La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, informó que los avances del proceso para la modificación de la Ley Integral N° 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, fueron presentados a las comisiones de Derechos Humanos y Mixta Contra Feminicidios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en un documento que sistematiza más de mil propuestas para el mejoramiento de esa norma.

La autoridad explicó que las modificaciones a la ley se trabajaron con el consenso de varias organizaciones sociales y de la sociedad civil, por ello es preciso que la población conozca los avances realizados para seguir trabajando de forma conjunta.

“Vamos a reformar juntos la Ley 348, y principalmente vamos a buscar consensos, ésta normativa se está trabajando de abajo hacia arriba, la población ha ido depositando sus propuestas y éstas se van a ir socializando a nivel de los nueve departamentos. Para ello contaremos con el acompañamiento de nuestros legisladores", afirmó Huacani.

Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la ALP, José Jáuregui, explicó que la presentación del informe del Estado de Situación de la Violencia Contra la Mujer en Bolivia, que contiene más de mil propuestas, concluye con la segunda etapa para la modificación de la ley.

“Esta semana se va a iniciar la tercera fase, que está vinculada al desarrollo de nueve foros departamentales para hacer conocer los avances que a la fecha se tienen y tengo que informar que estos foros iniciarán esta semana con el departamento de Oruro en ese sentido que tengan la plena seguridad que lo que se está haciendo es la construcción de una norma junto con las organizaciones de la sociedad civil”, expresó.

Jáuregui remarcó la importancia de que el proyecto de ley tenga absoluto consenso entre las instituciones e instancias involucradas en la lucha contra los feminicidios.

La viceministra Huacani, afirmó que uno de los objetivos de ese trabajo es el de “recuperar el espíritu de la Ley 348 que es la protección a la mujer”.

En ese sentido, destacó que entre una de las propuestas esta la implementación de nuevos tipos de violencia, que no fueron contemplados antes, como la violencia digital y la violencia gineco-obstetra; sin embargo, las diferentes propuestas serán socializadas en foros departamentales para generar diálogo, debate y consenso.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que la cúpula de la Iglesia Católica y los delegados de la Unión Europea deberían explicar al país su participación en las reuniones privadas que analizaron el “Plan A” y el “Plan B” que derivó en la implantación de un golpe de Estado en 2019, en la autoproclamación de Jeanine Áñez y en la violación de Derechos Humanos.

La autoridad, entrevistada este lunes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, ratificó el contenido del informe denominado “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales. Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”.

“El informe obedece a un requerimiento que se ha realizado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La Procuraduría ha cumplido con la presentación de este informe”, dijo la autoridad.

Esta respuesta estatal tiene una contextualización de lo ocurrido en 2019, incluye el desconocimiento de resultados electorales, los comicios, la jornada de votación, la integridad sobre el informe de la OEA, el golpe de Estado, la violación a los Derechos Humanos en el país, la asunción “absolutamente inconstitucional de Jeanine Áñez a la Presidencia de facto, rompiendo todos los procedimientos”, agregó la autoridad, quien dijo que también se añadió reportes sobre las masacres de Senkata, Sacaba y otras ocurridas en 2019.

El informe estatal detalla con precisión quiénes participaron en el golpe de Estado y cómo se gestó esa actividad con la participación de actores nacionales y extranjeros, dijo el Procurador.

“Con relación a la participación de otros actores, está la Iglesia Católica, están algunos delegados internacionales que efectivamente deben dar en algún momento cuenta de su participación en esto. Es decir que lo que han forzado es un golpe de Estado, ha existido un golpe de Estado de hecho, han querido tomar el poder, han estado un par de días en negociaciones, han estado en gestiones para imponer un gobierno con un Plan A y con un Plan B”, manifestó.

Explicó que, en esa reunión, la “cúpula de la Iglesia Católica que ha participado efectivamente en las sesiones en las cuales se decidía poco más quién iba a ser presidente sucesor de Evo Morales, cuando la Constitución ordenaba que debería suceder en el cargo luego de considerarse las renuncias”.

