Este lunes se recuerda en varias partes del planeta el Día del Internet o Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Bolivia llega a esta jornada con más de 10 millones de personas conectadas a la red, con avances en la firma digital y con progresivos resultados en su economía digital.

Según la ONU, se conmemora la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865 con el objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y a la economía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital.

En términos generales, la situación en Bolivia es que existen más de 10 millones de personas conectadas a internet y avances importantes en la implementación de la firma digital, indicó Bladimir Magne, director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib).

“De acuerdo a las estadísticas que genera la ATT, se ha visto que existen más de 10 millones de personas conectadas al internet y eso es a través de los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes con los cuales podemos acceder a la búsqueda de información, a la búsqueda de servicios. El internet ha ido creciendo cada vez más”, indicó, en una entrevista con Bolivia Tv. 

Hace cinco años, explicó, las conexiones en domicilios no superaban los 2 o 5 megas, pero actualmente las compañías brindan paquetes de 30 o 60 megas con los que “tranquilamente nosotros podemos acceder a mayor utilización del internet, bajar películas, bajar música, generar reuniones, juegos en línea. Eso permite el gran avance que están generando las telecomunicaciones aquí, en Bolivia”.

En cuanto a la firma digital, ésta ya se utiliza en las operaciones de importación y exportación, en las actividades del Banco Central de Bolivia y en los trámites del Tribunal Supremo de Justicia.

A su vez, la publicación “La situación de la economía digital en Bolivia”, difundida por las organizaciones Internet Bolivia, Derechos Digitales y Friedrich Ebert Stiftung, indica que los departamentos donde la conexión a internet tuvo mayor alcance son: Santa Cruz (2.838.627 conexiones), La Paz (2.671.291 conexiones) y Cochabamba (1.709.964) hasta septiembre de 2018.

La publicación añade que el 42% de la población boliviana cuenta con un computador. En las ciudades capitales, el 59% posee esos equipos, pero en el área rural el 19% cuenta con un computador.

Respecto al comercio electrónico en el país, el reporte indica que, de todas las personas que utilizan internet, solo el 10% realizó una compra por internet y solamente la mitad de esas personas declaró que la transacción se realizó mediante un pago online.

El informe añade que, en 2017, se registraron 20.764 empresas dedicadas a realizar actividades específicas de bienes y/o servicios TIC con un crecimiento del 64,4% respecto a 2012.

Respecto a las Startups (emprendimientos con un alto componente de innovación, de base tecnológica, escalable y en un entorno de negocios de redes) se tiene que hasta 2019 existían 152 a nivel nacional, según la “Línea Base del mapeo del ecosistema de tecnología digital en Bolivia” realizado por la Fundación Solydes, Funda-Pro y la Fundación Emprender Futuro, añade el reporte de Internet Bolivia.

Es nuevamente 17 de mayo, fecha en la que resaltamos las experiencias de lesbofobia, bifobia, homofobia y transfobia que surgen día a día. Logramos varios avances, pero todavía nos queda ahondar en la mente de la sociedad para deconstruir esos temores que se esconden en lo más profundo de nuestro ser.

Un ejemplo claro son las intenciones de mayor avance en cuanto a derechos en Bolivia: el camino hacia el matrimonio igualitario, con la jurisprudencia de la unión civil, se está proyectando, pero es controversial consultarlo con la Iglesia Católica. Es como si retrocediéramos siglos, cuando los reyes debían pedir permiso al Papa para casarse (o divorciarse, como el caso de Enrique VIII de Inglaterra).

Es preciso recordar que nos encontramos, constitucionalmente, en laicidad. Así, debería consultarse a todas las creencias, o más acertadamente, a ninguna, puesto que los asuntos sobre derechos universales corresponden, en definitiva, al Estado junto a los beneficiados, no así a instituciones religiosas.

De antemano, se puede intuir la visión de la Iglesia sobre el matrimonio igualitario, ya que por siglos nos ha llamado “herejes”, “enfermos” y que, en sus tiempos más progresistas ha dicho: “Dios ama al pecador, pero no el pecado”.

Por supuesto que no se trata de enemistad y rivalidad. Existen personas de la diversidad que son creyentes, y cada quien tiene el derecho de profesar o no la fe que desee y unirse, de ser posible, en ella. También muchas consideran que el matrimonio es una institución que perpetúa el patriarcado. Ahí radica justamente la democracia y la laicidad, que la opción esté para quien la desee y quien no, no la tome.

