El 9 de junio, Bolivia pasó los 3.839 casos positivos de COVID-19 en un solo día, marcando un hito en lo que va de la pandemia. La tercera ola está siendo duradera, azuzada por la agresividad de las nuevas cepas, y más descarnada con las poblaciones jóvenes que han llegado con mayor frecuencia a las salas de terapia intensiva. Esta tercera ola aún no termina y, como vienen las cifras, es posible que aún estemos en la cresta de los contagios. Una cuarta ola, no está descartada.

¿Qué medidas pueden tomar nuestras autoridades? La toma de decisiones debe guiarse por la evidencia y el análisis de factores de contexto, así también por una mayor articulación y cooperación.

Primero, aunque hay posiciones encontradas al respecto, la evidencia científica sugiere que un mayor confinamiento no necesariamente incide en menos contagios. La prestigiosa revista científica Lancet publicó en octubre pasado un artículo que compara la efectividad de cuatro medidas para reducir la transmisión del COVID-19: testeo masivo, rastreo de contactos cercanos, distanciamiento físico y confinamiento. Cualquiera de estas medidas aplicadas como estrategia única es insuficiente; sus efectos se potencian cuando son aplicadas de manera combinada. De estas cuatro, la combinación más efectiva resulta del auto-aislamiento y rastreo de contactos. El confinamiento estricto y masivo es de hecho descartado, pues se sabe que es una medida que no aplana la curva, sólo la retrasa.

En Bolivia, un análisis de Andres Pucci, uno de los pocos científicos de datos que han estado haciendo seguimiento a las estadísticas de manera sistemática, sugiere que hay una relación casi inversa entre confinamiento y crecimiento de casos positivos. Es decir, la primera ola se suscitó a pesar de las cuarentenas rígidas y dinámicas, e incluso la cantidad de casos bajó en el desconfinamiento.

Por otra parte, es preciso entender el contexto propio de la economía boliviana. Con más de 60% de los bolivianos/as que generan ingresos a través de la economía informal, un porcentaje aún mayor que no podría realizar sus actividades vía teletrabajo, y la reactivación de sectores estratégicos para la economía que son intensivos en mano de obra, el confinamiento no sólo no es viable, sino que probablemente no sería ni acatado.

Tomando en cuenta lo anterior, se requiere entonces tomar otro tipo de medidas. Primero, ampliar la vacunación a toda la Población Económicamente Activa, que es además la que está acudiendo más a las salas de emergencia y saturando la poca infraestructura de salud que tiene el país. De acuerdo con el análisis de Boligráfica, la tasa de vacunación actualmente está por debajo de lo proyectado –alrededor de 40.000 a 50.000 personas por día– cuando se estima que se requiere inocular a 100.000 personas por día para terminar el proceso de vacunación aproximadamente en noviembre.

Segundo, el índice de positividad de las pruebas se mantiene cerca al 25% –cuando la Organización Mundial de la Salud sugiere que sea 5%–. Esto implica que la población se va a hacer pruebas cuando tiene síntomas y es más probable que sea positivo. Por ende, el acceso a pruebas debe facilitarse e incrementarse e incluso podría requerirse para realizar viajes o trabajar presencialmente.

Tercero, es necesario restringir actividades y reuniones masivas, en las cuales no se puede tener control de las medidas de bioseguridad, así como tomar acciones para reducir el desplazamiento interno de personas en el país.

Todo ello debe ir acompañado, por supuesto, de fortalecer el sistema de salud, el cual ha mostrado todas sus debilidades en este tiempo –y a pesar de ello, poco ha sido resuelto–. La falta de oxígeno, medicinas, personal médico preparado e infraestructura de terapia intensiva volverán a ocurrir si no son parte de soluciones estructurales, más que de acciones reactivas cuando varias vidas ya fueron perdidas.

Soluciones así requieren una mayor coordinación y articulación a nivel nacional y subnacional. Está demostrado que en países en los cuales se ha logrado generar una cooperación para la crisis, los sistemas de respuesta han sido más eficaces. Por ejemplo, si en vez de que los gobiernos subnacionales se confrontan con el nacional sobre la importación de vacunas, la cual está de todos modos supeditada a la demanda internacional, y ayudan importando pruebas y medicinas, podrían reducir el índice de positividad y de fatalidades.

