Las ciudades las hacen las personas.Ésa es una frase que se utiliza muchísimo en presentaciones, conferencias, simposios y exposiciones de las y los expertos en el desarrollo de las ciudades. Efectivamente, las ciudades son lo que son gracias a lo que la gente que vive en ellas puede hacer y cómo se puede relacionar.

Estas relaciones hacen que ciertos ejes se desarrollen más que otros, dependiendo de la visión de la población y, principalmente, de la lectura que sus autoridades hacen de las potencialidades, disputas y dificultades que se han presentado o que se pueden presentar en su territorio.

Con la abrupta aparición de la COVID-19 en el escenario, especialmente urbano (recordemos que el 90% de los contagios a nivel mundial, fueron en ciudades) la frase “las ciudades las hacen las personas” requiere precisarse añadiéndole “y el altruismo o la sordidez de sus autoridades se encargan de dirigir o truncar su desarrollo”. Esto último ha pasado en todo el mundo y no se aplica solamente a las ciudades, sino inclusive a países enteros.

En la primera ola de la pandemia en 2020, las autoridades nacionales decidieron encerrar a toda la población (en ese momento parecía la medida más efectiva, por lo menos para los países en los que la COVID había llegado con anticipación y que tienen, por supuesto, otras condiciones). Siguiendo el modelo de la OMS, esas autoridades decidieron militarizar las calles de las ciudades para que no exista movimiento alguno. Así, cada familia debió arreglárselas en sus viviendas (que en muchos casos en nuestro país están compuesta únicamente por una habitación y que no cumplen las condiciones mínimas para vivir adecuadamente) para subsistir alrededor de casi tres meses. Y usaron la pandemia y el terror para robar.

Como digo, este modelo parece haber tenido buenos resultados en otros países y es probable que en la cuestión de contingencia sanitaria que estábamos viviendo en ese tiempo, haya sido una medida inteligente. Sin embargo, ya que las ciudades las hacen las personas, dejar a una gran cantidad de población urbana (el 70% de la población nacional ya vive en las ciudades) encerrada en espacios que no necesariamente cumplían las condiciones mínimas para habitar, ha resultado en otro tipo de complicaciones económicas (más del 70% de la población económicamente activa en las ciudades genera sus ingresos en la economía informal), psicológicas (el encierro ha generado altos niveles de ansiedad, especialmente en las poblaciones vulnerables) y sociales (la violencia intrafamiliar se ha incrementado en el tiempo de cuarentena) que no se habían previsto en las reuniones de gabinete, donde se definieron las medidas.

Peor aún, mientras toda la población en las ciudades se encontraba en cuarentena, no faltaron autoridades (y familiares de autoridades) que aprovecharon su posición para delinquir y/o para usar de manera indebida los bienes del Estado o inclusive para instalar redes interinstitucionales de corrupción. Parece ser que una cortina de humo como la pandemia les ha dejado un escenario propicio para hacer negocios turbios. El 2020 nos ha dado un abanico inmenso de ejemplos de este tipo de acciones y actitudes.

Pero esa práctica no fue exclusivamente durante la cuarentena y a razón de la pandemia.Últimamente hemos evidenciado (a pesar de los fastidiosos gritos con los que algunos actores políticos se desgañitaban denunciando una supuesta persecución política de parte de las autoridades del nuevo gobierno legítimo, contra aquellas autoridades que, claro ha quedado, han asumido cargos en base a una primera acción, por lo menos irregular) que el accionar de varias exautoridades (los exministros Murillo y López aparecen en primer plano de la fotografía, pero se nota que aún falta bastante por desentrañar) estaba centrado casi exclusivamente en el delito y la corrupción desde mucho antes de ese periodo de urgencia nacional.

Utilizaron el miedo y la intimidación para mantener en sus casas a familias que, en muchos casos, necesitaban del trabajo diario para subsistir. Mientras ellos podían viajar por todo el país (moviendo inclusive a amigos, familiares y “conocidas”) so pretexto de coordinar acciones. Es muy fácil cuando todo el mundo está encerrado con el miedo del virus tocando la puerta. Es muy fácil, decía, encontrar la manera de “aprovecharse” de este tipo de circunstancias, para hacer lo que se ha deseado desde hace tanto tiempo.

