Perú y Bolivia realizarán su VI Gabinete Ministerial Binacional el 30 de octubre en La Paz con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral.

Con ese objetivo, el presidente peruano Pedro Castillo solicitó autorización al Congreso de su país para viajar a Bolivia esa jornada.

La agencia peruana Andina informó que el ministro del Servicio Diplomático, Eduardo Zeballos, dio a conocer los cuatro ejes temáticos del plan de acción que trabajan Perú y Bolivia.

Los ejes son: Medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; infraestructura para la integración y el desarrollo.

La expectativa está centrada, según agencia Andina, en la gestión del lago Titicaca con medidas destinadas a la remediación de los niveles de contaminación y la promoción de actividades que faciliten su conservación como fuente de recursos hídricos. 

“La única manera de poner a buen recaudo este recurso es trabajando conjuntamente en la gestión. Eso supone ponernos de acuerdo sobre qué se hace y qué no se hace”, aseveró el ministro.

Las operaciones de carga boliviana en el puerto de Ilo, la habilitación de un tercer paso fronterizo entre las zonas amazónicas de ambos países, la profundización de la cooperación y complementación en materia energética son otros temas centrales.

“El funcionario diplomático señaló, además, que en el VI Gabinete Binacional se firmará una declaración política con los acuerdos políticos y diplomáticos al más alto nivel, así como tratados y convenios”, dio a conocer el medio peruano.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores por Cuenta Propia de Cochabamba, Hugo Apaza, informó este miércoles que su sector determinó en las últimas horas que no acatará el paro de 48 horas anunciado por algunos gremiales para la abrogación de la Ley 1386, de la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, porque tiene fines políticos.

“Más que todo es político este paro (…). Por eso hemos determinado que el sector gremial en Cochabamba, somos minoristas, y nadie va a acatar aquí. Mañana (jueves) va a ser todo con normalidad. Eso es lo que hemos decidido en la reunión que hemos tenido esta tarde”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

El dirigente señaló que la medida de presión tiene influencia política porque está liderada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quienes estuvieron por la ciudad de Cochabamba para dar instrucciones a los miembros del algunos sectores de los gremiales.

Además, recordó que ese sector no reconoce la gestión del supuesto secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, Francisco Figueroa, porque dejó de ser dirigente y el máximo líder de esa organización social es Juan Carlos García.

Asimismo, dijo que los trabajadores por cuenta propia apoyan la Ley 1386 porque están conscientes de que no afectará sus intereses, porque los gremiales no son narcotraficantes, ni contrabandistas y ni traficantes de órganos o de niños.

“Al contrario, nosotros apoyamos porque así vamos va a ver a aquellas personas que se enriquecen ilícitamente (…). Sí les afecta a aquellos señores que ganan ilícitamente”, aseveró.

El dirigente dijo que los trabajadores por cuenta propia se organizarán para continuar con su labor y defenderse de los grupos violentos y de vándalos que quieran cerrar casetas o saquear los puestos de venta durante el paro convocado por la Confederación Nacional de Gremiales.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, pidió este miércoles a la población que no se deje atrapar por la corriente golpista que moviliza a sectores sociales en contra de la Ley 1386, de la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, para buscar impunidad por los hechos violentos de la ruptura constitucional de 2019.

“Apelamos a la conciencia política del pueblo boliviano para que no se dejen sorprender, ni se deje arrastrar por intereses ajenos a los intereses que tienen los sectores que han anunciado su movilización. No nos dejemos atrapar por esa corriente golpista que ya hizo daño al país el 2019, que golpeó a las economías de las grandes mayorías del país y que hoy, acorralados por la justicia, quieren impunidad y, para ello, quieren instrumentalizar a estos sectores sensibles que tiene el colectivo social”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

A contramano, la autoridad estatal recordó que el Gobierno nacional abrió el martes un diálogo sobre el contenido de la Ley 1386 con diferentes sectores sociales y dijo que continuará con el proceso, porque considera que es el mecanismo para desenmascarar a los actores políticos que están detrás de la movilización contra la normativa.

Mencionó que las conversaciones con las organizaciones sociales buscan que los implicados en el rechazo al instrumento legal dejen de utilizar a los gremialistas, transportistas y mineros para “saciar apetitos e intereses político partidarios, que tienen como objetivo desestabilizar al gobierno y nuevamente generar crisis económica y corrupción”.

“Con el mayor respeto, les invitamos a debatir uno por uno los siete artículos que hacen a la Ley 1386 o revisar la estrategia que es parte del objeto de esta ley y vamos a ver que en ninguna parte hace referencia, ni una sola palabra que se pueda encontrar, (al término) gremial, que se pueda encontrar carniceros, que se pueda encontrar transportistas”, sostuvo.

La autoridad estatal ratificó que la aplicación de la Ley 1386 no alcanza a las actividades de los sectores sociales, porque sólo tiene “un brazo justiciero” para combatir a aquellas personas que están ligadas al narcotráfico, a la trata y el tráfico de personas, a la corrupción y a la falsificación de billetes.