En este momento, en el cual nadie se salva solo, se requiere de liderazgos que miren la evidencia, tomen en cuenta los factores en juego, y busquen más soluciones desde el bien común, que desde el rédito individual.

Cristian León/.

Maritza y Maribel, los sueños que tienen por cumplir

Hoy, Maritza y su hija Maribel lograron, luego de muchas idas y venidas, concretar una parte de sus sueños: ahora ya cuentan con un techo propio. Gracias a las gestiones del Gobierno nacional, de una campaña mediática que logró posicionar el problema en las primeras planas de los medios escritos y en las pantallas de las grandes cadenas televisivas, todo el país logró conocer a Maritza y Maribel, dos mujeres (madre e hija) que tienen un trastorno en la pigmentación de la piel.

Madre e hija se volvieron mediáticas cuando se conoció su historia y las dificultades que han tenido que pasar, no solamente por ser mujeres, sino también por su albinismo. Pese a todos los contratiempos y obstáculos que la vida les ha puesto en frente, Maribel aún muestra su alegría a cada paso y extiende esa ingenua positividad frente a una sociedad que solamente visibiliza este tipo de complicaciones cuando aparecen en las pantallas de la televisión.

Así como Maritza y Maribel, muchas familias que son lideradas por mujeres solas han tenido que sufrir y sufren aún las dificultades de verse sin una vivienda adecuada. Es por eso que, desde hace más de 5 años, el Estado definió como parte de su Política de Vivienda Social, priorizar a este grupo poblacional, en todo el territorio nacional. Producto de ello, desde 2006 hasta el 2019, más de 22.000 familias con mujeres como jefas de esos hogares han logrado incorporarse a programas y proyectos de vivienda social.

Estos números son significativos e históricos pues, junto con los adultos mayores y personas con discapacidad, las madres solas han logrado ser parte concreta de una política social nacional que ha comenzado a cambiar sus vidas y sus futuros.

Sin embargo, es importante también resaltar que asegurarle una vivienda adecuada a una familia (independientemente que ésta sea liderada por una mujer o no), le puede solucionar un gran problema de supervivencia, pero también le gatilla otro grupo de dificultades que deberán ser enfrentadas, en muchos casos, de manera precaria.

Éste es un tema que el Estado debe enfrentar con mucha responsabilidad, con imaginación y con audacia, tal como se ha logrado incorporar a las madres solas en políticas públicas sociales de nueva generación.

Según los datos de la Encuesta de Hogares, desarrollada el año 2018, en Bolivia viven más de 2,3 millones de madres, de las cuales el 73,4% vive en las ciudades (como es de esperarse, la mayoría en el eje central de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y el resto en el área rural. De acuerdo a un análisis realizado por el INE sobre los datos del Censo de población y vivienda del año 2012, 18 de cada 100 mujeres se han convertido en jefas de hogar. En la misma línea de este análisis, más del 10% de las madres del país, son madres solteras.

Otro análisis presentado por el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, de la Universidad Católica Boliviana, identifica un 12,1% de todas las familias en el país como monoparentales simples con hijos, en las que mayoritariamente las madres son jefas de hogar. Adicionalmente, este mismo estudio establece que una buena parte de las familias monoparentales se encuentra entre los grupos de ingresos medios y bajos (21%).

Según un análisis realizado por Visión Mundial en Bolivia, el empleo a tiempo parcial es liderado hace bastante tiempo por las mujeres (especialmente las madres solas) con más de 24%, mientras que el dato de los hombres alcanza algo más del 7%, sin mencionar que, en Bolivia, las mujeres cobran 30% menos que los hombres.

Este análisis establece también que “el 43% de las mujeres que están a cargo de sus familias se encuentran desempleadas, mientras que un 17% tienen algún tipo de ocupación, pero sin contrato”.