Por último, recordar que el Tribunal Constitucional tiene todavía una gran deuda con la comunidad trans, a raíz de la sentencia del año 2017 que se espera sea subsanada pronto. Nos toca descolonizarnos, re aprender, deconstruirnos, si queremos ser parte de una sociedad más justa para cada persona.

Jessica Velarde/.

El politólogo norteamericano Gene Sharp fue uno de los primeros en hablar del término “golpe blando”, como una respuesta al golpe de Estado tradicional de la década de los años 70 y 80 en Latinoamérica. Sharp, muy vinculado a la CIA norteamericana, se basa en un principio para derrocar o desestabilizar un gobierno; él señala que cuando la ciudadanía deja de obedecer al Estado, se genera una situación de crisis e inestabilidad social que puede desencadenar en la caída de un gobierno electo.

Gene Sharp nos indica que son cinco los pasos de un golpe blando. La primera etapa tiene que ver con promover acciones no violentas para generar una sensación de descontento social y acusar al gobierno de autoritario, destacando denuncias de corrupción y la divulgación de falsos rumores; en la segunda etapa se tienen que desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de turno; la tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones; la cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad"; y, por último, la quinta etapa tiene como objetivo la renuncia del gobierno de turno y, paralelamente, la movilización de las fuerzas armadas para una intervención militar que consolide el golpe de Estado.

El Bolivia, el año 2018, ya se había puesto en evidencia esta estrategia. Recordemos declaraciones de representantes de Conade en fecha 6 de diciembre del mismo año, que llamaban a la desobediencia civil para defender la democracia (Primera Etapa del Golpe), entre ellos el extinto exdefensor del Pueblo, Villena; Waldo Albarracín, la señora Amparo Carbajal; desde Estados Unidos, Carlos Sánchez Berazain, que en incontables declaraciones alentaban a desconocer el gobierno del entonces presidente Evo Morales. A esto, se sumaron con mayor fuerza, en 2019, los movimientos cívicos de Santa Cruz y Cochabamba, principalmente.

Paralelamente, aunque no desvinculadas, trabajaban las plataformas ciudadanas de activistas, quienes a través de movimientos ONG y algunos personeros vinculados con la Embajada de Estados Unidos, entre ellos Erick Foronda (quien consumado el golpe de Estado resultare siendo Secretario Privado en el despacho de Jeanine Añez), desarrollaban intensas campañas en defensa de la libertad de prensa, el respeto a la democracia, el Tipnis, medio ambiente, entre otros; y acusaban al gobierno de Evo Morales de totalitario y dictatorial.

En plena campaña y antes de las elecciones generales de octubre de 2019, se desarrollaron una serie de cabildos, entre ellos el cabildo del 4 de octubre en Santa Cruz, en el que, a título de protestar por el “incendio” de la Chiquitania, concentraron a todo el bloque opositor al entonces gobierno del MAS, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, quienes juraron rebeldía ante el cuarto mandato de Evo Morales y Álvaro García Linera, determinación que fue aprobada por el cabildo de cerca de 200 mil personas concentradas en el Cristo (Segunda Etapa del Golpe).  

En esta etapa, ya se avizoraba el plan conspirativo en contra del gobierno de Evo Morales, que en ese momento tenía ya en marcha toda una estrategia para derrocar al gobierno de turno, que consistía en desconocer los resultados de las elecciones generales, sea cual fuera el resultado, a título de tacharlo de ilegal por ir en contra de la Constitución, ya que, como decían, no permitía una re re re elección indefinida. 

Pasadas las elecciones generales del 20 de octubre del año 2019, proceso electoral que se vio cuestionado por partidos políticos, plataformas ciudadanas y diversos sectores de oposición al MAS, se dio inicio a protestas y acusaciones de fraude electoral luego de que se interrumpiera la transmisión NO OFICIAL del conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que con el recuento al 83,76%, mostraba que si bien Evo Morales lideraba en la votación, no alcanzaba la diferencia de votos necesaria para evitar el balotaje con Carlos Mesa. Es en este momento que la EXCUSA del plan conspirativo, hubiese sido cambiada, ya no era el desconocimiento al cuarto mandato ilegal de Evo Morales, sino el supuesto “fraude electoral”, el que detonaría el derrotero de la renuncia de Morales y García Linera.

Ya las voces de desconocer los resultados de las elecciones generales no se hicieron esperar. Carlos Mesa llama a la lucha activa por la defensa del voto; y, desde Santa Cruz, se estaba convocando a cabildos a nivel nacional con el objeto de manipular a los colectivos ciudadanos para que se emprendan manifestaciones y protestas violentas, amenazando con la toma de instituciones, que rápidamente hicieron eco en occidente a la cabeza del Conade de Waldo Albarracín, quienes en conferencias de prensa manifestaron que era inaceptable la suspensión del conteo rápido de votos del TSE, ya que sus encuestas (Jubileo) determinaban una segunda vuelta electoral.

