El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, aseveró este jueves que, tras conocida la sentencia ejecutoriada en materia penal contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, el Concejo Municipal debe asumir una decisión al respecto.

“Una de las razones para que un alcalde deje de cumplir esa función es contar con un pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, es decir, hay ya una sentencia en el que dice que él (Reyes Villa) tiene este pliego de cargo por la compra de vehículos, corresponde hoy que el Concejo Municipal pueda tomar la decisión de analizar este tema”, manifestó en entrevista con Bolivia TV.

La Ley de Gobiernos Autónomos en su Artículo 12, sobre la pérdida de mandato, establece que: La Alcaldesa o Alcalde, las Concejalas o Concejales, perderán su mandato por: a) Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; b) Renuncia expresa a su mandato en forma escrita y personal; c) Revocatoria de mandato, conforme al Artículo 240 de la Constitución Política del Estado; d) Fallecimiento; e) Incapacidad permanente declarada por Autoridad Jurisdiccional competente.

En este contexto, dijo que, de aplicarse la norma, Manfred Reyes Villa ya no puede ser más alcalde de la ciudad de Cochabamba.

“El Concejo Municipal deberá tomar la decisión de analizar este tema; pero, desde nuestra percepción, el señor Manfred Reyes Villa ya no es más alcalde de la ciudad de Cochabamba”, ratificó.

Recordó que la sentencia ejecutoriada es producto del proceso iniciado por la Gobernación de Cochabamba por la compra irregular de vehículos, cuando Reyes Villa ejercía las funciones de Gobernador.

“Para ejecutar el POA, para contratar los bienes y servicios para la institución, se presupuesta recursos en el POA, en este caso no estaban presupuestados y él (Reyes Villa) toma el dinero de otra actividad, de otro proyecto, otro programa, compra como si él estuviera en su hacienda, en su chaco, en su empresa, y comete este tipo de irregularidades”, manifestó.

De ejecutarse la pérdida de mandato, tendrá que asumir el cargo de forma interina uno de los concejales, quien debe convocar a una nueva elección; debido a que la norma establece que si no se cumplió la mitad de mandato debe ejecutarse un nuevo proceso de elección.

“Tendrán que designar a un alcalde interino para que convoque a elecciones, la ley dice que si no ha pasado media gestión tiene que haber elecciones, en este caso recién están 3 o 4 meses los alcaldes; entonces, corresponde las elecciones, entonces tendrá que haber elecciones en los próximos meses en la ciudad de Cochabamba”, subrayó.

El embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, sostuvo este jueves que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya no recoge los intereses de los Estados miembros y que como alternativa para el continente se debe impulsar el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Estamos en un momento importante  para la reconducción de la integración latinoamericana y caribeña y, en ese marco, es importante el rol que vaya a jugar la Celac”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

Las declaraciones del embajador se dan a dos días de que la VI cumbre de la Celac, programada para el 18 de septiembre, se realice en México, donde participará Bolivia.

“Hoy, más que nunca es necesario un organismo que sea capaz de integrar a los países latinoamericanos  y caribeños sobre la base de los elementos que son comunes a nuestros países. Está claro que la OEA perdió toda posibilidad de ser  un organismo capaz de recoger los intereses del continente”, aseveró Pary.

La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo. Su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington de  octubre de 1889 a abril de 1890.

Fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros un orden de paz, justicia, solidaridad, colaboración, defensa de la soberanía, integridad territorial e independencia. Sin embargo, hasta la fecha, es cuestionada sobre todo, por las acciones de su secretaría general a cargo de Luis Almagro.

El embajador de Bolivia en México, José Crespo, informó este miércoles que el Gobierno de México tendrá la propuesta definitiva para la sustitución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en enero de 2022.

“La propuesta definitiva la va a tener México recién en enero del próximo año (…). La propuesta definitiva, terminada, de cómo funcionaría, etc., pues eso se nos ha ofrecido para enero del próximo año”, aseveró en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

Sin embargo, la autoridad diplomática dijo que el tema de la transformación o el reemplazo de la OEA por otro organismo continental será parte del debate de la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará el 27 de septiembre de 2021 en la ciudad de México.

