La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrogó este jueves el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que solicitó al Estado boliviano "garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares".

“Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros del pleno, queda aprobado el Decreto Presidencial N° 4571, con el que se abroga el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, manifestó el presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, tras la conclusión del debate, según una nota de prensa.

El Decreto Presidencial N° 4461, publicado el 18 de febrero de 2021, concedía amnistía e indulto, por razones humanitarias y políticas a las víctimas de retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales; además del restablecimiento de los derechos civiles y políticos a los perseguidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La norma se constituyó en una vía jurídica para resolver con celeridad la situación de personas injustamente procesadas sometidas a prisión y medidas cautelares arbitrarias. Sin embargo, fue cuestionada por, supuestamente, beneficiar a militantes del oficialismo presumiblemente involucrados en hechos de violencia durante la crisis política de 2019.

Por esa razón, la ALP en cumplimiento de los principios de la Constitución Política del Estado (CPE), así como la búsqueda de la paz y armonía social para el Vivir Bien, se acogió a la recomendación del informe del GIEI, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a efectos de no causar la errónea percepción de que el Órgano Ejecutivo estaría interfiriendo negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia dentro de las funciones del Órgano Judicial y de la Fiscalía.

“Hermanas y hermanos asambleístas, como es de su conocimiento, el hermano presidente, Luis Alberto Arce Catacora, emitió el Decreto de Amnistía e Indulto; sin embargo, considerando los informes y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y del GIEI, se ha solicitado a esta Asamblea la abrogación del Decreto Presidencial N° 4461”, manifestó Choquehuanca.

De esa manera, el gobierno del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca, formaliza el cumplimiento de esa recomendación que representa un avance en el proceso de memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano.

La Comisión de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral, de la Cámara de Senadores, aprobó este jueves la solicitud de retiro del Proyecto de Ley 218 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

“En la Comisión hemos aprobado el informe de remisión de retiro del proyecto de ley por unanimidad, hemos firmado los tres miembros de la Comisión de Constitución, este informe se va a remitir a la presidencia de la Cámara de Senadores para su conocimiento y procedimiento legislativo”, informó la presidenta de esa instancia legislativa, Virginia Velasco.

Dijo que, con la aprobación del informe, se cumple con el compromiso del Gobierno nacional, de escuchar a la población.

“La presidencia del Senado seguramente también cumplirá con los procedimientos normativos para que podamos pacificar al pueblo boliviano, toda vez que el presidente (Luis Arce) ha dicho que tenemos que escuchar, tenemos que socializar; además, dijo que se archive este proyecto de ley y nosotros, como Comisión de Constitución, estamos cumpliendo”, indicó.

El informe aprobado por la Comisión de Constitución y enviado a la presidencia del Senado, recomienda su archivo, manifestó.

“Totalmente un fracaso esa convocatoria, porque era político, mentiroso y dañino para la reconstrucción de la economía del pueblo boliviano”, manifestó este jueves el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, respecto a la convocatoria a paro y movilizaciones por sectores políticos de oposición.

Dijo que este fracaso responde a la efectividad del proceso de socialización de la norma observada, además que la población entendió que el Gobierno nacional nunca permitirá que se afecte los derechos de los gremiales, transportistas y otros sectores.  

“Las actividades son normales en todo el país y todos nosotros, obviamente nos comprometimos, el ministro de la pala, el pico y la tecnología, se sentó con cada uno de nuestros hermanos transportistas, de cooperativas, federados, libres, con todos ellos, y nos pusimos de acuerdo que todos los días tenemos que reconstruir el país, por lo tanto, no le han creído esa mentira a la oposición”, ratificó.

Por su parte, el senador Luis Adolfo Flores, coincidió en calificar de fracaso el paro convocado para este jueves, y reiteró la voluntad del Gobierno para dialogar con todos los sectores de la población boliviana.

“Las movilizaciones que se están realizando, primero, decir que han fracasado. Prácticamente son mínimas, solo parcialmente en Potosí, es porque el pueblo boliviano sabe y conoce la voluntad del Gobierno de dialogar, el proyecto de Ley 218 ya ha sido retirado, ese proyecto no va a continuar hasta que no se socialice, hasta que seguramente no se decida y se redacte conforme a lo que decidan los sectores sociales, especialmente”, mencionó.

Ratificó que la convocatoria a este tipo de medidas, tiene intereses políticos y no cuentan con un móvil de reivindicación social.

“Cualquier movilización en este momento, definitivamente es política, en Bolivia hay comités llamados cívicos, que son comités políticos, es de conocimiento, que se van a oponer siempre al Gobierno como lo hicieron con Evo Morales y en este caso al de Luis Arce, esos comités políticos se quieren movilizar sin ningún argumento, actualmente, no hay argumento”, subrayó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este jueves que se iniciarán procesos penales contra las exautoridades legislativas que avalaron la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez, tras la Sentencia Constitucional 0052/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificó que hubo golpe de Estado en 2019.

“Lo que corresponde, también, es iniciar un proceso penal por usurpación de funciones, y eso lo tomaremos inmediatamente ya con el equipo que tenemos y con los compañeros que también están preocupados por esta situación y se debe cumplir con la justicia. Así como el pueblo boliviano ha pedido justicia, en este caso, esto tiene que ir en esa línea”, anunció.

Previamente, la Sentencia Constitucional emitida por el TCP será derivada a la Mixta Comisión de Constitución del primer Órgano del Estado para su respectivo análisis, adelantó.

“Evidentemente, ahora, después de tener esta Sentencia Constitucional, lo que si corresponde a la Cámara de Diputados, primero es derivar inmediatamente esta sentencia a la Comisión Mixta de Constitución, para que ellos puedan trabajar sobre esta base”, indicó.

El TCP sentenció, el pasado viernes, que la denominada sucesión “ipso facto” solo se aplica de la presidencia del Estado a la vicepresidencia y a las presidencias de las cámaras de senadores y diputados. Se estableció que en 2019 nunca hubo vacío de poder, por lo que la “sucesión” de Jeanine Áñez fue inconstitucional.

La sentencia 0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca hubo “vacío de poder” ni “sucesión constitucional” en la autoproclamación de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019.

“Las dos vicepresidencias no tenían ninguna atribución para poder ejercer la presidencia de la Cámara de Senadores ni de la Cámara de Diputados, eso está totalmente claro”, ratificó Mamani.

En la gestión 2019, la exsenadora Jeanine Áñez, en representación de la minoría legislativa, ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores y la exdiputada Margarita Fernández, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados.