La educación a distancia generó muchísimas preguntas, críticas y, sobre todo, cambios en las dinámicas sociales importantes. No solo la educación ahora depende para muchas personas del acceso a electrónicos tales como celular, laptops o computadoras, sino que el proceso de socialización de la infancia que representa la escolarización, se vio interrumpido. Niños y niñas cuyo primer año en el colegio ya no significaba conocer a su primer amigo o amiga, y normas sociales que el colegio no ha podido inculcar.

Sin embargo, quizás la mayor pregunta que deberíamos estar haciéndonos en cuanto a la educación a distancia, es ¿Quién se encarga de los niños y su escolarización? Una computadora compartida por cinco personas que deben trabajar, asistir a clases y realizar trabajos y tareas al mismo tiempo. Internet saturado de usuarias y usuarios que no pueden prescindir de su uso. Y en ese contexto, nos encontramos con que según los datos del BID/Cornell de 17 países en Latinoamérica (excluyendo Chile), en todas las actividades no remuneradas de cuidado y del hogar quien se ha dedicado de manera exclusiva a ellas en mayor proporción son las mujeres. Entre ellas por supuesto entra el apoyo escolar de las y los hijos. Y no es casualidad que estos datos se ven reflejados en que tanto en la población casada y soltera, sean las mujeres las que más han perdido su trabajo durante la pandemia, siendo reconocible una evidente mayor diferencia entre hombres y mujeres solteras. Entendiendo que son estas ultimas quienes integran casi en su totalidad las familias monoparentales, nos encontramos en una verdadera crisis.

Esto significa que no solo las mujeres han sido más propensas a ser consideradas redundantes en sus fuentes laborales (o incluso cerrar sus propios negocios), sino que además la economía de cuidado y del hogar, y la educación, ahora dependen del trabajo no remunerado de esas mismas mujeres. El resultado de esta combinación peligrosa, es que muchas más mujeres y, por ende, familias monoparentales, se encuentran en estado de vulnerabilidad exacerbado por la pandemia, mientras que al mismo tiempo la sociedad depende de ellas para la educación de las próximas generaciones que durante al menos dos años tendrán educación a distancia. En este contexto, urge que el Estado tome medidas para reducir la carga puesta en los hombros de las mujeres bolivianas como parte del conjunto de medidas prioritarias de la pandemia.

Para que esto pueda ser llevado a cabo, es necesario que las políticas públicas tengan un enfoque de género, estén basadas en evidencia y que incluyan las cuatro R: A) Reconocer: mediante recolección de datos, encuestas, investigaciones, etc. que ayuden a comprender la situación base de las mujeres y la economía del cuidado del país; B) Reducir la cantidad de horas de trabajo de cuidado no remunerado y la carga del trabajo del hogar; C)Redistribuir el cuidado, entendiendo que no es asunto privado: el cuidado es indispensable para el desarrollo de las sociedades, el Estado debe tomar responsabilidad junto a la sociedad; y D) Representar a las mujeres que realizan trabajos de cuidado remunerado y no remunerado. Estas medidas deben ser tomadas en paquete, lo que implica que el éxito de estas depende de la correcta implementación de todas.

Como sociedad nos toca entender que, si el trabajo de cuidado no es abordado por el Estado y toda la población como la prioridad que debería ser y desde su imprescindibilidad, no podemos esperar que el país crezca y con esto, que las próximas generaciones disfruten de condiciones de vida dignas. 

La película se repite: la pandemia de coronavirus golpea a Bolivia en medio de la campaña electoral y surge el debate de postergar la fecha de la elección por razones sanitarias, como ocurrió dos veces en 2020. Sin embargo, encuentro al menos cuatro razones para considerar que la fecha de votación debe mantenerse.

La evidencia demuestra que el proceso electoral del año pasado no incrementó los contagios. Si bien el número de casos era menor al actual, no se registró una subida en los días siguientes; al contrario, la curva que inició su descenso a finales de julio, alcanzó su nivel más bajo en el mes posterior a la votación. Desde el 18 de octubre, cuando acudimos a las urnas, los nuevos casos confirmados se mantuvieron en una meseta de alrededor de 125 contagios diarios y el repunte se inició a mediados de diciembre. Con lo cual queda estadísticamente demostrado que la votación no incidió en una mayor propagación del virus. Otro de los temores que había antes de la votación general era que exista un alto nivel de ausentismo, algo que tampoco ocurrió. Según información del Tribunal Supremo Electoral, la participación ciudadana alcanzó el 87% y se mantuvo dentro del promedio histórico.

