Fiscalía garantiza debido proceso y respeto a derechos de investigados en el caso golpe de Estado
Fiscalía garantiza debido proceso y respeto a derechos de investigados en el caso golpe de Estado

El fiscal de materia Pablo Gutiérrez informó este lunes que el Ministerio Público emitió las citaciones y las órdenes de aprehensión de presuntos implicados en el caso denominado golpe de Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias y con la garantía en todo momento del debido proceso y el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales.

“La Fiscalía emitió requerimientos, citaciones y órdenes de aprehensión, en el marco de sus atribuciones y competencias, cumpliendo con las debidas formalidades de ley, garantizando en todo momento el debido proceso, así como los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales”, menciona un boletín institucional.

El documento oficial manifiesta que la Fiscalía de La Paz siguió la investigación de este caso con el debido proceso establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, “habiéndose respetado, en todo momento, los derechos y garantías constitucionales de los sujetos investigados, conforme lo determinado en el Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales”.

De acuerdo con la Fiscalía, luego de haber emitido las citaciones de ley, algunos de los sujetos investigados fugaron del país, a la fecha con paradero desconocido.

“Con el propósito de evitar la fuga de otros procesados y garantizar su presencia durante la investigación, así como evitar que los mismos obstaculicen el proceso investigativo, se han emitido los correspondientes mandamientos de aprehensión, poniendo a consideración de la autoridad jurisdiccional para que, en el marco de sus competencias, resuelva su situación procesal”, agrega el comunicado que leyó Gutiérrez.

Asimismo, se aclaró a la opinión pública que este procedimiento no responde ni se ajusta a una persecución política sino a los actos propios de una investigación promovida ante una denuncia.

El Ministerio Público es una institución que realiza la investigación del caso con base en los principios de objetividad, legalidad, transparencia e imparcialidad, garantizando en todo momento el debido proceso y respeto a los derechos humanos de las personas procesadas y, sobre todo, el cumplimiento del debido proceso, concluye el comunicado.


 
Áñez guarda detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes
Áñez guarda detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes

La expresidenta de facto Jeanine Áñez ingresó este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde guardará detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

Áñez fue trasladada en una vagoneta guinda que fue escoltada por una camioneta policial y una ambulancia desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche, tras la maratónica audiencia cautelar virtual en la que la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó su encarcelamiento.

A las 10.59, Áñez cruzó la puerta del centro penitenciario vestida con una chamarra verde, unos jeans y unas zapatillas deportivas blancas, en medio de un fuerte resguardo policial y el seguimiento de la prensa.

La detención preventiva de Áñez fue dictada en el maco de lo solicitado por el Ministerio Público por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.

La resolución de la juez fue esperada por los familiares de las víctimas del régimen que instalaron una vigilia al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con carteles y fotos de quienes murieron en la represión militar avalada por Áñez mediante el Decreto Supremo 4078.

Sus colaboradores, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Gúzman fueron remitidos, paralelamente, a la cárcel de San Pedro, donde cumplirán la detención preventiva por cuatro meses por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera, quien aportó a las investigaciones en calidad de testigo.


Áñez y sus colaboradores van a la cárcel por golpe de Estado
Áñez y sus colaboradores van a la cárcel por golpe de Estado

La expresidenta de facto Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, fueron remitidos este domingo a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

En una maratónica audiencia cautelar virtual que duró más de nueve horas, la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó la detención preventiva de Áñez en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; mientras que los dos exministros fueron remitidos a la cárcel de San Pedro.

“Por tanto, la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal, por las facultades conferidas por el Artículo 54, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina que la presente causa se desarrolle con aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva para Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo y Álvaro Rodrigo Guzmán Collao en el centro penitenciario de San Pedro, en la sección apartada de los que tienen condena. Para la ciudadana Jeanine Áñez Chávez, en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, de la misma manera, en una sección apartada de las que tienen condena por el lapso de cuatro meses”, determinó la jueza.

La expresidenta de facto y sus exministros escucharon la resolución de la juez en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde permanecen aprehendidos, luego de ser trasladados desde Trinidad en el marco de un operativo policial de captura.

De acuerdo con la fundamentación fiscal, “existen suficientes indicios que permiten al Ministerio Público tomar convicción de la existencia del hecho delictivo y la probable participación de los imputados”.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.

“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público.

Añade lo siguiente: “De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros).

En ese marco, el Ministerio Público logró la detención preventiva por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.

La resolución de la juez fue esperada por los familiares de las víctimas del régimen que instalaron una vigilia al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con carteles y fotos de quienes murieron en la represión militar avalada por Áñez mediante el Decreto Supremo 4078.

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera, quien aportó a las investigaciones en calidad de testigo.


Defensoría del Pueblo pide investigación objetiva en el caso de Yassir Molina y que ésta se amplíe a otros actores
Defensoría del Pueblo pide investigación objetiva en el caso de Yassir Molina y que ésta se amplíe a otros actores

La Defensoría del Pueblo exhortó el domingo al Ministerio Público a que realice una investigación objetiva en contra del cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, y exigió que esta investigación se amplíe a todos los que participaron de los actos ilegales cometidos por ese grupo paraestatal.

De acuerdo con un boletín institucional, la Defensoría pidió que se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; que las actuaciones dentro del procedimiento se enmarquen en todo momento a las garantías judiciales plasmadas en la Constitución Política del Estado y en los estándares internacionales de derechos humanos; y que se realice la investigación objetiva en todos los actos denunciados en contra de Molina.

