Según datos de la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz), en menos de seis meses de gestión, diez autoridades ediles, mujeres, denunciaron acoso y violencia política y cuatro renunciaron en el departamento paceño.

“Hasta la fecha hay diez casos y cuatro casos de renuncias, entonces, según la presidenta de la Asociación de Concejalas de La Paz (Maribel Mita), estos casos se van a investigar. No sabemos por qué renunciaron, si renunciaron por presión, o voluntariamente, pero lo que preocupa es que ya tenemos estos casos en menos de seis meses”, informó este miércoles la diputada Bertha Acarapi.

Lamentó que ese tipo de casos se continúen registrando en los concejos municipales, cuando existen normas que protegen a las autoridades mujeres y sancionan esos hechos.

“A más de seis meses, ya hay concejalas que han renunciado, hay concejalas que están sufriendo en este momento acoso y violencia política en sus municipios y eso, como mujeres, no tenemos que permitir, como Asamblea Legislativa tenemos que garantizar estos derechos políticos”, mencionó.

Ante este panorama, este miércoles se desarrolló el taller departamental “Mecanismos de fiscalización y normativa de lucha contra la violencia”, con el objeto de que las autoridades ediles conozcan sus derechos políticos.

“El acoso y la violencia política está obstaculizando que las mujeres puedan hacer gestión pública, el objetivo es empoderarlas, que conozcan cuáles son sus derechos políticos que están garantizados en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales. Hoy estamos difundiendo con la participación del Órgano Electoral Plurinacional, es un tema que nos está preocupando”, manifestó.

Las denuncias son investigadas por la Asociación de Concejalas de La Paz, que por razones de seguridad no precisó los nombres de las afectadas, ni los municipios en los cuáles se registraron esos casos.

El vicepresidente de la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani, Sacaba, Roberto Jucumari, anunció que su organización alista una marcha a La Paz en demanda de justicia y sanciones contra los responsables de las masacres del régimen de Jeanine Áñez.

“Vamos a marchar sí o sí, eso ya está decidido. Entonces, no hay vuelta atrás”, aseguró el dirigente en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Se prevé que la movilización parta desde Cochabamba el 18 de octubre, día en el que se recuerda la recuperación de la democracia en las urnas, cuando Luis Arce, como candidato del Movimiento Al Socialismo, ganó con el 55,11% y puso fin al Gobierno de facto.

Joel Villca, otra víctima de la masacre de Sacaba, hizo referencia a los responsables de violación de derechos humanos en 2019 y aseguró: “Nosotros no nos vamos a rendir. Enviarles un mensaje a estos señores (…) que intenten lo que quieran, que hagan lo que sea, que denuncien lo que puedan, porque a nosotros solo nos van a callar muertos”, aseveró al canal estatal.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

Fiel a su accionar, el jefe de la bancada de diputados de Creemos, Erwin Bazán, este miércoles no quiso emitir criterio con relación a las declaraciones del cívico Rómulo Calvo, quien al margen de afirmar que la wiphala es un “trapo” que no los representa, calificó de mal agradecidos y “cuervos” a bolivianas y bolivianos del occidente que viven en Santa Cruz.

“Bueno, pregúntele a Rómulo Calvo”, respondió ante la consulta sobre las declaraciones emitidas por el presidente cívico; sin embargo, minutos antes se refirió a las declaraciones del asambleísta del oficialismo José Yucra, incluso adelantó que presentará una demanda penal por racismo y discriminación.

“Están ya preparando nuestros abogados, una demanda penal y están revisando también, no solo el Código Penal, sino también probablemente otros artículos porque es posible que aquí también incurran en delitos de sedición y terrorismo, anuncio al país que vamos a presentar la demanda”, afirmó con entusiasmo.

En la misma conferencia, también se refirió a las declaraciones del presidente del Estado, Luis Arce, quien dijo que el pueblo hará respetar su voto popular en las calles, sino quieren respetar en las urnas, pero sobre las declaraciones del cívico Calvo, nada.

“El Movimiento Al Socialismo va a utilizar cualquier declaración para llevar el eje de la discusión hacia el tema de la wiphala, cuando el país está en otras cosas, si el país no está discutiendo el tema de la wiphala, por Dios, seamos sensatos”, fue el justificativo del diputado de Luis Fernando Camacho.

Dijo que el MAS va a usar cualquier declaración que no habría sido bien explicada.

“Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa, lamentablemente el día de hoy ellos va a provocar a todas las regiones de Bolivia con su marcha, ellos están queriendo imponernos en Santa Cruz un wiphalazo, gente mal agradecida que viene a esta tierra por mejores días (…). (…), no sean cuervos”, dijo en la víspera Rómulo Calvo. 

“Por ahí no se explicó bien, el presidente cívico, por ahí, yo no sé lo que habrá querido decir, pero por ahí no se explicó bien, lo que yo he escuchado de sus declaraciones, es que están incompletas, como trabadas, como que le falté explicarse, pero probablemente entiendo yo, que lo que quiere decir es que el espíritu del boliviano es otra cosa y no necesariamente es un símbolo, será él que explique su declaración”, justificó.

Un grupo plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos, consultados sobre si consideran que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contribuirá a que haya justicia en los casos de violación a los derechos humanos identificados, el 71,4% respondió que sí, entre mucho y algo.

El estudio de la fundación Friedrich Ebert Stiftung indica, ante la pregunta: “En su opinión ¿el informe del GIEI contribuirá a que haya justicia en los casos de violación a los derechos humanos identificados en el mismo?”, el 24,4% de los consultados señala que mucho; el 47,0% algo; el 20,0% poco; y el 8,7% nada.

“Está absolutamente claro que en el país existe un pedido de justicia sobre lo que ocurrió en el año 2019, el informe tiene lo positivo de estar equidistante de los poderes políticos, de los intereses políticos inmediatos en nuestro país, distante también de los grupos de presión”, resaltó el vocero presidencial Jorge Richter, respecto al estudio.

El informe del GIEI recomienda “la realización de una investigación efectiva, exhaustiva y diligente, que constituye elemento fundamental para la tutela de los derechos de las víctimas, así como para garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación”.

“Sobre la base de ese informe, sobre sus recomendaciones, que en el punto cinco establece que se debe investigar, encontrar responsabilidades, llevar a la justicia y garantizar el debido proceso para todas aquellas personas, familiares también, afectados por los hechos de noviembre de 2019”, mencionó Ritcher.

El estudio se realizó vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey, del 4 al 27 de septiembre del 2021.