A la cabeza de Luis Fernando Camacho, Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, se convoca a toda la ciudadanía en general a un paro cívico indefinido desde la mañana del martes 22 de octubre de 2019, exigiendo respeto al voto del pueblo y evitar el fraude. Similares posturas se anunciaban en otros departamentos. Los días pasaban y el conflicto, las protestas y los puntos de bloqueo a nivel nacional se iban incrementando, y se iban radicalizando. Ya las protestas en las calles dejaron de ser pacíficas y se tornaron altamente violentas, hubo enfrentamientos cuyo resultado fue el fallecimiento de dos personas en el municipio de Montero, a la altura de la urbanización de Cofadena, el 30 de octubre de 2019.

Las protestas ciudadanas de los cívicos y las denominadas plataformas 21F (en su mayoría protagonizadas por sectores de clase media y clase media alta) pasaron a tornarse violentas e incluso se constituyeron grupos civiles armados (usaban armas no convencionales) utilizando como escudos partes de turriles metálicos pintados con la tricolor de la bandera nacional, se había fabricado una especie de morteros o bazucas y se organizaron en grupos de motociclistas, cual si fuera una caballería motorizada; estos grupos se auto identificaron como la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista, plataformas 21F en La Paz, etc., para enfrentar a los movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo. A esta coyuntura se suma la quema de los Tribunales Electorales Departamentales y la toma de varias instituciones estatales a nivel nacional, que ponían en jaque al entonces presidente Evo Morales, ante la aletargada mirada de las fuerzas del orden (Tercera Etapa del Golpe). 

El 2 de noviembre de 2019, se produce una reunión de los Cívicos y el Conade, en esta reunión determinan mandar una carta a los comandantes de las tres fuerzas armadas, en la que llamaban a “escuchar el clamor del pueblo en las calles”. Asimismo, manifestaban su beneplácito de “no aceptar ordenes de dispar contra su pueblo”, en esa reunión, fue la primera vez que dan un plazo de 48 horas para que renuncie Evo Morales, plazo que fenecía el 4 de noviembre de 2019 a horas 19.00, y decían “al mundo entero que no estamos derrocando al gobierno, sino estamos liberando a toda una nación”; también, anunciaron decisiones más duras para consolidar el pedido de renuncia. En palabras del extinto Rolando Villena, representante del Conade, “esas acciones están en la línea de la desobediencia civil” (declaraciones de prensa del 3 de noviembre, RED UNITEL). Anunciaba ya la toma de instituciones y casas de autoridades nacionales (del Legislativo y del Ejecutivo) del entonces gobierno del MAS. Anunciaba también el traslado del conflicto de todas las regiones a La Paz con el objetivo de desestabilizar al gobierno y crear un clima de ingobernabilidad, era la batalla final en busca del derrocamiento de Evo Morales (Cuarta Etapa del Golpe).

El 4 de noviembre, se realizó un cabildo en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho leyó un pliego de demandas atribuido a los policías y que exigía una jubilación con el 100% del salario, restituir unidades tradicionales y poner en vigencia el plan de carrera de generales. El cabildo lo aprobó y ese día, el dirigente cívico, sostuvo que los policías están con su pueblo (tiempo después contó cómo su padre había cerrado con los militares). También anuncio que redactó la carta de renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Ya para el 5 de noviembre, se veían paralizadas las instituciones públicas estatales, y se reportaba que domicilios de autoridades gubernamentales se encontraban con presencia de personas que realizaban bloqueos y vigilias en las puertas y calles de ingreso. El 6 de noviembre, Luis Fernando Camacho llega a La Paz, en medio de un fuerte resguardo policial. El dirigente cívico anunciaba la entrega de una carta de renuncia para que el presidente Evo Morales la firme, y también dejar la Biblia en Palacio Quemado de la plaza Murillo, el epicentro del poder político en Bolivia.

Camacho se instala en el hotel Casa Grande en la zona Sur de la sede de gobierno, y el 7 de noviembre de 2019, participa de un cabildo en las puertas de Adepcoca. Fue el viernes 8 de noviembre, el día en el que la Policía se amotina en Cochabamba, y se produce una suerte de “repliegue” en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni.  

