Foto: Facebook Perú Libre - Pedro Castillo

“Existe la realidad, la ficción y el Perú”

El próximo 6 de junio tendrá al Perú de cara a una segunda vuelta transcendental, donde Pedro Castillo —alias "el profe"— y Keiko Fujimori —hija del controvertido expresidente Alberto Fujimori— disputarán la presidencia de un país que atraviesa una profunda crisis política, sanitaria y económica provocada por la pandemia, el modelo económico y el divorcio de la clase política respecto a una sociedad empobrecida, hastiada de la corrupción y cada vez más apática de sus instituciones.

No es casualidad que solo el 40% de los electores que acudieron a sufragar en la primera vuelta se hayan decantado por las figuras de Castillo y Fujimori. El primero, un profesor rural y sindicalista proveniente de la provincia de Cajamarca, candidato por el partido Perú Libre y que nadie daba en la segunda vuelta. Por el otro lado, Keiko Fujimori, que por tercera vez intenta alzarse con la presidencia y que carga en su espalda con las derrotas frente a Ollanta Humala y Pedro Kuczynski, como también con las denuncias por corrupción, lavado de activos y por liderar una organización delictiva dentro de su partido Fuerza Popular, y por el cual estuvo bajo arresto preventivo durante el año 2018.

A esto queda añadir que la nueva composición del Congreso peruano tendrá como principal característica la fragmentación, debido a que estará conformado por 10 partidos políticos y que ninguno gozará de la mayoría necesaria para gobernar. Sin duda, este será el principal escollo a superar por parte del presidente electo, dado el papel desestabilizador que desempeñó el Congreso bajo las últimas presidencias. En ese sentido, necesitará de alianzas para lograr algún margen de gobernabilidad y así, poder llevar adelante las profundas reformas que requiere la sociedad peruana, y que fueron bandera de las movilizaciones lideradas por la denominada “generación del bicentenario” que derivaron en la renuncia de Manuel Merino, luego de la vacancia contra Martín Vizcarra en el año 2020.

A su vez, esta carrera electoral ha provocado la polarización de la sociedad peruana, dadas las profundas diferencias sociales y políticas entre los candidatos y lo que ellos representan. En ese marco, han sido constantes las movilizaciones populares a lo largo del país para denunciar el peligro que representa el regreso del fujimorismo al poder, debido a las condenas por crímenes de lesa humanidad que purga Alberto Fujimori, sumado a las múltiples causas de corrupción y de abuso de poder por parte del fujimorismo en su paso por el Ejecutivo. Estas causas sin duda representan la principal carga para las aspiraciones de Keiko, dado que ella nunca hizo una crítica al ejercicio del poder de su padre y tampoco dio certezas sobre las denuncias contra su persona por el caso Odebrecht.

En lo que refiere a Pedro Castillo, sus adversarios han centrado la estrategia en posicionarlo como un candidato radical y extremista, debido a sus propuestas de convocar a una asamblea constituyente y de proponer la nacionalización de los recursos naturales, agitando así el miedo por la “llegada del comunismo” y la repetición de lo sucedido en Venezuela. Sin duda, esta campaña no sólo nació de los adversarios políticos, sino de la élite económica y de los principales medios de comunicación que desde el 12 de abril han llevado adelante una campaña sucia contra la figura de Castillo y el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acusando al primero de inexperto, títere y de representar un peligro para el modelo económico y la democracia peruana; y al segundo, de pintarlo como quien realmente ejerce el poder en la campaña, para así minimizar y afectar a la figura de Castillo.

Cabe señalar que a esta estrategia se sumó Mario Vargas Llosa, quien hace años señalaba que nunca votaría por Keiko Fujimori debido a los antecedentes antidemocráticos del fujimorismo; pero que, sorpresivamente, en esta elección brindó todo su apoyo a Keiko, dado el favoritismo de Castillo en las encuestas. En ese sentido, la Fundación Libertad, liderada por los hermanos Vargas Llosa, ha hecho un esfuerzo descomunal para lavar la imagen de Keiko con el objetivo de convertirla, paradójicamente, en la opción más moderada y en la abanderada de la democracia y la libertad frente al peligro del “totalitarismo” representado por un profesor rural. Y que incluso necesitó de la presencia del líder ultraderechista venezolano Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, que se pasearon por el país alertando el peligro castrochavista que “significa” Castillo.

Sin duda, este fin de semana los peruanos elegirán, en medio de la esperanza del cambio —luego de muchos presidentes que incumplieron con sus promesas electorales— y de las campañas del miedo orquestadas por una élite desesperada y dispuesta a todo para mantener el statu quo. En ese sentido, será esa población cansada de la sociedad de privilegios y de un modelo económico —que a la fecha solo ha sido exitoso para pocos—, la encargada de brindarle su apoyo a un candidato genuino, poco conocido, pero dispuesto a liderar un proceso de cambio como Pedro Castillo, o de darle una nueva redención al fujimorismo, pese todos los actos de corrupción, violación de derechos humanos y de abuso de poder por el cual es investigado en la justicia peruana.

