La pandemia ha desnudado la fragilidad de muchos líderes. Otros han surgido como grandes estadistas. Ninguno ha superado, sin embargo, a Jacinda Ardern la Primera Ministra de Nueva Zelanda que logró lo imposible, retornar a la vida normal con una estrategia política enteramente humanista.

No podemos repetir la incertidumbre que padres, madres, niños y niñas vivieron durante la gestión 2020 cuando vieron que la abrupta clausura del año escolar dejó al país sin acceso a uno de los derechos fundamentales del ser humano, la educación.

Hemos empezado el 2021 con la segunda ola del Covid-19 golpeando nuevamente con fuerza a nuestro país, con nuevas y más agresivas cepas que fueron traídas para las fiestas de fin de año de todos los continentes como lindos regalos que están siendo estrenados por nuestros cuerpos y esto configura un nuevo riesgo, no solo para la salud, sino también para la educación y la alimentación de nuestros niños y niñas.

Por eso, es importante que desde las comunidades barriales trabajemos para que niñas/os y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, generando alternativas en torno a la educación a distancia, pero con un seguimiento cercano que involucre a familias, dirigencias, vecinas y vecinos, personal docente, administrativo, alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, ONGs, iglesias. En una palabra, que involucre a todas y todos.

Ya tenemos un camino avanzado durante el aciago 2020, lo que quiere decir que no empezaremos de cero. Por ejemplo, se elaboraron y editaron textos, como ocurrió en el municipio El Puente de Tarija; el personal docente de todo el país ya maneja las plataformas virtuales participativas, salvo excepciones; existen medios de comunicación comunitarios y estatales que están dispuestos a difundir contenidos educativos sistemáticos; se suscribieron convenios con empresas de telecomunicaciones para el acceso al internet; la mayoría de los barrios cuentan con salones barriales, centros productivos, iglesias evangélicas, infraestructuras que hoy por hoy están subutilizadas; y, lo más importante, las madres y los padres aprendieron a involucrarse en la educación de sus hijos y están dispuestos a hacerlo nuevamente.

Por tanto, no hay motivo para pensar si quiera que nuevamente el año escolar tenga que ser clausurando, como ocurrió, de manera irresponsable, el año pasado.

Sin embargo, tampoco se trata de mantener el año escolar abierto, pero sin hacer el seguimiento adecuado a las niñas y niños, sobre todo a aquellos que pertenecen a grupos vulnerables. Es por eso que me atrevo a plantear una propuesta con un eje educativo y otro alimentario para sacar adelante a nuestros niños.

Eje educativo

Lo primero que debemos hacer es abrir los espacios públicos comunales que existen en los barrios, como salones de reuniones, iglesias y otros, para convertirlos en centros comunitarios de apoyo escolar, donde niños y niñas reciban clases a través de las plataformas virtuales, la radio, la tele-educación o simplemente para que realicen sus tareas en horarios determinados, en el entendido de que muchos no tienen acceso a internet ni a equipos en sus casas o no cuentan con el respaldo de sus padres porque éstos tienen que salir a trabajar. Se podría establecer horarios para la difusión de los contenidos de acuerdo al grado escolar que corresponda.

Para determinar qué niños podrán asistir a estos centros, la dirigencia barrial tendría que realizar un censo y organizar la logística: horarios, cantidad de niños, bioseguridad. Para que la propuesta funcione, los ambientes comunales deberían contar con mobiliario, computadoras, televisores, pizarras, material escolar básico, wifi, alcohol, gel, entre otros requerimientos.

En estos espacios debería existir un docente con ítem para que haga el seguimiento a los estudiantes. También se podría contar con voluntarios que apoyen esta actividad, a cambio de certificaciones que mejoren el currículum de cada uno.

Este modelo ya funciona de manera exitosa en los Centros de Apoyo Integral Pedagógicos (CAIPs), que existen en los hospitales y las cárceles de nuestro país y en el PRODAT de Fe y Alegría, que son espacios educativos para que niñas y niños superen las dificultades del aprendizaje en las ciudades en este tiempo de Pandemia.

