La hegemonía neoliberal trastocó el modelo de los ajustes estructurales de las economías latinoamericanas, las que se convirtieron en máquinas de pago de intereses por préstamos de organismos internacionales, que va en detrimento del consumo interno y del desarrollo, atado a monedas sobrevaloradas. El déficit comercial que acarrean las altas tasas de interés, que son administradas por estos organismos que captan el capital de países en desarrollo, obligando a privatizar empresas públicas como parte de la renegociación de la deuda externa.
La debilidad de estos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), son las políticas económicas que no necesitan depender de fondos buitres, que provocan el crecimiento de la pobreza en algunos sectores de la sociedad y favorece a las clases que tienen acceso directo a estos préstamos y a los medios de producción, estos se manejan de manera discrecional, lo que vino ocurriendo en distintos países de Latinoamérica, donde la brecha de la pobreza crecía y los sectores directamente relacionados con la explotación de recursos naturales era ampliamente favorecido.
Los préstamos vienen en calidad de ayuda para reactivar la economía de los países en vías de desarrollo, mejor dicho, países que por el mal accionar o corrupción de sus gobernantes se ven en la necesidad de someterse al juego de los intereses para poder acceder a estos préstamos que son claramente marcados por políticas económicas definidas por el FMI. Una vez contraída la deuda hay un compromiso del pago de tasas de interés del 0,5%, pero, además, deben aplicar las recetas condicionadas en los contratos en su ámbito interno, como quitar las subvenciones, desempleo, bajar el salario mínimo vital, devaluar la moneda y subir las tasas de interés en la banca interna.
Cada una de las recetas del FMI van direccionadas a un accionar concreto, como devaluar la moneda, esta medida es muy controversial porque favorece a un solo sector, en este caso concreto el exportador, y va en desmedro de los trabajadores de todo el país, que ven que sus salarios no tienen el mismo poder adquisitivo, en otras palabras, el sueldo no alcanzará para nada, porque el país estará subyugado a una moneda regente sobrevalorada.
Dentro de este universo de soluciones que plantea el FMI, todas generan una dependencia a la necesidad de obtener préstamos y apresar en círculos viciosos donde la premisa es dar más dinero y recibir mayores intereses, con beneficios extras, como la apropiación de los recursos naturales y empresas estratégicas, para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones como el pago de salarios y mantener los servicios básicos, llevando a ser países sometidos a los intereses que dicta este organismo internacional.
En América Latina, el FMI es rechazado por sus políticas estrictamente usureras. Los programas de auxilio económico de la organización han dejado durante las últimas décadas un recuerdo amargo en varios países de la región.
Los controvertidos programas de ajuste estructural de la economía, como la reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, devaluación de la moneda, etc., exigidos por el FMI como condicionante para entregar los recursos. En la pandemia, el FMI prácticamente prestó a petición, con la premisa de ayudar a sobrellevar las cuarentenas, pero la realidad es la recuperación de un mercado como el boliviano, que lo había perdido ya varios años y dejó de percibir el interés.
Estas medidas concebidas para paliar severas crisis económicas provocadas por la pandemia han encendido multitudinarias protestas y, en algunos casos, han derivado en inestabilidad política, como es el caso de Ecuador, donde la eliminación del subsidio a los combustibles por parte del Gobierno, tras haber alcanzado un acuerdo con el FMI, ocasionó una ola de violentas manifestaciones que llevaron al presidente a declarar el Estado de excepción e incluso, a mudar la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil.
El Banco Central de Bolivia devuelve el crédito millonario acordado por el gobierno de Jeanine Áñez, el primer préstamo concedido al país en años, este ascendía a $us 327,7 millones para enfrentar la pandemia de COVID-19, fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020, donde se accedió a estos fondos sin la aprobación de la Cámara de Senadores; éste, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano.
Ahora, lo curiosos es que después de la devolución de este préstamo y de no asumir las recetas económicas del FMI, este organismo internacional comprende que una economía sin dependencia es clara y puede crecer lejos de los fondos buitres, como lo dice el reciente informe “Perspectivas de la economía mundial”, que proyecta un crecimiento económico del 5,5% para Bolivia en 2021 y colocó al país entre los cuatro con mejor proyección en la región, luego de Perú, Chile y Argentina.
Estos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cuestionaban estos nuevos modelos económicos como el caso de Bolivia, ahora reconocen que la auto sostenibilidad económica con políticas que benefician no solo a los empresarios, sino busca la igualdad con las clases de menores ingresos, asegurando que el dinero ganado le permita comprar lo necesario para seguir produciendo por el bien del país.
Martín Moreira/.