Fernando López Ariñez/.

Allá por el 2016, el Gobierno nacional comenzó con la tarea de construir un marco conceptual para la visión futura de nuestras ciudades. Aprovechó la elaboración del Informe País que Bolivia debía presentar en la Conferencia Mundial de HABITAT III, en la que todos los países miembros de las Naciones Unidas debían demostrar los avances en la consolidación de los asentamientos humanos y urbanos desde hace 20 años.

En ese tiempo, Bolivia tuvo que reconocer que no se había hecho mucho para consolidar una política, una mirada y una estrategia que nos permita entregarle mejores oportunidades al crecimiento de las ciudades en nuestro país y, por el contrario, se había dejado un gran trecho en la gestión del desarrollo de los centros urbanos, a la suerte de lo que la gente podía hacer con sus propias manos.

Sin embargo, el trabajo de construcción del informe nos ayudó a construir un marco conceptual sobre lo que nosotros esperábamos (pensábamos) que se debería hacer para construir ciudades más equitativas e inclusivas. A ese ejercicio conceptual se le denominó “comunidad urbana” y se incrustó en el centro de la discusión planteada por el informe “Construyendo Comunidades Urbanas para Vivir Bien”, presentado en la Conferencia mencionada, en la ciudad de Quito (Ecuador).

En el nuevo número de la revista de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Rodrigo Puerta hace un recuento detallado de la ruta que tomó esta construcción y de los insumos que generó para la construcción de una novedosa “Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades”, que hoy se encuentra lista para su implementación y apropiación de parte de los actores locales, en cada ciudad. Dejo esta referencia y centro mi reflexión sobre la construcción conceptual mencionada.

La propuesta de comunidades urbanas reconoce la experiencia “particular” de las organizaciones de ciudadanos/vecinos, para contribuir activamente a la construcción colectiva de una visión de desarrollo de su barrio, de su zona, de su ciudad y de su país. Esta propuesta intenta, además, incorporar en la reflexión de la construcción de las ciudades, los principios básicos del paradigma del Vivir Bien. Basados en la reciprocidad, el sentido colectivo del espacio y de las decisiones y el respeto a la Madre Tierra, como pilares fundamentales de la nueva visión de desarrollo del país, la propuesta de las “comunidades urbanas” intenta organizar estas ideas y definir rutas para que el aparato público, responsable de la administración de lo común, comience a construir una propuesta de desarrollo para las ciudades.

Las comunidades urbanas reconocen la fuerza creadora de las personas que, viviendo en las ciudades, recogen la experiencia y tradición de las comunidades indígena originario campesinas y desarrollan mecanismos de solidaridad, de autogestión y autosustento, lejos aún de las acciones del Estado que, por otro lado, tiende siempre a llegar tarde a los lugares donde las ciudades van creciendo en nuestro país.

Estas comunidades, que logran consolidar modelos de reciprocidad, de equilibrio y de colectividad para el uso de los espacios comunes, deben servir para re-construir las relaciones sociales y económicas en nuestros centros urbanos que, dicho sea de paso, han tenido que adecuarse a las dinámicas aceleradas de crecimiento por presión del mercado de la tierra.

Las ciudades en nuestro país (y la mayoría de las ciudades en Latinoamérica) han sido cooptadas por la dinámica devastadora del mercado. Así, el suelo, este recurso natural finito, se ha convertido en objeto de mercancía y mercantilización. Esto ha supuesto poner en segundo y en tercer plano las necesidades de la población que vive y llega permanentemente a vivir a las ciudades y el equilibrio incuestionable que debe existir entre el crecimiento de los centros urbanos (que ejercen una presión importante en el equilibrio ecológico) y la Madre Tierra, poniendo de esta manera en primera línea de prioridad el precio que puede significar la posesión y el uso del suelo y el espacio en las ciudades.

La propuesta de las comunidades urbanas postula precisamente la necesidad de comenzar a cambiar esta dinámica mercantilista en las ciudades, pensar en las necesidades comunes de la población más necesitada, relegada y vulnerable, y comenzar a construir dinámicas solidarias, equitativas, colectivas y horizontales para que el uso del espacio y del suelo deje de ejercer la presión que hoy tiene sobre la naturaleza.

Esto no significa, de ninguna manera, hacer borrón y cuenta nueva en las ciudades, desmantelar todo lo que se ha hecho y conseguido, destruir infraestructura con visión “occidental”. Se trata más bien de educar a nuestras nuevas generaciones a convivir y cuidar la Madre Tierra, utilizando las nuevas tecnologías para un fin común, priorizando las urgencias de los grupos más vulnerables, escuchándose, dialogando y estableciendo agendas mínimas de temas comunes, para avanzar hacia una idea de futuro construida participativamente. Las Comunidades Urbanas reconocen nuestras raíces, pero también acogen el avance tecnológico, de manera que esta sinergia se convierta en la herramienta fundamental para construir un futuro sostenible para nuestras siguientes generaciones, sin desconectarnos de las bondades de los avances científicos a nivel mundial.