Desde Potosí, se conoce la salida de buses de Fedecomin Potosí con destino a la ciudad de La Paz con una cantidad de 1.500 cooperativistas mineros, que partían el sábado 9 de noviembre de 2019 en más de 30 buses desde la avenida Tinkuy en Potosí, marcha que fue retrasada por los distintos bloqueos que existían en las principales carreteras por movimientos sociales afines gobierno de Evo Morales.

Estos acontecimientos precipitaron la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, fue ese mismo día que los cívicos de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de Potosí, Marco Pumari, ingresaron con la Biblia en la mano, la tarde de ese domingo, a Palacio de Gobierno para dejar la carta de renuncia, como fue la determinación de un cabildo en la capital oriental (Quinta Etapa del Golpe).

A la renuncia de Evo Morales, le siguieron la renuncia del vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el diputado Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, todos bajo presión y amenazas de quema de sus domicilios y secuestro de sus familiares. Estos acontecimientos provocaron un vacío de poder que posibilitó que la 2da. vicepresidente del Senado, Jeanine Añez, se autoproclamase Presidente, decisión que contaba con el respaldo del bloque opositor al gobierno del MAS a la cabeza de Camacho, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, Doria Media, Rubén Costas, la Iglesia Católica, el Alto Mando Militar y Policial.

Ni la Policía, ni el Ejército ni los grupos de los autodenominados “pititas” dejaron ingresar a los asambleístas del MAS para sesionar y dar lectura a las cartas de renuncia y, en su caso, aceptarlas, elegir nuevas directivas, y a los nuevos presidentes de las Cámaras, para así tener una transición constitucional. En su lugar, la autoproclamada presidenta Añez fue posesionada de manos de un militar, el general Williams Kaliman, consumando de esta forma el golpe de Estado.

Como rechazo a este golpe de Estado y la quema de la Wiphala, los movimientos sociales afines al MAS, en especial de El Alto, salieron en protestas y en enfrentamiento con las fuerzas policiales, militares y paramilitares. Estos acontecimientos provocaron que la Presidenta de facto y su recién posesionado gabinete ministerial, emitan el Decreto Supremo No. 4078 ,de 14 de noviembre de 2019, que desencadenó en las masacres de Sacaba y Senkata, masacres con las cuales Jeanine Añez afianzaría su gobierno que denominó de transición.

En los últimos días, la coyuntura política del país ha girado y gira entorno a si hubo golpe de Estado o hubo fraude electoral, esto con relación a la asunción al poder de Jeanine Añez. Al respecto, es importante resaltar que no existe una vinculación directa de ninguna de las dos posiciones. El supuesto fraude electoral, de ser demostrado, a la luz de los acontecimientos antes mencionados, solo significó una excusa para la oposición al gobierno del MAS el 2019.

El Golpe de Estado blando, como relata Gene Sharp, vinculado a la CIA norteamericana, es un plan conspirativo, desestabilizador que tiene por finalidad derrocar gobiernos constitucionalmente electos, aplicado en varios países en Latinoamérica, y que, en Bolivia, el año 2019, tuvo éxito, en medio de varios errores que se había cometido en la última gestión de Evo Morales.  

José Luis Quiroga Altamirano/.

Las ciudades deben ser el lugar para vivir bien. Eso requiere, más que acciones urgentes y de corto plazo, una mirada innovadora y con proyección de largo alcance. Pensar en la “normalidad” como la de antes, nos llevará simplemente a profundizar las desigualdades que hemos construido hasta ahora.

Hemos llegado a la tercera ola de la pandemia (o esta tercera ola nos ha encontrado mientras caminábamos despreocupados). Mientras en algunos lugares vemos filas larguísimas de personas que buscan su primera (o segunda) vacuna, en otros se encuentran sillas vacías y personal sanitario a la espera de que aparezca “alguien que quiera vacunarse”.

Mientras tanto, las fiestas (clandestinas o no) han comenzado a reventar la quietud de las noches. Los mercados han vuelto a abarrotarse de gente en días de feria (en otros días que no son de feria también). El transporte público ha olvidado (parece intencionalmente) las restricciones de cupo de pasajeros y aforo por motorizado. Y mucha gente en las calles de nuestra ciudad ha decidido guardar su mascarilla y dejar sus pequeños dispensadores de alcohol en algún rincón de sus casas. Tal parece que, a pesar del riesgo (y la desesperación que vemos, escuchamos y sentimos, producto de la acción despiadada del virus), hemos decido “pasar del COVID” y seguir nuestras vidas.

