirán en mercancía lista para comercializar, sin pensar en la población que hoy vive con muchas precariedades en nuestras ciudades.

Así, los grupos poblacionales a los que por esencia el Estado (por lo menos un Estado como el nuestro, que busca la equidad y el equilibrio) ha decidido priorizar, quedan relegados del acceso a programas y proyectos tan importantes como el de vivienda social: mientras los especuladores se adueñan del suelo, las familias de escasos recursos como mujeres jefas de hogar, adultos mayores (con o sin carga familiar y hasta abandonados por sus familiares), personas con discapacidad (que en las ciudades encuentran muchísimas dificultades para una vida digna) y hasta el gran grupo de personas jóvenes (que se trasladan a las ciudades desde las áreas rurales para trabajar y/o para estudiar), no logran acceder al requisito más excluyente que se ha definido para acceder a los programas de vivienda social.

Este es uno de los temas que debe ser discutido y evaluado por las autoridades de turno y, en función de la actualización de las políticas públicas, plantear alternativas de solución para que consolidemos en acciones concretas el precepto principal de nuestro proceso de cambio: ayudar a los que más necesitan. Es tiempo de repensar nuestras respuestas a las dificultares y problemas de las familias a las que les debemos nuestra estabilidad, nuestra democracia y nuestro futuro. No hacerlo significaría simplemente no haber entendido la gran oportunidad que se nos ha entregado en este tiempo.

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este viernes que, a raíz de la realización de un estudio social ejecutado en el Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales, se decidió la descentralización de esa oficina en tres diferentes direcciones en la ciudad de La Paz.

“Hemos efectuado un estudio social, que nos ha permitido establecer que en un solo lugar se estaban concentrando demasiadas personas, que no solo ponían en riesgo la salud, sino, también se demoraban los procesos (entrega de certificados), esto ha provocado que a partir de este estudio desconcentremos (los servicios)”, expresó Aguilera.

La primera está ubicada en la Dirección Nacional de Recaudaciones de la calle Murillo, esquina Almirante Grau. La segunda está en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la calle Loayza y Comercio; y la tercera ubicada en la Estación Policial Integral de la zona La Merced, en la calle Palos Blancos de la zona de Villa Fátima.

Dijo que la desconcentración pretende mejorar los servicios policiales, agilizar la atención y eliminar la burocracia. Asimismo, señaló que se pretende realizar la desconcentración en áreas rurales, en el departamento de Santa Cruz.

Indicó también que se tomó la decisión de ampliar las entidades bancarias para realizar el pago de los certificados de antecedentes, documento requerido en diferentes instituciones públicas y privadas. 

“A partir de hoy, estos pagos se amplían a todas las entidades financieras del sistema bancario nacional, incluyendo las cooperativas”, afirmó el jefe policial.

Hasta el 12 de agosto la Policía en la ciudad de La Paz solo contaba con una oficina para atender a la población que requería la certificación de antecedentes policiales en las dependencias de Tránsito, ubicadas en la avenida Mariscal Santa Cruz y calle Cochabamba.