Una política pública de nueva generación, como deseamos que sea la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, deberá responder a ese desafío: equilibrar lo “moderno” con la “recuperación” de esos ejercicios de convivencia y comunitarismo. Pensar que en nuestro país una política de ciudades debe reconocer simplemente las experiencias foráneas exitosas sería mentirse y condenar esta iniciativa a un final sin el impacto deseado.

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.

El canciller Rogelio Mayta destacó este viernes las gestiones diplomáticas con Argentina para la liberación de oxígeno medicinal con destino a Bolivia.

“Valoramos las gestiones diplomáticas con #Argentina que nos han permitido la liberación de varios embarques de oxígeno. Pese a las dificultades y a la escasez mundial logramos este acuerdo para nuestro pueblo. El trabajo sigue, a esta pandemia la enfrentamos entre todos”, escribió en su cuenta de Twitter el Ministro de Relaciones Exteriores.

Al respecto, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco indicó que, debido a las condiciones de transporte y volumen, Bolivia está limitada a importar oxígeno solo desde países vecinos. Y en Argentina, Brasil y Perú están vigentes las restricciones de exportación de este gas.

En Perú se consiguió que unidades de transporte participen el traslado desde otros países de oxígeno para Bolivia. Y en Argentina, por otra parte, se tramitó la excepción de exportación por 30 metros cúbicos (m3) desde una planta de producción en Tucumán, informó Anadolu Agency.

Este viernes, Blanco anunció la llegada de las primeras 22,5 toneladas de oxígeno medicinal desde Brasil, de 320 toneladas que fueron autorizadas por el país vecino para su exportación.

La pandemia ha enseñado a muchas personas a lavarse a la perfección las manos; quienes mejor aprendieron esta acción, en términos políticos, fueron los colaboradores de Jeanine Añez. Durante más de 11 meses, tras la subversión del orden constitucional en noviembre de 2019, se trató de posicionar el relato de “fraude electoral”. Ese relato se cayó a pedazos ante la incompetencia de sus guionistas para sustentarlo. Hoy se devela que sólo fue la excusa para romper con el orden constitucional de la forma violenta, como lo hicieron.

La expresión más gráfica de la confrontación entre la Bolivia plurinacional y la Bolivia colonial segregacionista fue la quema de wiphala y la proclamación con Biblia en mano. Uno de los personajes protagonistas del régimen de facto impuesto a los bolivianos por autoproclamación, utilización abusiva e ilegal de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado fue sin lugar a dudas Arturo Murillo.

El exparlamentario reciclado del Órgano Legislativo, como muchos ministros del régimen de Añez, para asumir funciones en el Órgano Ejecutivo (campo desconocido para ellos por 14 años), hizo por 11 meses gala del más absoluto autoritarismo y prepotencia. Un sujeto que apenas entró al poder por la fuerza se dedicó a “cazar”, como él mismo refería, a todo aquel que pensara diferente a él. Paradójicamente fue “cazado” por legitimación de ganancias ilícitas y posibles vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica.

Al FBI poco o nada le interesan los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra los derechos humanos fundamentales; pero, para delitos de orden fiscal, su legislación suele ser sumamente draconiana. Más allá de su suerte judicial, llama la atención cómo el carnicero de Sacaba y Senkata fue abandonado a su suerte y hasta negado por sus aliados políticos, quienes se lavaron las manos de forma descarada.

El titiritero de Áñez fue abandonado por su propia marioneta (Áñez), por su exjefe de partido (Doria Medina); por Carlos Mesa, que en esta situación no fue para nada tibio, como suele serlo; por Jorge Tuto Quiroga, quien respaldaba sus acciones abusivas y jamás recriminó su accionar criminal; menos en espacios como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA, espacio donde tenía casi acceso irrestricto por su cercanía con Almagro. Murillo fue también negado y hasta acusado por la excanciller Longaric, quien se lavó las manos de la designación de su hermana como Cónsul de Bolivia en Miami, como si Cancillería debiera aceptar mansamente imposiciones de un ministro de gobierno ignorante del derecho internacional público. Hasta Luis Fernando Camacho, quien aplaudía sus acciones de represión contra el occidente del país, negó a su ministro ideal. Abandonado a su suerte por sus aliados políticos, el 6 de junio se determinará su situación legal. El lavado de manos completo de la oposición boliviana en el caso Murillo está remitiendo a cada personaje por separado a múltiples contradicciones que solamente complican su situación legal ante la justicia boliviana, muchos de estos actores políticos del golpe de Estado del 2019 ya optaron por salir del país evitando hasta sus declaraciones informativas.  

Gabriel Villalba Pérez/.