Como habíamos identificado en las líneas iniciales de este artículo, de las más de 171.000 familias beneficiadas por programas y proyectos de vivienda social en el país desde el 2006 hasta el 2019, un poco más de 22.000 familias pertenecen a este grupo de mujeres jefas de hogar. Si bien este dato es importante, es hora que el Estado comience a pensar en la evolución de esta política pública.

Esta “evolución” de la política social de vivienda debería pensar en organizar respuestas coordinadas e integrales a la mayor cantidad posible de dificultades que este grupo de mujeres jefas de hogar debe enfrentar diariamente, en una sociedad que intenta invisibilizar un problema latente, como el de la discriminación por género (solamente por poner un ejemplo).

En ese sentido, el Gobierno nacional tiene la oportunidad de desarrollar una Política Integral de nueva generación que, a partir de asegurarle una vivienda adecuada a Maritza y Maribel, comience también a trabajar en acercarle soluciones de mediano aliento para un ingreso seguro, educación de calidad, un sistema de salud que responda ágil y eficientemente, seguridad (especialmente intrafamiliar) y, sobre todo, que genere una cantidad de oportunidades distribuidas de manera equitativa para todas y todos, especialmente para las miles de Maritzas con Maribeles que viven en nuestro país.

Lograr implementar una plataforma que comience a reflexionar una política integral para las mujeres jefas de hogar, será una señal que demuestre la gran capacidad innovadora que puede tener el Gobierno nacional. Así, Maritza y Maribel podrán pensar en un futuro realmente diferente.

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.

Laurence Blair, periodista independiente y colaborador de la revista estadounidense The Intercept, reveló este viernes que fueron varios los miembros del gobierno de facto de Jeanine Áñez que estaban de acuerdo con un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral de Luis Arce en octubre de 2020.

“Lo que me parece llamativo es que había personas en el gobierno de Jeanine Áñez que estaban dispuestas a escucharle, e incluso daban el ‘ok’ a lo que estaba diciendo y se nota que, en noviembre del año pasado, un día antes de la posesión del presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales decía que había un intento de complot por parte de excomandantes para impedir la posesión y en ese tiempo ya estaba en conversaciones el exministro López sobre ese tema”, señaló.

Agregó que “me parece muy preocupante que había tantas personas dispuestas a conversar, incluso para decir ‘bueno sigamos’, ‘vamos a necesitar aviones para traer a la gente’, incluso ‘vamos a hablar con la Policía y vamos a hacer esto’”, ratificó en entrevista con Bolivia TV. 

En la entrevista, Blair también informó sobre un video donde aparece el exministro Fernando López conversando con un exfuncionario del ejército de Estados Unidos (EEUU), cuyo contenido, adelantó, será publicado en el portal digital https://theintercept.com/.

“Esas conversaciones vienen del periodo entre la elección de octubre pasado y la renovación del presidente Luis Arce y están hablando sobre la posibilidad, incluso, de un plan, un complot para traer varios cientos de mercenarios de base en Florida, Miami, a Bolivia para impedir la renovación, incluso para formar alianzas con el ejército boliviano, con unidades policiales y grupos civiles, no mencionan los nombres de tales grupos, pero se puede imaginar a cuáles se están refiriendo”, mencionó.

Explicó que en la conversación, el exministro López mencionaría también que el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) ya estuviera en conversaciones de apronte sobre el mismo tema; sin embargo, no se confirma si había otro apoyo dentro de las fuerzas militares.

“Incluso en unos audios posteriores que tenemos, se nota que el nivel de apoyo para el complot en realidad era bastante bajo, están buscando individuos en varias unidades para apoyarles, hasta cierto punto se puede decir que mucho de eso en realidad era muy lento”, precisó Blair.

En la investigación publicada por The Incerpt, se menciona el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami, quienes se unirían a fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros.

Hecho que para el periodista norteamericano es parte de una tendencia en la que exmilitares estadounidenses se prestan a ese tipo de acciones en un tipo de expediciones armadas.

“Hay exmilitares estadounidenses que tienen, digamos, una suerte o un estilo de ser cuentapropistas, de someter a fuego a varias causas e individuos, que en muchos casos son individuos que estaban por Iraq, por Afganistán y que fueron parte de esa guerra contra el terrorismo, supuestamente, y que tienen esa mentalidad de realizar expediciones así y están cometiendo todo tipo de apoyo a varios grupos, en este caso parece que el exministro López estaba dispuesto a recibir este apoyo por parte de estos individuos”, comentó.