El informe de la Procuraduría indica que entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, ante las renuncias del entonces Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado, “se convocó a una reunión a realizarse en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana cuyos asistentes fueron: Jorge Tuto Quiroga; Teresa Morales; la entonces diputada del MAS, Susana Rivero y la Iglesia Católica. Esta última fue la facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España, representados por el obispo Eugenio Scarpellini, León de la Torre y Carmelo Angulo”.

“De la reunión, también participaron la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el entonces Senador Oscar Ortiz, el exdefensor del Pueblo y representante del CONADE, Rolando Villena (fallecido el pasado 23 de enero).  Se sumaron Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Giovanna Jordán, Juan Carlos Núñez y Jerjes Justiniano”.

El Procurador dijo que no se claudicará en buscar justicia para las víctimas del golpe de Estado y se buscará la verdad “le duela a quien le duela”.

Dijo que el informe busca la verdad de lo ocurrido y que los responsables del golpe de Estado tengan la sanción respectiva.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este lunes que se destruyó dos megalaboratorios de cristalización de cocaína en el interior del Parque Noel Kempff Mercado del departamento de Santa Cruz, cuyo valor aproximado fue calculado en cerca de $us 3 millones.

“Queremos comunicar a la ciudadanía de un operativo exitoso de nuestras fuerzas policiales realizado en el interior del Parque Noel Kempff Mercado con la destrucción e incineración de dos megalaboratorios de cristalización de cocaína”, dijo en una conferencia de prensa.

Detalló que los mega laboratorios estaban totalmente activos y albergaban entre 40 y 50 personas, por lo que se estima que podían producir 240 kilogramos de cocaína por día.

Además, mencionó que contaban con cuartos especiales para cocinas, comedores, baños con duchas y 15 dormitorios, así como cuartos de seguridad con espacio para tres personas en cada uno. En el lugar se encontró también 600 litros de ácido sulfúrico.

“Estos laboratorios se instalaron el año 2020 durante la gestión del gobierno pasado y son la demostración evidente de que en esa gestión hubo carta blanca para el narcotráfico en nuestro país”, añadió.

La autoridad manifestó que el Gobierno nacional demuestra a diario su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, con resultados cuantitativos y cualitativos por medio de la desarticulación de bandas delincuenciales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

El secretario de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, informó este lunes que el Ministerio Público llevó adelante la reconstrucción sobre la pericia balística y geoposicionamiento con relación a las víctimas heridas en el caso Huayllani – Sacaba, del departamento de Cochabamba, hechos registrados en noviembre de 2019 y en el lugar se tomó testimonio a 13 personas. 

“Se conformó un equipo multidisciplinario entre peritos del Instituto de Investigaciones Forenses, Fiscales de Materia, además se desplegó una coordinación con la Policía Boliviana que, a través de la FELCC, participaron coadyuvando y se tiene un avance significativo dentro del proceso. Se colectaron testimonios directos de las víctimas heridas con armamento”, explicó Quispe.

La autoridad señaló que, los 13 testimonios tomados a las personas fueron importantes y dieron mayores luces con relación al caso Huayllani.

“Lo concreto y lo establecido fue que sí ha existido una participación coordinada entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para realizar esta intervención escalonada que tenía avances y retrocesos en el puente Huayllani, de acuerdo a las atestaciones que hemos podido recibir” aseveró.

Añadió que, también, se identificó otros testimonios que no estaban claros con relación al despliegue y organización que existía en las fuerzas conjuntas que actuaron entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

Explicó que, esas fechas, en el lugar existió uso de gas lacrimógeno como una forma de quitar visibilidad a los manifestantes y existen indicios de que hubo uso desmedido de la fuerza, por ello se realizan las pericias para tener certezas y además se definirá el tipo de armamento y municiones utilizadas.

“Producto de la reconstrucción, con relación a las víctimas heridas con armamentos, nacieron nuevas pericias con la necesidad de agotar la investigación, lo que nos va llevar a dar una conclusión e informar sobre los resultados que se tengan al respecto”, añadió el Secretario General.