Y luego, cuando la cuestión se presentó desbordada y sin perspectivas de poderse controlar, soltaron el timón y le entregaron la responsabilidad a los gobiernos locales, para que se arreglen como puedan, sin recursos, sin condiciones y sin capacidad técnica especialmente en el sector de salud (no voy a negar que la sanidad pública ha sufrido enormes falencias desde hace muchísimo tiempo y tampoco hemos tenido la capacidad para solucionar esos problemas cuando aún no enfrentábamos una pandemia mundial). Desaparecieron y dejaron a las ciudades a la deriva, a su suerte. Y, por detrás de las administraciones locales, las familias que sobrevivían con ingresos ya precarios antes de la COVID, debieron imaginar soluciones subrepticias y subversivas, no existía otro camino. Ahí se generaron redes de solidaridad que son dignas de aplaudir y resaltar. Sin embargo, nuevamente apareció el aparato represivo de los ministros del terror, aislando (por una mezquina visión política) a barrios y comunidades enteras de ejercicios comunitarios de respuestas a los problemas urgentes en las ciudades: alimentación, medicamentos e ingresos económicos. 

Mientras algunas familias estiraban la sopa con un poco más de agua para que alcance un día más, con temor a salir, no solamente por el virus, sino por la presencia militar en cada esquina, que amenazaba con “hacer desaparecer en 10 segundos” a las personas que intentaban buscar algo para llevar a sus hogares, algunos ministros se aprovecharon negociando con absolutamente todo el aparato del Estado a su disposición, socapados por un grupo de medios de comunicación antipopulares que hoy tienen incrustada la espina de haber dejado ganar al bloque popular una vez más.

En un 70% de la población en la economía informal, el encierro resultó el empujón necesario para que aquellas familias que estaban al límite, caigan en el abismo de la pobreza. Hoy el desafío está en ver cómo salimos del abismo al que la pandemia y la desastrosa administración nacional en 2020 (justo en tiempos de COVID) nos han empujado. Esto pasará, pienso yo, por aclarar todo lo que se había hecho y dejando precedentes contundentes para que ni unos ni otros se animen si quiera a pensar en hacer negocio con la desgracia humana, pero, fundamentalmente, (y más urgente aún) buscar alternativas para que ese más del 70% de la población nacional que genera sus ingresos en el sector informal (el porcentaje muy parecido al de toda la gente que hoy vive en las áreas urbanas de nuestro país) encuentre incentivos suficientes para hacer transitar sus ingresos hacia un mercado más “formal” que le entregue seguridad, tranquilidad futura y, principalmente, respuestas a urgencias sanitarias y educativas. 

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.

Un juez determinó este viernes por la noche la detención preventiva por cinco meses para Daniel Leonardo Aliss Paredes, quien es el cuñado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y está involucrado en el caso denominado “Gases lacrimógenos”, informó su abogado defensor Patricio Vargas.

“Se ha dispuesto la detención preventiva por un período de cinco meses para el señor Daniel Aliss, habida cuenta de que existe un contradicción en el elemento arraigador trabajo, después la concurrencia del numeral 1 del artículo 235”, manifestó en una entrevista con Bolivia Tv.

(Noticia en desarrollo)

Una persona que trabaja en la zona Sur de la ciudad de La Paz y que vive en la ciudad de El Alto utiliza una gran cantidad de tiempo en movilizarse desde su hogar hasta su trabajo, dejando de lado otras actividades (generalmente las de esparcimiento, las recreacionales, las de estudio o las de relacionamiento social con su familia) que le parecen menos importantes, con el objetivo de generar los ingresos suficientes para su subsistencia.

Pronto, los habitantes de la zona Sur de la ciudad de Cochabamba estarán pendientes de lo que suceda en la represa de Misicuni, pues de allá recibirán, como la mayoría de las zonas de la ciudad de Cochabamba, de Sacaba, de Quillacollo y Colcapirhua, una gran cantidad de agua potable para su subsistencia.

En Santa Cruz, se producen una gran cantidad de delitos en la zona del Plan 3000, pero los delincuentes no son necesariamente “vecinos” de esta zona, sino que vienen de algún otro lugar de la gran ciudad.