Dentro de las diferentes realidades que tocó vivir desde marzo del año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba al COVID-19 como pandemia, a raíz de la crisis sanitaria mundial que puso en jaque la salud física y mental de millones de personas, produciendo efectos negativos sobre la economía global, las relaciones comerciales internacionales y una gran caída en el comercio internacional, tanto de bienes como de servicios.

En esta coyuntura surgieron muchas hipótesis y se llegó a pensar en el fin de la globalización o un retroceso al proceso abanderado del sistema capitalista, con políticas neonacionalistas y donde los países se vuelven cada vez más neoproteccionistas.

Finalizado el primer cuatrimestre del año en curso y con el balance del año 2020, podemos afirmar que el mundo fue en otra dirección, inversa a lo planteado. La construcción de las relaciones económicas y comerciales internacionales se viene fortaleciendo de varios hitos importantes en la materia, los precios de los commodities son favorables y los acuerdos entre países en la región demuestran que esta coyuntura es un tiempo para crecer en conjunto y, sobre todo, buscar soluciones a las adversidades.

Ahora, es tiempo de empezar a potenciar nuevas alternativas para las exportaciones e importaciones, ampliar la mirada, aprovechar de manera más contundente las hidrovías, estas salidas que tiene el país en este caso Atlántico, una de estas son los puertos que ya están casi 20 años funcionando en el sudeste del país, más propiamente en el canal Tamengo, como son puerto Jennefer, Gravetal y Aguirre, este último es arrendado por la Ferroviaria Oriental (FOSA).

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta abril de este año, las exportaciones bolivianas movilizadas por esa vía a los mercados externos registraron $us 69 millones, representando un decrecimiento del 5% con relación al mismo periodo de la gestión anterior. La carga de exportación transportada registró cerca de 143.000 toneladas, un 42% menos que de enero a abril de 2020.

Las importaciones realizadas por esta vía, en los primeros cuatro meses de este año, alcanzaron a $us 34 millones, un 64% menos del valor correspondiente al mismo periodo de 2020. Por la hidrovía Paraguay - Paraná se movilizaron casi 46.000 toneladas por compras externas, un 56% menos que igual periodo de 2020.

Esta caída se debe a varios factores, entre ellos la lenta recuperación del sector de la construcción, el encarecimiento del fierro en casi un 50%, que creó las condiciones para la baja importación de insumos o materia prima para este sector.

De abril a junio, se ve que el movimiento va creciendo y las condiciones están dadas para ya arrancar, con la entrada de las vacunas se reactivarán las empresas, creando mayores alternativas para el desarrollo de la industrial.

En la parte estatal, el Gobierno pone en marcha la hidrovía Ichilo - Mamoré que favorece a los departamentos de Cochabamba, Beni, Santa Cruz, La Paz y Pando; empieza en Puerto Villarroel, con 1.400 kilómetros hasta Guayaramerín, frontera con Brasil, de allí otros 330 kilómetros carreteros hasta Puerto Velho, hasta la salida al Atlántico, norte brasileño en Puerto Belén, con una inversión en su primera fase de Bs 5.640 millones, recursos directos del TGN.

Este tipo de emprendimientos estatales necesitan el apalancamiento de la parte privada para que sean sostenibles y perdurables en el tiempo. Por el ámbito y el sector de la economía que se encuentra donde las exportaciones e importaciones de insumos y materias primas son de interés de todos los sectores, esto debería ser el impulso para retomar los acuerdos público-privados y para potencializar el comercio exterior.

A pesar de la pandemia, los procesos de integración regional, la integración de la cosa pública con la privada, ayudarán a que se pueda sostener los acuerdos comerciales de apertura recíproca, que continúan su marcha, resultando una herramienta poderosísima para los empresarios a la hora de su internacionalización, ya que la celebración de acuerdos entre países les permitirá un mejor acceso a los mercados, es decir, vender más y mejor.

Martín Moreira/.