Más allá de los datos, que son fundamentales para orientar la toma de decisiones, se debe considerar que el día de la votación supone menos riesgo que cualquier otro principalmente porque se tiene bajo control los únicos lugares donde se puede generar aglomeraciones. En los recintos de sufragio es posible limitar el número de personas que ingresan, hacer cumplir las distancias y el uso de elementos de bioseguridad, a diferencia de un día cualquiera donde hay concentraciones sin ningún tipo de supervisión en el transporte público, los mercados, los bares, las filas en los bancos o en los eventos de campaña. Y es precisamente este punto el que se debe evitar: postergar la fecha de votación significa alargar la campaña. Como se ha visto en las últimas semanas, en los eventos proselitistas difícilmente se cumple con las medidas de bioseguridad, no existen las distancias ni los barbijos. El verdadero riesgo sanitario está ahí.

Los candidatos tampoco se esfuerzan por dar el ejemplo, varios han demostrado que los intereses políticos están por encima de la salud pública y que aunque utilicen la pandemia como estrategia de campaña -llevando dudosas brigadas médicas a sus votantes y repartiendo fármacos no probados sin ningún criterio médico- su objetivo es sumar votos a cualquier costo.

Último pero no menos importante. Si bien el artículo 238 de la Constitución Política del Estado prohíbe que las autoridades de cargos designados o electos sean candidatos si no renuncian tres meses antes de las elecciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional omitió en 2019 esta prohibición bajo el mismo criterio de los “derechos humanos” con el que habilitó a Evo Morales para su última postulación. Los candidatos/autoridades, expertos en callar cuando la vulneración de la ley los favorece, descuidan la función pública por hacer campaña política. En una emergencia sanitaria como la que atravesamos lo correcto es que quienes administran los niveles del Estado estén abocados a su trabajo a tiempo completo, para eso se les paga. Si una sentencia constitucional les permite dejar el escritorio para hacer caravanas, que al menos la ética y la mirada pública se los impida. Mejor votemos cuanto antes y nos quitemos candidatos y campañas de encima.

El imperialismo norteamericano da muestras, cada día más visibles, de una profunda crisis, vista en perspectiva, de un carácter irreversible. No es solo una crisis económico-productiva, en la que pierde competitividad con la China y otros países, es una crisis aún más profunda en sus finanzas públicas con una deuda externa gigantesca e impagable. La brecha entre los más ricos y los más pobres se ha profundizado hasta extremos inconcebibles. El 1% de los más ricos – lo superbillonarios – retiene más del 60% de la riqueza mientras que el 10% mas pobre no alcanza al 10%. Estados Unidos se ha convertido en los últimos 30 años en el país más desigual entre todos los países llamados desarrollados. Decenas de millones de personas deben acudir a los cupones de alimentación, sin atención médica y pésimos o inexistentes servicios básicos. La pobreza extrema en Estados Unidos ya alcanza a más de 45 millones de personas. El gasto militar sigue creciendo, profundizando la crisis y las miles de bases militares norteamericanas a lo largo y ancho del planeta siguen ejerciendo permanente amenaza de agresión e invasión.

El racismo se ha profundizado con la multiplicación de grupos neonazis que pregonan el supremacismo blanco, atacando comunidades negras, con la ayuda de la policía y los operadores de justicia. Ser negra, pobre e indocumentada en Estados Unidos es una categoría muy parecida a la esclavitud.

El sistema electoral norteamericano ha sido diseñado para el dominio histórico y permanente de la oligarquía del complejo militar-industrial-mediático. Recién ahora, después de las últimas dos contiendas electorales nacionales, incluso sus desavisados admiradores han podido comprobar que es el sistema más antidemocrático. Elección indirecta de candidatos, propuestos y designados por gobernadores, donde el votante de base, no tiene la menor posibilidad de decidir. Desincentivo a la participación popular que no llega ni al 50% de la población en edad de votar. En muchas ocasiones se han realizado elecciones en días laborables. Los dos partidos representan a fracciones de la misma oligarquía y los parlamentarios son gestores de leyes y políticas que las benefician. Los candidatos deben tener una apreciable fortuna para poder apalancar mayores y millonarias “donaciones” para la campaña electoral, que no son otra cosa que inversionistas que recuperaran con creces, el capital invertido.