Explicó que el presidente mexicano, Andrés López Obrador, pondrá a consideración de los mandatarios del bloque esa iniciativa, que fue planteada por él mismo en la versión 21 de la Reunión de Cancilleres de la CELAC, que se realizó el 24 de julio.

Dijo que el organismo subregional puede resolver el tema, pero advirtió que a su juicio no va a tener una decisión como planteó México, porque es demasiado pronto para que se “dé una medida de este tipo”.

“Es muy importante saber dónde estamos, porque si no estamos generando una expectativa que tú vas a ver que la derecha utiliza muy bien, o sea van a decir, no sé, que la CELAC no pudo crear otra OEA (…). Tú vas a ver titulares como si esto, que es el inicio de un debate, pues de repente fuera fracaso anticipado y no tiene nada que ver esa figura”, enfatizó.

Entre los justificativos, Crespo recordó que el mismo Presidente de México aclaró en su propuesta inicial que la iniciativa tendría que conversarse, necesariamente, con Estados Unidos y Canadá.

“¿Por qué con ellos? Porque si no se conversa con ellos pues no hay nada más que hacer, la CELAC es quien cumple esa función. Si queremos tener un instrumento multilateral que toma en cuenta todo el continente toda América, pues hay que incluir a Canadá y Estados Unidos”, sostuvo.

El diplomático mencionó, sin embargo, que el hecho de que la OEA atraviesa por una crisis desde el último año y medio provocó que deje de ser funcional para Estados Unidos, además de que su secretario ejecutivo, Luis Almagro, quede tan desprestigiado que al gobierno norteamericano no le convenga que continúe al mando del bloque regional.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo este miércoles que la reforma judicial es imprescindible porque se necesita una administración de las leyes que esté a la altura de un pueblo digno y libre. 

“Nosotros albergamos mucha esperanza en esta nueva propuesta de reforma de la justicia. Creemos que no sólo es urgente, es absolutamente imprescindible para nuestro Estado. El pueblo boliviano tan digno, libre y amoroso, necesita una justicia que esté a la altura de este pueblo”, aseveró en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

Cruz explicó que la Defensoría del Pueblo espera que el proceso sirva para la solución de la impunidad en la justicia para los casos de violencia hacia las mujeres, porque actualmente no se tiene avances en las sentencias, un número importante de procesos están en la etapa de juicios orales o la aplicación de medidas ejemplares contra los agresores.

La medida es urgente y su solicitud data de hace décadas como una demanda de la población hacia las autoridades gubernamentales, recordó.

“Creo que es algo que ya se ha debatido dentro del Estado, las cumbres de justicia departamentales y nacional, han llegado a conclusiones. Estos pilares que recogen esa información, recogen esa demanda; nos parecen fundamentales y valiosos”, agregó. 

Además, Cruz propuso que la reforma de la justicia incorpore el fortalecimiento de los servicios de asistencia a las víctimas de casos de violencia, entre ellos el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“No lo tenemos (al IDIF) a disponibilidad a nivel nacional, ni siquiera muchas veces en ciudades intermedias. Creemos que es fundamental fortalecer aquello, incluso generar un proceso de separación respecto del Ministerio Público porque es un instituto técnico científico que le tiene que dar asistencia, en ese ámbito, a la víctima como tal”, argumentó. 

La Defensora del Pueblo planteó, además, que el proceso de reforma judicial permita que el personal de juzgados y fiscalías aumente en número y especialidad, para que la administración de las leyes se aplique en lugares “donde no hay jueces, no hay fiscales o no hay presencia estatal”.

“O generar metodologías que permitan que estas instancias, si bien no vayan a tener un asiento en territorio, al menos tengan lo que se llamó en otros países como los buses de justicia, para llevar servicios integrales por tiempos dentro de las comunidades, a través de recorridos que se harían a nivel nacional”, concluyó.