Hace algunos años, el presidente Evo tuvo que intermediar en un conflicto entre el Gobierno Municipal de La Paz y el municipio donde se encuentra (incluso hasta ahora) el botadero de basura. Un lugar que ha sufrido un desastre ambiental, justamente por la cantidad de desechos que se generan en todos los barrios, zonas, distritos y macrodistritos de la hoyada.

Los alimentos que sostienen a las diferentes ciudades, provienen en su mayoría de municipios con predominancia rural, desde donde se movilizan estos productos hasta los centros de abasto de nuestras ciudades.

Estos son algunos ejemplos de cómo es que la vida en las ciudades sobrepasa los límites administrativos de la distribución geográfica de sus jurisdicciones.

Hemos vivido (y estamos viviendo aún) las evidencias de esta última aseveración: la pandemia ha demostrado (en el mundo entero) que de nada sirve que un municipio defina un tipo de medidas restrictivas, duras, contundentes, si en el municipio que está exactamente al lado (o incluso a algunos kilómetros de distancia) no se toman medidas más o menos parecidas.

En la ciudad de Cochabamba (Cercado), los números de contagios y fallecidos aumentan, pero no solamente por la acción (o inacción) de sus autoridades, la responsabilidad (o irresponsabilidad) de sus habitantes y la necesidad (o desidia) de su aparato económico, sino, además, por la relación que tiene este municipio con los otros de la región metropolitana: Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe y Vinto, además de las otras regiones que se conectan regularmente con ésta (hay un flujo de movimiento muy fuerte entre la región metropolitana y la región del valle alto, por poner un ejemplo).

Como ejemplificaba en los primeros párrafos, el movimiento de la gente de El Alto hacia la ciudad de La Paz (y viceversa) hace también que el rastrillaje que se hace en estas dos ciudades encuentre sus raíces en la otra, pues todos los días miles de personas suben y bajan. De igual manera (aunque en un caudal más moderado) sucede con los demás municipios de esta región metropolitana (Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca y un poco más lejos, pero con evidencias de interrelación, Laja y Pucarani).

Asimismo, sucede en la región metropolitana de Santa Cruz (la más grande del país). Cuando las autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra definen mecanismos de cuidado de sus ciudadanos y los municipios vecinos no se organizan de la misma manera (o más o menos parecida), el movimiento que se genera todos los días desde La Guardia, Cotoca, El Torno y un poco más allá, Porongo y Warnes, hace que las medidas de uno de esos territorios resulten debilitadas, justamente por esa ausencia de coordinación.

Pasa cosa parecida con las otras ciudades grandes de nuestro país y sus relaciones con los municipios aledaños (las regiones metropolitanas que se comienzan a consolidar, por ejemplo, en Tarija, Beni y Oruro). Esta pandemia ha dejado ampliamente demostrado que las relaciones interterritoriales sobrepasan las condiciones, las capacidades y hasta las predisposiciones de las autoridades.

La interdependencia económica, social y cultural demuestran que nuestras ciudades están íntimamente conectadas y que requieren levantar la mirada, encontrar los ojos del vecino (el del otro municipio aledaño) y sentarse a pensar ordenadamente en respuestas, primero para la urgencia de la pandemia (la salud, la educación y la economía requieren, como hemos dicho, respuestas más que urgentes e interdependientes) y luego para lo que viene.

Ante ello, es urgente que los tres niveles de gobierno (nivel central, gobernaciones y municipios) logren sentarse en una mesa y organicen una agenda común mínima, que le permita a cada uno aportar, desde las competencias que le corresponden, en la solución de lo urgente (la pandemia y sus consecuencias inmediatas) y lo estratégico (el proyecto de desarrollo que cada una de las ciudades y las regiones tienen para sí). Los espacios de coordinación intergubernativa (que ya existen y que deben ser activados inmediatamente) son imprescindibles para que este tiempo de incertidumbre nos entregue un poco de luz y esperanza para escapar hacia adelante. Las respuestas no pueden ser individuales, sino comunes, concertadas, coordinadas y colectivas.

Javier Delgadillo Andrade/.