El dirigente de la subcentral Sécure Tipnis, Carlos Fabricano, aseguró este jueves que las bases indígenas no esperan nada de la movilización afín al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, que se dirige a ese departamento, porque no los representa.

“Nosotros no esperamos nada, porque tenemos avances en las mesas de trabajo que se van a presentar al Gobierno nacional”, indicó en entrevista con la Red Patria Nueva.

La movilización indígena pretende llegar a la ciudad de Santa Cruz el 24 de septiembre para ser recibida por Camacho. Hoy se cumplen dos semanas y nueve días desde su partida desde Beni. Los integrantes no cuentan con un pliego petitorio y rechazan las convocatorias al diálogo del Gobierno.

“Nosotros hacemos conocer al pueblo boliviano que, como base, necesitamos desarrollo y proyectos que generen recursos económicos y no así buscar intereses personales, tal como ellos (movilización indígena) lo están haciendo”, cuestionó.

“Así como ellos nos dicen, son afines a la oposición a la cabeza de Fernando Camacho (sic)”, acotó.

El martes, el presidente Luis Arce se reunió con las cinco regionales de los pueblos indígenas de Beni que presentaron sus demandas de desarrollo para ser atendidas por el Gobierno.

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sostuvo este jueves que esa organización es aliada política de la alianza Creemos que lidera el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y de los integrantes del Comité Pro Santa Cruz, que fueron protagonistas en los hechos que concluyeron en el golpe de Estado de 2019.

“Nosotros estamos aliados con todas aquellas organizaciones y es el caso de Creemos, es el caso del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), es el caso del movimiento cívico, de las plataformas ciudadanas”, aseveró en conferencia de prensa.

Explicó que Comunidad Ciudadana no opta por aproximarse a los extremos políticos; sin embargo, sostuvo que sí lo hace con la organización política de Camacho y otros protagonistas de la ruptura institucional como es el caso de los cívicos cruceños.

Sin pruebas, aseguró que la justicia boliviana y el Ministerio Público están al servicio del Gobierno central, versión que, según su opinión, une a estos sectores.

“Lo fundamental en lo que coincidimos con Creemos, con Conade, con la Asamblea Permanente de Derechos humanos, con el movimiento cívico en general, no solamente en Santa Cruz, pero en particular Santa Cruz, con las plataformas ciudadanas, es en algo clave: la democracia está enfrentando un gravísimo y peligroso riesgo que el Gobierno no quiere aceptar que está planteando, el control total del poder judicial y el Ministerio Público”, aseveró.

Las afinidades de Mesa, Camacho y otros sectores tienen antecedentes en 2019. Por ejemplo, un cabildo de políticos y activistas contrarios al gobierno de Evo Morales preparó el terreno político para el golpe al gobierno de Evo Morales en inmediaciones del monumento Cristo Redentor el 4 de octubre, cuando determinó acciones de “rebeldía y desconocimiento” a los resultados de los comicios presidenciales de ese entonces.

El encuentro estaba dirigido por Luis Fernando Camacho, entonces Presidente del Comité pro Santa Cruz, quien asumió el cargo el 2 de febrero de 2019. En los registros de la institución cívica, califican las determinaciones del 4 de octubre como un hito histórico “para decidir y cumplir”, y resultado de diferentes manifestaciones contra el Gobierno del MAS desde 2017.

Los sectores opositores asumieron la paralización del conteo rápido de votos como un argumento para desconocer los resultados oficiales y convocar a marchas, huelgas de hambre, cabildos y un paro cívico indefinido de 21 días que culminó con la renuncia de Evo Morales.

Impulsados por Comunidad Ciudadana, convocaron el 21 de octubre a movilizaciones para rechazar la suspensión del TREP pese a que los datos no tenían validez jurídica ni influían en resultados oficiales finales.

El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados oficiales al 100%. Evo Morales obtuvo el 47,08% y se impuso a Mesa que obtuvo el 36,51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta.

Ante esa situación, el 31 de octubre, un cabildo nacional de opositores convocado por movimientos sociales en La Paz exigió la renuncia de Morales, rechazó la segunda vuelta y convocó a la Policía y a las FFAA a sumarse a las protestas.

Esas movilizaciones derivaron en hechos de violencia de opositores y paramilitares contra autoridades, líderes sociales y sus familias. Se concretaron quemas de instituciones públicas y viviendas.

En complicidad con las FFAA y la Policía, la escalada de violencia produjo el 10 de noviembre de 2019 la renuncia de Morales, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó el escenario para instalarse en el Gobierno sin respaldo y aplicar un régimen de más violencia como en los casos de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, informó que las mesas de trabajo con autoridades orgánicas de los pueblos indígenas de Beni se instalaron este jueves en ese departamento, con la finalidad de atender las demandas de este sector.

“Hoy, han comenzado las mesas de trabajo con los pueblos indígenas del Beni, en el Beni, con las autoridades orgánicas, hoy y mañana estaremos trabajando y también el domingo (tendremos) una reunión con las diferentes subcentrales del Tipnis, ahí estaremos presentes acompañando las mesas de trabajo y buscando las conclusiones”, indicó.

Reiteró que, hasta la fecha, las personas que realizan la marcha afín al gobernador Fernando Camacho con destino a Santa Cruz, no hicieron conocer su pliego petitorio, pero adelantó que no será diferente a los temas ya planteados en las mesas de trabajo con las autoridades orgánicas de los pueblos indígenas de Beni.

“Respetamos la marcha, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos el pliego petitorio, pero les quiero asegurar algo, el pliego petitorio no va a ser muy diferente al trabajo que ya estamos haciendo con las autoridades orgánicas de los pueblos indígenas”, ratificó.

Resaltó que mientras algunas personas marchan, la representación orgánica de los pueblos indígenas trabaja junto a autoridades de Gobierno para resolver sus problemáticas.

“Mientras ellos marchan, nosotros estamos trabajando en las mesas de diálogo y puedo asegurar que cuando entreguen el pliego, ya tendremos avances en nuestras mesas de trabajo”, subrayó.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, socializa este jueves en la ciudad de El Alto el plan estratégico de seis ejes para la reforma judicial.

“Cuando se plantea una serie de seis ejes para la reforma, es una propuesta que le planteamos al país para mejorar y seguir adelante con un proceso serio de transformación de la justicia”, dijo en conferencia de prensa.

La socialización de la reforma judicial contempla seis ejes: balanceo del conflicto, acceso a la justicia, independencia judicial, tecnologías de la información y comunicación, desarrollo normativo y transparencia institucional.

“Los puntos que hemos analizado tienen en El Alto particularidades muy importantes. El Alto junto a Santa Cruz son las ciudades con la menor cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes. Esto es algo que tiene que cambiar”, sostuvo.

El proceso de socialización ya fue realizado en Oruro, Tarija y Pando. Hasta fin de mes, se espera completar el proceso de socialización que será seguido de una etapa de sistematización y una de planificación presupuestaria.

“Una reforma exitosa necesita el concurso de los jueces, de los magistrados y de los actores que representan el día a día de la justicia”, dijo.