El exviceministro de Justicia, Guido Melgar, fue aprehendido en las últimas horas como efecto de una denuncia penal por haber solicitado y accedido a datos de más de 500 personas registradas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), informó el periódico La Razón, en su versión digital.

Melgar debía declarar a las 08.00 de este jueves, pero no se presentó y se cursó la orden de aprehensión, según datos de la Fiscalía citados por ese medio.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció en diciembre de 2020 el irregular acceso a hojas prontuariales de 592 personas en el régimen de Jeanine Áñez, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal.

Del Castillo reveló, en ese entonces, que Melgar, funcionario del régimen de Jeanine Áñez, solicitó esa información y se la facilitó, pese a que el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le recordó que las normas del Segip no lo permitían.

Uno de los primeros denunciados fue exdirector del Segip Mauricio Gustavo Fernández.

Para el Ministro de Gobierno, se trató de un "robo" de la privacidad de las 592 personas, y no solo de exfuncionarios del Gobierno.

"Se investigó el prontuario de niñas menores de diez años, de gente fallecida hace cinco años, de analistas como Rafael Puente, Raúl Prada, Reymi Ferreira, un exministro y funcionarios de los presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé", indicó el Ministro el 14 de diciembre de 2020.

En la lista de investigados también está Sebastián Michel, exvocero del MAS, y exjugadores, como Carlos Borja, al exministro de Deportes Tito Montaño y algunos jefes policiales, informó entonces el periódico.

La red Unitel reportó que Melgar es denunciado por los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la ley, indica La Razón.

Un informe presentado este jueves por el Ministerio de Gobierno ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela la reducción en la destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia durante el gobierno de facto.

“Para nosotros es importante, como Gobierno, que la UNODC haga notar que en el anterior régimen se han reducido las incautaciones de clorhidrato de cocaína y también los operativos (…), no se han realizado tareas de erradicación por más de 178 días en nuestro país”, señaló el ministro Eduardo Del Castillo, durante la presentación del documento.

El Informe de Validación de Información sobre la Destrucción/Incineración de Drogas Ilegales Incautadas, fue presenciado por el representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, y diplomáticos de la Unión Europea (UE).

Dicho documento tiene como fin vislumbrar el trabajo que realiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en la destrucción de sustancias controladas incautadas a grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en nuestro país.

Durante su intervención, el Ministro de Gobierno hizo un repaso de la gestión del gobierno de facto respecto a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia calificándola como “deficiente” y reflexionó sobre datos fehacientes que evidencian un retroceso en el combate de esa actividad ilícita durante 2020.

La autoridad afirmó que, tras la recuperación de la democracia en octubre de 2020, encontró una FELCN debilitada, con aeronaves sin mantenimiento, lo que tuvo repercusiones en las tareas de erradicación de cultivos excedentarios de coca.

Asimismo, denunció varios actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Jeanine Añez, como irregularidades en la compra de equipamiento, armamento y otros para el Comando Estratégico Operativo (CEO).

Acorde a la información proporcionada por el Ministro de Gobierno, según un boletín institucional, el año 2020 solamente se erradicó 2.000 hectáreas de hoja de coca excedentaria cuando antes el promedio anual era de 8.000 hectáreas destruidas.

Dijo que el gobierno de facto puso como pretexto la pandemia para desligarse de su responsabilidad institucional de combatir al narcotráfico. 

El diputado Juanito Angulo explicó que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta del Senado, un paso previo para asumir de facto la presidencia del país, vulneró la Ley de Leyes, así como el Reglamento de la Cámara Alta y procedimientos administrativos, por lo que corresponde un juicio por cuerda separada.

El legislador, entrevistado este miércoles en el programa 180, de Radio Patria Nueva, dijo que Áñez incurrió, al menos, en incumplimiento de deberes, así como en hechos inconstitucionales que deben ser investigados de manera independiente por la justicia.

"Cada hecho tiene su propio tratamiento y la Fiscalía tiene que investigar esos hechos" de manera independiente, dijo Angulo en relación a la denuncia penal presentada por el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, contra Jeanine Áñez porque asumió la presidencia de esa instancia legislativa en 2019 mediante un procedimiento irregular, violando el Reglamento General de la Cámara Alta.

La denuncia penal del caso fue planteada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, conspiración, anticipación y prolongación de funciones y otros.

Angulo dijo que la renuncia de Evo Morales, coaccionada por grupos delictivos que secuestraron, torturaron, asaltaron, incendiaron y amenazaron a actores políticos, no fue considerada por el Legislativo, tal como ordena el procedimiento constitucional.

Explicó que Áñez, pese a representar el 4% de la votación de las elecciones de 2014, se autoproclamó presidenta del Senado en una sesión sin quórum reglamentario y en franca vulneración del Reglamento de la Cámara Alta que establece que la Presidencia del Senado le corresponde al bloque mayoritario, es decir, al MAS- IPSP.

"Al no existir el quorum pertinente, ¿qué hace ella?, se autonombra como presidenta de la Cámara de Senadores. El reglamento de Debates no le habilita, no le permite que una representante de la bancada minoritaria (Áñez, que pertenecía a la agrupación Demócratas) sea presidenta. Ahí está el primer hecho irregular", manifestó.

Dijo que tampoco se reconfiguró la Directiva ni se leyó la carta de renuncia del entonces presidente Evo Morales, tal como establecen las normas legales en vigencia. Sostuvo que esos hechos ilegales deben ser investigados por la Fiscalía.

Puso como jurisprudencia, es decir, como antecedente legal, lo ocurrido en 2003, cuando renunció el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, el Legislativo, con directivas legalmente constituidas, consideró la renuncia y nombró como presidente a Carlos Mesa. Todo ese procedimiento legal fue saltado por Áñez.

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo, informó este miércoles que el Ministerio de Salud destinará 331.600 vacunas, entre Sinopharm y Sputnik V, para el departamento de Santa Cruz, de las 1,5 millones que llegarán al país hasta el 15 de mayo.

“Del lote de 1,5 millones de vacunas (…) 331.600, entre dosis de Sinopharm y Sputnik V, serán destinadas a Santa Cruz”, dijo a los periodistas. 

El martes llegó al país 334.400 dosis de la vacuna china Sinopharm a la ciudad de Cochabamba en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) procedente de Beijing (China), de ese primer lote se llevó al departamento de Santa Cruz 68.400 dosis que arribaron la madrugada de este miércoles.

“Las dosis que corresponden al departamento de Santa Cruz, son 68.400 que se está haciendo entrega hoy (miércoles) para que se pueda dar continuidad a todo el proceso de vacunación”, afirmó.

Hidalgo explicó que la llegada de las vacunas al país, y a Santa Cruz, fue verificada para que se cumpla con todas las medidas de traslado y llegue a la cadena de frío necesaria del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La Viceministra dijo que se ampliarán los puntos de vacunación a través de los convenios firmados con las instituciones y universidades en Santa Cruz y que se sigue coordinando para la instalación de más puntos de inmunización.