Eje alimentario

Es de conocimiento de la ciudadanía y autoridades en general que la Pandemia trajo consigo la pérdida de fuentes laborales, sobre todo de quienes trabajaban en el sector informal, lo que hace que muchas familias estén sobreviviendo con los mínimos ingresos económicos que generan en sus nuevas, diversas y precarias actividades económicas.

Por otro lado, hay que recordar que el año pasado, al no haber clases, se suprimió el desayuno escolar que era una fuente importante de nutrientes para los niños y que movía las economías locales.

Por eso y para evitar la desnutrición en los niños y niñas es importante que se trabaje en la apertura de comedores populares para que los estudiantes tengan un alimento diario y seguro. Los comedores populares deben tener un carácter gratuito con un pequeño aporte por niña o niño inscrito al comedor, para cancelar un estipendio a la persona o personas que se encarguen de cocinar.

Los recursos para los víveres pueden ser otorgados por el Ministerio de la Presidencia, previamente adquiridos de los productores locales, lo que no solamente evitaría la desnutrición de la niñez, sino generaría un movimiento económico entre las familias de la localidad.

Asimismo, los alimentos que ingresan por contrabando y son decomisados por la Aduana pueden ser transferidos a estos comedores populares para la alimentación a niñas y niños de los barrios urbanos populares.

Los comedores populares deberían funcionar muy cerca de los centros comunitarios de apoyo escolar para que las niñas y niños tengan la seguridad de aprender, hacer sus tareas, y alimentarse bien, bajo las normas de bioseguridad.

De esta manera, el Estado implementaría, ante la emergencia nacional, una verdadera cruzada nacional para la educación y la alimentación. No podemos volver a dejar que niños y niñas sigan librados a su suerte sin saber si pasan o no clases, si tienen o no tienen internet o si hay alguien casa que les ayude a usar las plataformas virtuales y a hacer sus tareas. Es hora de generar un plan de seguimiento a la educación a distancia para garantizar el acceso a este derecho a la población menos favorecida.

La crisis derivada por la grave pandemia del COVID19, tanto a nivel global, regional y nacional, nos exige una profunda reflexión sobre los esfuerzos que deben realizar los Estados priorizando grupos poblacionales históricamente excluidos y marginados. Este es el caso de las niñas, niños y adolescentes que han sido afectados en el contexto del ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

Los registros públicos, han cerrado el año 2020, con cifras alarmantes de casos de vulneración de derechos, la violencia intrafamiliar se ha exacerbado y las víctimas más vulnerables han sido, las niñas, niños, adolescentes y mujeres. A eso, se ha sumado la crisis institucional provocada por un gobierno transitorio en Bolivia, durante el año pasado y que no logró desarrollar mecanismos efectivos de alerta temprana y respuesta inmediata a víctimas de violencia.   

El llamado a la acción, debe estar acompañado en medidas reforzadas con un enfoque infantocentrico y así situar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el centro de la agenda pública. Hacer efectivas estas medidas, sin lugar a dudas requiere de un soporte y un asocio con la sociedad, las comunidades y las familias, éste es en verdad, el desafío más profundo, en una sociedad marcada por brechas de desigualdad, manifiestamente arraigadas a patrones adultocéntricos, patriarcales y racistas.

La afectación claramente elocuente, apunta a que la supresión y limitación de los derechos humanos, en contextos de crisis, tiene un impacto más acentuado en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como la infancia, la niñez y la adolescencia.

Dentro este grupo de mayor vulnerabilidad, hay afectaciones aún mayores, por ejemplo: las niñas, niños y adolescentes en situación de institucionalización por pérdida del cuidado familiar o por ser víctimas de violencia, niñas y niños de la primera infancia, niñez migrante, niñez con discapacidad, entre otras situaciones de alto riesgo. Asimismo, se han adicionado riesgos inminentes provocados por el cambio de rutina y esparcimiento de niñas, niños y adolescentes, que ahora pasan más tiempo en internet y redes sociales, lo que los hace más vulnerables a sufrir acosos cibernéticos y otro tipo de violencias y vulneraciones asociados a esta virtualidad.

Priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, como un principio holístico y rector de las acciones públicas frente a este virus de desigualdad, es un imperativo necesario y urgente, que debe tomarse con la diligencia necesaria. La narrativa, entorno a que el virus llega a ser benevolente con las generaciones más jóvenes, no debe plantear  -erróneamente- la postergación de sus derechos y la consecuente negativa de concebirlos, como sujetos de derechos y seres humanos en condiciones especiales de desarrollo. Y todo esto pasa, por garantizar su protección integral con prioridad absoluta mientras dure la pandemia y generar acciones concretas en el contexto post pandemia, que permitan aminorar los impactos nocivos en sus vidas.

El virus ha golpeado de una manera desigual, pero lo ha hecho de una manera aún más dura con quienes ya tenían una desventaja social, económica y etarea, ello conlleva a que se debe reforzar las acciones de toda índole, como respuesta a la pandemia, porque el virus exacerba las desigualdades existentes.

Ver a la infancia, a la niñez y a la adolescencia, como estrictamente portadora de futuro y no invertir en su presente, es un mal de muchos, porque posterga sus derechos y esto es algo que claramente debe cambiar, en el lenguaje, que es muy poderoso, pero sobre todo en las acciones presentes que potencien sus vidas y el desarrollo de nuestras sociedades.

Plantear una agenda urgente y necesaria, para la niñez y adolescencia, conlleva la inversión pública del Estado en todos sus niveles, que permita fortalecer los sistemas de protección de la niñez y adolescencia, para la prevención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, implica además democratizar el acceso al derecho a la educación, con el pleno ejercicio de oportunidades en el ámbito urbano y rural, implica trazar un camino conjunto entre el Estado, la sociedad y las familias, en la que aunemos esfuerzos. Está claro, que el virus es letal y además es un virus que acrecienta las desigualdades, pero paradójicamente no es el virus el que ocasionará las peores consecuencias para las sociedades, lo hará la falta de acción oportuna.

Requerimos movilizarnos y hacer un gran llamado a la acción, al Estado, a las familias, a la sociedad civil, a los líderes comunitarios, a las iglesias, a las empresas, a los profesionales probono, a los voluntarios, a las agencias de cooperación, a los organismos no gubernamentales, a la academia y a los medios de comunicación.

Requerimos una gran alianza, un compromiso nacional sin precedentes, para hacer frente a los posibles escenarios de desigualdad, acrecentados por la pobreza, la inequidad de género y el sistema adultocentrico y poner en la agenda pública prioritariamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes.¡Podemos hacerlo, estamos a tiempo!.

El Ministerio de Gobierno realizó este jueves el relanzamiento de la Patrulla de Auxilio y Cooperación (PAC) con al menos 40 motocicletas y 40 oficiales de la Policía que brindarán atención directa a la población en cuanto a emergencias, prevención de delitos y educación ciudadana.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue quien presidió el acto de relanzamiento del PAC en un acto realizado en la Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz.

“Deseamos que estos nuevos 40 funcionarios policiales  que ahora son parte integrante de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana, cumplan con su deber siempre comprometidos con su pueblo y con todos y cada uno de los sectores más desfavorecidos”, sostuvo el Ministro, según el reporte de BTV.

La PAC fue creada originalmente el 14 de enero de 1994 con el espíritu de coordinar y ejecutar políticas sociales cívicas y asistenciales, fundamentalmente en los campos de la salud y la educación. Esta unidad policial realiza trabajos de acercamiento entre la niñez y juventud hacia la Policía, explicó la autoridad.

La Patrulla de Auxilio tiene, entre sus características, la posibilidad de llegar a lugares alejados de las ciudades gracias al uso de motocicletas.