El visible rezago económico y la gradual pérdida de su hegemonía ha producido la emergencia de una tendencia de un nacionalismo fanático, agresivo y fascista, que alcanzó el poder con Donad Trump y persigue mantenerlo indefinidamente a cualquier costo, para hacer, según pregonan, “otra vez grande a Norteamérica”, beneficiando a grandes empresarios con millonarios créditos, rebaja de impuestos, disminución severa de recursos para la salud pública y la educación y con severas medidas proteccionistas, a tiempo que exige de sus aliados, socios y otros clientes comerciales la apertura de sus mercados.

Es un profundo error sostener que esta administración ha desestimado la lucha por la dominación mundial para concentrase en la recuperación económica. Por el contrario, ha profundizado e intensificado su intervención en todo el planeta, en Medio Oriente, apoyando al régimen genocida de Israel, y financiando a ejércitos mercenarios como el Califato Islámico para dividir países y generar guerras civiles y saquear sus recursos naturales, en el África, despedazando países como Libia, Sudán, Etiopía, Yemen que se han convertido en un campo de batalla, en Latinoamérica contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. En el Asia contra Corea del Norte, La China e Irán, en Europa contra Rusia y Bielorrusia, apoyando y armando al régimen fascista de Ucrania. Presiona a sus aliados de la OTAN para que aumenten su aporte para la “defensa del mundo libre”, que en realidad significa el rearme y la agresión imperialista global. 

El intervencionismo y la agresión imperialista norteamericana financia golpes de estado en los países donde se han instalado gobiernos que adoptan políticas soberanas de defensa de su integridad y sus recursos naturales. En Bolivia el golpe fascista de noviembre de 2019 y el movimiento de los “pititas” es una muestra de aquello.

Lo que sorprendió a todos es la incursión de pititas norteamericanos, para la toma del Capitolio (el parlamento norteamericano), que bajo instrucción del presidente Trump avasallaron a la guardia que curiosamente fue rebasada con facilidad por grupos armados con bates y algunas armas de fuego. No es difícil imaginarse lo que hicieron, hacen y pueden hacer pititas aleccionados y financiados en otros países. En Bolivia tenemos esa triste y sangrienta experiencia.

Sorprende la similitud de sus demandas y denuncias. Fraude electoral, previamente anunciado, “fraude monumental” en Bolivia, “fraude escandaloso” en Estados Unidos. En ninguno de los casos pudieron presentar prueba contundente alguna. Toma, destrucción y saqueo de instituciones y tribunales electorales en Bolivia, toma y destrucción del parlamento en Estados Unidos. Demanda de anulación de elecciones tanto en Bolivia como en Estados Unidos. Racismo fascista exacerbado contra la población negra en Estados Unidos, racismo fascista exacerbado contra la población indígena en Bolivia. Golpe de estado consumado en Bolivia, Camacho compró la adhesión de militares y policías, golpe de estado frustrado en Estados Unidos, Trump fracaso en su propuesta y ofrecimiento a los militares.

Pititas en Estados Unidos dicen luchar contra la instalación de un gobierno socialista, en Bolivia pititas luchan contra el proceso de cambio que propugna el socialismo comunitario.

Esta es la democracia que se pretende instalar, es el sueño americano frustrado que se convierte en pesadilla, para los trabajadores, la clase media y para los inmigrantes, con pititas con bate y escudo, aquí y allá, luchando por la “Libertad” y la “Democracia”. Es la manifestación de los estertores más violentos de una dominación imperialista que se agota mostrando los rasgos más retrógrados.

La irrupción pitita contra el Capitolio no es un episodio aislado ni pasajero, es el anuncio de enfrentamientos violentos, es la manifestación de la agudización extrema de las contradicciones sociales, políticas, culturales y nacionalitarias en el interior de Estados Unidos, sin olvidar tendencias centrífugas de estados que ya amenazan con la separación.