Los delitos por los que fue aprehendido Molina son organización criminal con relación a los delitos de fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, tenencia y porte o portación ilícita, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado, por la vigilia protagonizada en puertas de la Fiscalía General del Estado, que exigía la renuncia de la Máxima Autoridad de esta institución.

“No obstante que el proceso penal fue iniciado por los delitos cometidos en contra del Ministerio Público y su Máxima Autoridad, es importante que se considere que existe una cantidad considerable de denuncias en contra de Yassir Molina y la agrupación que lidera, en el departamento de Cochabamba, que a más de un año de cometidos los actos delincuenciales no existen procesos de investigación con avances importantes, ni se ha identificado a actores materiales y, peor aún, sin que exista una condena ejemplarizadora que evite en un futuro actos similares realizados por grupos que se arrogan la competencia de instancias estatales como es la Policía Boliviana”, señala el boletín.

En el Informe “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Noviembre-Diciembre 2019”, se identifica a esta agrupación como un grupo paraestatal que usó la fuerza en contra de sectores sociales que no concordaban con la línea política del Gobierno de facto.

Esta agrupación también incurrió en actos de discriminación y violencia contra un grupo de mujeres de pollera quienes fueron desalojadas violentamente de la plazuela de Cala Cala en la ciudad de Cochabamba, lo que provocó una protesta pública. “La Institución Defensorial tomó conocimiento de las denuncias por violencia y acoso político por este hecho y por actos violentos contra periodistas”, dice.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita a Bolivia en diciembre de 2019, calificó a esta agrupación civil como una fuerza paraestatal que actuó con total aquiescencia del Estado durante los conflictos poselectorales de 2019.


Conozca los argumentos de la Fiscalía para solicitar la detención preventiva de Áñez y sus exministros
Conozca los argumentos de la Fiscalía para solicitar la detención preventiva de Áñez y sus exministros

El Ministerio Público solicitó este domingo la ampliación de imputación contra la expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Con ese fin, pidió la detención preventiva por seis meses de Guzmán y Coímbra en la cárcel de San Pedro de La Paz y, en el caso de Áñez, en el Centro paceño de Orientación Femenino de Obrajes por probabilidad y autoría, peligro de fuga y obstaculización, según documentos oficiales a los que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI).

“De acuerdo al proceso aperturado y los elementos de convicción colectados en la investigación preliminar y la etapa preparatoria, se tiene que existen suficientes indicios que permite al Ministerio Público tomar convicción de la existencia de hecho delictivo y la probable participación del imputado, por lo que el Ministerio Público en representación de la sociedad conforme a los Arts. 301 Inc 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, Art.40 de la L.O.M.P., por los que encontrándose en calidad de aprehendidos los imputados y ante su declaración informativa policial ampliatoria presentamos ampliación de imputación formal”, informa la Fiscalía en un documento enviado al juez de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.  

Los argumentos   

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concreta en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera en calidad de testigo.

La denunciante involucra a los ciudadanos Arturo Carlos Murillo Prijic, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastro Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Torranzo, Yerko Núñez Negrete y Luis Fernando López Julio.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.

Hace mención a que Fernando Camacho es uno de los principales impulsores de hechos ilegales como la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que evitaron la continuación del conteo oficial de votos hace dos años en complicidad de José Luis Camacho Parada, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce, San Martín, Bladimir Yuri Calderón Mariscal y Williams Carlos Kalimán Romero, acciones que provocaron el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.

“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados impidiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público. 

Añade lo siguiente: “De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros) y otros, que han promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo por organizaciones denominadas ‘autoconvocados por Camacho’ destinada al quebrantamiento del orden constitucional con la ayuda y apoyo de las FFAA y la Policía Boliviana”.        

Peligro de fuga y obstaculización

En el caso de Jeanine Áñez Chavez, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, quienes se encuentran aprehendidos en La Paz, el Ministerio Público solicita la detención preventiva. Presume, en base a indicios, peligros de obstaculización a las investigaciones y de fuga.

La Fiscalía sostiene que Guzmán y Coímbra no cuentan con un domicilio conocido, debido a que los datos personales obtenidos en sus declaraciones informativas policiales no coinciden con sus fichas del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

“En relación a los imputados Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo no se tiene acreditado qué actividad desarrollan y dónde, por lo que concurre el riesgo de fuga”, asegura.

También, hace mención a que cuando se ejecutó el orden de allanamiento contra Áñez, la expresidenta no se encontraba en su vivienda, por lo que toma como evidencia que no cuenta con un domicilio habitual.

“La imputada Jeanine Áñez Chavez se encontraba realizando actos preparatorios de fuga, siendo que se cuenta con las grabaciones del condominio Solaris donde se evidencia la forma que huyó de un domicilio que señaló, abandonando por propia voluntad el mismo, con el fin de eludir las órdenes de aprehensión que se emitieron en su contra”,  añade.

Hace mención a que el certificado e informe de flujo migratorio de las tres exautoridades registra salidas al exterior y cita los países de Perú, Argentina, EEUU, Brasil, Panamá, Paraguay y España.

“Finalmente, en relación Art. Inc.  3) del C.P.P. modificado por la Ley 1173, en representación de la sociedad por mandato legal y ante la existencia de los tres presupuestos legales: probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales (peligro de fuga y obstaculización) y la necesidad de la aplicación de la medida extrema conforme al art. 231 Bis. Inc.  10), como extrema medida de última ratio se impetra la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva de los imputados Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y para Jeanine Áñez Chávez en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes de La Paz”, indica el Ministerio Público.


© CopyRight — Agencia Boliviana de Información 2024 ABI