El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó este martes que el 20 de julio Bolivia recibirá el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la denuncia de vulneración extrema de los derechos humanos durante el golpe de Estado y, en función a ello, el país acudirá a instancias internacionales.

“Hemos preparado todo un informe para presentar a la Corte Penal Internacional para que se pueda sentar un precedente. (Queremos saber) si hubo extrema vulneración de los derechos humanos en el país con el asesinato de los de 37 hermanos que ha dejado huérfanos”, dijo.

En cuanto al proceso a Jeanine Áñez, el titular de la Cámara Alta indicó que actualmente se le está siguiendo un proceso de manera ordinaria como senadora, según un boletín de prensa.

“Posteriormente se viene, sin duda, procesos como presidenta de facto, golpista, o de dictadura. Ha sido presidenta y va a corresponder juicio de responsabilidades por las muertes de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz”, aseguró.

Añadió que luego vendrán los procesos por el daño económico y por los hechos de corrupción que se dieron durante el régimen de Áñez.

El diputado Héctor Arce dijo que las revelaciones de la exministra Roxana Lizárraga sobre los entretelones del gabinete de Jeanine Áñez, muestran de manera descarnada el cuoteo de altos cargos por parte de Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa.

El legislador, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, añadió que esas revelaciones mostraron que los integrantes de ese régimen se dedicaron a asaltar el Estado mientras los uniformados reprimían en las calles.

Dijo que las declaraciones de Lizárraga confirmaron que Arturo Murillo fue “impuesto por Doria Medina” ya que ambos tienen que ver con su partido, Unidad Nacional.

Además, “es insostenible ocultar que tanto CC (Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa) y Creemos (de Luis Fernando Camacho) fueron parte de ese régimen golpista, fueron parte de ese gobierno”, manifestó.

Recordó que Camacho, por su lado, impuso a Luis Fernando López como Ministro de Defensa mientras que Mesa delegó a su jefe de campaña, Ricardo Paz, “para que vea quien iba a ser el Gobierno”.

“El régimen golpista ha estado cuoteado, compuesto de las organizaciones políticas CC, Creemos y otros actores políticos como Samuel Doria Medina, Camacho y otros que impusieron” a su gente en el aparato del Estado, sostuvo Arce.

En ese sentido, lamentó que las agrupaciones políticas de Mesa y Camacho en el Legislativo defiendan las masacres ocurridas en 2019, la corrupción, a Jeanine Áñez y a Arturo Murillo, durante la interpelación al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, efectuada este martes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.   

La exministra de facto de Comunicación, Roxana Lizárraga, admitió el lunes que firmó el decreto supremo que daba impunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para masacrar a los bolivianos que lucharon en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) contra el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019.

“Solamente yo puse mi firma para que salgan las Fuerzas Armadas y la Policía para que no hagan explotar la planta de Senkata”, admitió en una entrevista en el programa Encontrados de radio Fides.

El Gabinete de facto firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones, situación que alarmó a los organismos internacionales.

La orden, que regulaba la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la policía en las calles del país, fue emitida el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de los uniformados en Sacaba. Hasta ese momento, ya se contabilizaban 23 muertes y decenas de heridos.

El Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4078 señalaba que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenó dicho documento. Asimismo, Human Rights Watch pidió su derogación.

También la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación por los excesos de las fuerzas de seguridad en un contexto extremadamente volátil en el que la brecha entre las partes parecía insalvable.

Ante los cuestionamientos, luego de 14 días, la normativa fue derogada.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció este martes que el Gobierno nacional llevará el caso del supuesto fraude electoral al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante tribunales internacionale, para denunciar el abuso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

“Esta Asamblea ha designado el exministro de Justicia, Héctor Arce, porque vamos a llevar este caso ante los tribunales internacionales, lo vamos a llevar al Consejo de Seguridad y lo vamos a llevar ante todas las instancias necesarias, porque lo que ha ocurrido en este país es un abuso de la OEA y de (Luis) Almagro a la buena fe que ha tenido el expresidente (Evo) Morales y el MAS para permitir que se revisen todas las actas y se realice una auditoría electoral”, subrayó.

La afirmación fue desarrollada durante el acto de interpelación al que Lima fue convocado a petición de legisladores de la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) para explicar sobre la detención de Jeanine Áñez.

Durante su intervención, la autoridad recordó que el informe presentado por la OEA no tiene valor jurídico, no es vinculante y no cumple con los argumentos y fundamentos establecidos en el acuerdo firmado por la representación boliviana y el secretario general de ese órgano internacional, Luis Almagro.

“No se ha cumplido el plazo que hemos pactado con la OEA, el 10 de noviembre, no se ha entregado un informe final, se ha entregado uno preliminar y el que se entrega en diciembre se entrega fuera de plazo, no se ha cumplido los elementos mínimos de plazo, de forma, de consideración de lo que debe ser una auditoría electoral y no tiene la constatación y las características de una auditoría en Bolivia y en la región”, manifestó.

Asimismo, a tiempo de recordar que en los nueve departamentos del país se determinó el sobreseimiento de los vocales de los tribunales departamentales electorales acusados del supuesto fraude, instó a los legisladores de oposición a presentar una acusación particular ante los tribunales de justicia para sustentar sus acusaciones.

“A todos aquellos que vienen haciendo acusaciones en contra de los fiscales y en contra de la justicia, que presenten acusaciones particulares, vayan a los tribunales de justicia y presenten las pruebas, presenten las actas falsificadas, presenten las papeletas que han sido adulteradas, presenten una sola prueba; no ha habido prueba que determine un fraude electoral en este país”, ratificó.

Al finalizar la interpelación, la Asamblea Legislativa aprobó el orden del día puro y simple y emitió su voto de confianza al titular de Justicia.