Es el inicio del quiebre de una democracia para pocos y una feroz dictadura para la mayoría. Asoma en el horizonte cercano, la reacción mas violenta de las fracciones mas reaccionarias de la oligarquía del complejo militar-industrial-mediático-tecnológico norteamericano, cuya expresión actual es el trumpismo, que acorralado por su irreversible declive recurra al fascismo  militarista y racista y a la agresión expansionista global, como único medio de recuperar su perdida hegemonía y dominio mundiales.

Lo ocurrido la anterior semana en EEUU, ha sido una demostración de la fuerza que ha cobrado la extrema derecha en el mundo. No se trata sólo de un grupo de seguidores de Trump que actuaron descabelladamente rechazando el resultado electoral y tomando instituciones por la fuerza, se trata de una estrategia de acción de las derechas más reaccionarias en el mundo.

En la última década en las democracias de Latinoamérica, Europa e incluso en EEUU, ha habido una fuerte demanda por políticas sociales, derechos, etc que fueron correspondidas por la agenda de los partidos y gobiernos de corte progresista, de izquierda, y la social democracia en el caso europeo. De esta manera es que en varios países del mundo las fuerzas de izquierda llegaron a gobernar, en esta década se generaron varios tipos de políticas sociales principalmente dirigidas a los grupos poblacionales más vulnerables económicamente, discriminados, y sometidos por un sistema mundial desigual (capitalista patriarcal racista).

En este contexto que para el común de la gente es óptimo, por la generación de derechos, y todo lo expuesto anteriormente. Resurgen las derechas más reaccionarias justamente en respuesta a la pérdida de sus privilegios por sobre grupos menos favorecidos, de este modo vimos como llegaron al poder personajes como Bolsonaro en Brasil, Trump en EEUU, y se fortalecieron partidos de extrema derecha como VOX en Europa, con discursos racistas, discriminadores, homófobos, fundamentalismos religiosos, etc; de la misma forma en Bolivia resurgieron grupos racistas, religiosos y violentos que fueron parte del golpe de Estado como la “unión juvenil cruceñista” y la “resistencia juvenil cochala”  ligados a Camacho y Añez, se ensalzaban los discursos de fanatismos religiosos llegando incluso con la biblia en mano al palacio de gobierno y estigmatizando a los sectores populares.

Todos estos discursos discriminadores ocurren de maneras muy similares en todas partes donde resurge la extrema derecha y van acompañados del mismo accionar violento; desconocimiento de procesos democráticos, desconocimiento de resultados de elecciones donde pierden, toma de instituciones por la fuerza, grupos armados que ejercen violencia, lógicas supremacistas de actuar, etc. En algunos casos apoyados por medios de comunicación que corresponden a los mismos intereses de estos grupos.

Quizá este movimiento político corresponde a lo que varios analista políticos y estudiosos de las ciencias sociales se refieren como ciclos políticos, oleadas, o el campo gravitacional de la política; en el que siempre hay un péndulo entre la derecha y la izquierda que persigue precisamente el movimiento del péndulo que mientras más al extremo se vaya retorna con mayor fuerza al otro lado. Sin embargo más allá de las teorías del análisis político lo verdaderamente peligroso del retorno y fortalecimiento de estos grupos de extrema derecha es que vienen acompañados de una agenda de antiderechos, discriminación y violencia.

El año pasado hubo en EEUU un gran movimiento en reivindicación por toda la gente asesinada por la discriminación racial denominada Black Lifes Mather, probablemente esto hizo que los grupos racistas conservadores que apoyan a Trump se hayan fortalecido en su antagonismo a este movimiento y haya decidido mostrar su fuerza, desconociendo los resultados de las elecciones y ejerciendo violencia. Lo que nos muestra claramente que más allá de este péndulo político, se pone en juego todas las políticas sociales en las que se hayan avanzado en este tiempo, un retroceso hacia fundamentalismos y privilegios de clase y raza en el que los derechos de las mujeres, indígenas, y sectores empobrecidos y discriminados en diferentes sociedades se ven mellados; y con esto las democracias también se ven en peligro.

Cómo expuse anteriormente estos grupos de extrema derecha se han fortalecido a nivel mundial pese a los discursos altamente discriminadores y racistas que profesan. En este caso Estados y sociedades que hemos avanzado en una lógica de reivindicaciones sociales están frente al reto de buscar las formas democráticas y fortalecer los consensos sociales para que más allá del ciclo político, las sociedades puedan contar con la progresividad de los derechos y las políticas sociales concretadas.