Hace más o menos un año, grandes expertos, teóricos y estudiosos se habían dado a la tarea de imaginar cómo sería “volver a la normalidad” en nuestras ciudades, luego de haber vencido al virus. Se habían lanzado varios desafíos, como el fortalecimiento de lo público (especialmente en el sector de salud), modelos híbridos de educación (virtual, semipresencial y presencial), el teletrabajo como herramienta innovadora para los empleadores y para los empleados y un gran grupo de otras alternativas que deberían servir para enfrentar un futuro que, se había resaltado, ya no iba a ser igual. No es casual que las recomendaciones y los cuestionamientos se centren en lo que se hace en las ciudades. Con un porcentaje cercano al 95% del total de los contagios a nivel mundial, las ciudades se han convertido en el epicentro de la pandemia.

Ahora bien, esas alternativas propuestas podían servir, por supuesto, en las ciudades de Europa, varias del hemisferio norte y algunas latinoamericanas. Sin embargo, producto de nuestra diversidad, de las condiciones en las que nuestras ciudades han encontrado de súbito al virus en sus calles y en sus hospitales, en muchos casos por la desidia de los gobiernos (locales, en particular, pero no exclusivamente), por la ausencia de coordinación y en muchos casos por ausencia de políticas públicas claras (a propósito o espontáneamente), en las ciudades bolivianas esas propuestas de “evolución” de las ciudades han sido muy poco aplicables (por no decir inviables).

En Bolivia, producto de las fuertes restricciones definidas por el anterior gobierno en la primera parte de la pandemia, muy poco se ha podido hacer. Las condiciones precarias en las que el virus ha encontrado a las administraciones locales, regionales, departamentales y hasta a nivel nacional, ha permitido simplemente responder a manotazos sobre algunas cuestiones desesperadamente urgentes (no hablaremos aquí de todos los hechos de corrupción con los que se ha manchado la lucha contra el COVID en la gestión 2020).

Sin embargo, a pesar de ello, se han visto iniciativas dignas de elogiar, en su mayoría, que provienen de la misma acción social, de la misma fuerza de las comunidades, los barrios y las organizaciones. Más allá de aquello, la primera y segunda ola nos ha demostrado que las ciudades no estaban preparadas para enfrentar una pandemia de este tipo. Las restricciones definidas por el gobierno nacional, respecto al cierre de negocios (por ejemplo) han hecho que los gobiernos locales vean sus recursos notablemente reducidos, lo que ha dado como resultado, claro está, un margen muy corto para pensar en alternativas financiadas directamente desde lo público. Peor aún, las respuestas de las autoridades locales y nacionales han demostrado muy poca imaginación, iniciativa y audacia.

Luego de ello, y en medio ya de la tercera ola, con un ejercicio de vacunación que se acelera de a poco, pero que aún no alcanza la velocidad que se requiere, debemos pensar en aquella “nueva normalidad” prometida por expertos, pensadores y académicos. Tal parece que la población en las ciudades (o por lo menos una buena cantidad de ella) ha decidido construir una nueva normalidad muy parecida (si no idéntica) a la que existía antes de la pandemia.

Es, efectivamente, muy complejo en realidades como las de nuestras ciudades bolivianas, pensar implementar modelos foráneos. Con una economía informal que sobrepasa el 70% en este momento (centrada esencialmente en las ciudades), los modelos de teletrabajo y telemercado parecen no encontrar lugar. De igual manera, aquellos ejemplos de mejor “re-uso” del espacio público, planteado por los expertos internacionales, no son aplicables en realidades periurbanas en las que aún existen deficiencias muy profundas. En nuestras ciudades aún existen zonas que no cuentan con servicios básicos (o por lo menos su acceso es limitado) y, por tanto, esos modelos basados en nuevas costumbres sanitarias serán muy complicados de implementar, cuando las familias no cuentan con agua potable suficiente para su alimentación diaria.

En ciudades como las nuestras, en las que “lo normal” giraba en torno a la insalubridad, el desorden, la inseguridad y, en general, las desigualdades espaciales (aquellas diferencias territoriales marcadas entre los barrios ricos y los barrios pobres, a la que las autoridades, especialmente las locales, han fomentado por ingenuidad o adrede), parece ser que los desafíos se han multiplicado para las nuevas autoridades. Dependerá de su capacidad de innovación, de la audacia con la que enfrenten este tiempo y, por sobre todo, de su apertura y disposición para la coordinación, no solamente con el Gobierno nacional, sino también (y fundamentalmente) con los diferentes actores sociales y políticos de su territorio, que puedan salir airosos de esta batalla y, más aún, puede significar una bocanada de aire fresco para su gestión y para su proyección política futura.

Javier Delgadillo Andrade/.