La incorporación de las nuevas autoridades al ejercicio público en un contexto tan complejo como el que tenemos hoy, con una pandemia en plena tercera ola de contagios, con una economía desportillada, con administraciones salientes en muchos casos deficientes, desorganizadas y hasta corruptas, enfrentará a la administración del Estado (en los tres niveles de gobierno) a desafíos muy diversos, especialmente en las ciudades.

Enfrentar estos desafíos requerirá una visión innovadora de la gestión municipal, un equipo técnico altamente calificado, capacidad de decisión política (independientemente de las presiones) y fundamentalmente un marco de consenso sumamente amplio, en el que todos los actores políticos y sociales de su territorio se comprometan a empujar el carro hacia un futuro mejor, en función de acuerdos mínimos en los ejes que el municipio deberá gestionar para aprovechar las condiciones a las que nos enfrenta el contexto actual.

Si se trata de responder a la urgencia, seguramente deberán pensar en operar acciones inmediatas para potenciar la atención sanitaria en su territorio, aportando (en lo que se pueda con el magro presupuesto que les ha quedado) en el proceso de detección del virus y en la vacunación que se viene implementando en todo el territorio. De igual manera, se enfrentarán a una necesidad urgente de re activar el aparato económico que se mueve en su ciudad.

Para ambas urgencias, se requerirá mucha imaginación y la solvencia necesaria para sostener decisiones políticas, que no necesariamente le gustarán a todo el mundo, y una buena dosis de imaginación. En estos casos, salirse de la caja tradicional de administración municipal será fundamental.

Pero estos no son los únicos desafíos. Luego de ello (o sobre éstos) será vital pensar hacia dónde debe avanzar la ciudad. Para ello, creo yo, es importante que las nuevas autoridades comiencen a trabajar una plataforma de consensos mínimos, con los que sostengan las acciones estructurales de su gestión, los siguientes cinco años. Esto es, una Agenda Urbana Local, sobre la base de los lineamientos que se han priorizado en la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades.

La Agenda Urbana Local debe ser una especie de carta de navegación de todos los actores que viven en el territorio de la ciudad, que identifique los grandes temas y las grandes acciones en base a las que se construirá la idea de futuro de su ciudad. Más allá de las urgencias que enfrentará la administración, pensar esta imagen de futuro, en torno a la que giran las acciones estructurales en el municipio, puede permitirles a las nuevas autoridades un marco de acuerdos mínimos para impulsar esta transformación de la ciudad, hacia eso que queremos todas y todos.

Un proceso participativo, abierto, urgente y horizontal en el que se identifiquen los grandes desafíos de la ciudad, las demandas estructurales, las acciones posibles, los compromisos de cada uno de los actores y los supuestos sobre los que debe trabajarse desde el principio, se puede convertir en esta ruta crítica que le permita a la población en general hacerle un seguimiento más ordenado a los avances en la gestión municipal, pero también a las nuevas autoridades, una especie de espacio suficiente para escapar hacia adelante de estas presiones tradicionales a las que hemos estado acostumbrados a someter a los nuevos actores públicos municipales, con intenciones particulares y en algún caso bastante perversas.

Desde mi punto de vista, esta agenda debería girar en torno a esos dos grandes problemas urgentes (Sanidad y Economía) pero incorporar también a ellos los temas álgidos identificados ya en un diagnóstico general de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (que deberá ajustarse y profundizarse en función de las realidades particulares de cada ciudad) y que están rondando en torno a la planificación y el crecimiento urbano, la seguridad y el espacio público, la dotación universal de servicios de calidad, el medio ambiente y el cambio climático y el contexto de gobernanza que estos desafíos requieren para avanzar óptimamente.

Encontrar acuerdos mínimos sobre lo que se puede y lo que se debe hacer en torno a estas grandes temáticas, le ayudará a las y los nuevos alcaldes a comprometerse con ellas y encontrar también compromisos de los sectores sociales, del sector privado y de los demás actores, para distensionar en alguna medida, el inicio de su gestión. Lo siguiente dependerá siempre de su capacidad, de su honestidad y de su visión de futuro.

Javier Delgadillo Andrade/.

Hasta el 28 de julio próximo, fecha en que culmina el Gobierno del presidente Francisco Sagasti, Perú espera haber vacunado contra el COVID-19 a por lo menos 5 millones de personas a nivel nacional, estimó el ministro de Salud, Oscar Ugarte.

La autoridad indicó que, hasta fines de julio, ya se habrán usado 10 de los 48 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que ya han sido pagadas por el Gobierno peruano y que llegarán en varias remesas en las próximas semanas.

“Pero como van llegando de a poco, estimamos que hasta julio llegan 10 millones (de dosis), lo que significa que por lo menos 5 millones de personas van a estar completamente vacunadas”, anotó Ugarte desde la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), donde supervisó la jornada de vacunación, según un reporte de Andina.

Dijo que la mayoría de la población que estará inmunizada hasta julio es la constituida por los adultos mayores de 60 años y el personal que está la primera fila en el combate contra la pandemia.

Ugarte informó que el viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo se han vacunado a 165.000 adultos mayores de 70 a 79 años a nivel nacional, incluidos los mayores de 80 años.

“En Lima se ha vacunado en estos dos días a 110.000 adultos mayores de 70 años, lo que es una cantidad muy superior a lo que veníamos vacunando. Se ha cuadruplicado la cantidad de personas vacunadas por día”, subrayó.

Dijo que este incremento en las vacunaciones hace suponer que se acorte el plazo para inmunizar a todos los adultos mayores de 60 años para arriba antes de julio próximo.

Luego de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciara las nuevas restricciones que regirán en ese país hasta el 21 de mayo, desde Aerolíneas Argentinas informaron que suspenderán todos los vuelos a Bolivia, México y que a Brasil solo mantendrán un vuelo semanal a San Pablo.

"Debido a las restricciones causadas por la pandemia y la situación sanitaria en nuestro país y en algunos destinos internacionales, hemos decidido adecuar la programación de vuelos al exterior de @Aerolineas_AR a la difícil situación que estamos atravesando", comenzó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, en un hilo de tuits, según un reporte de Red Uno.

"Se han suspendido las operaciones de @Aerolineas_AR a Punta Cana y Cancún entre el 15 de mayo y el 31 de agosto. Además, Río de Janeiro y Santa Cruz de la Sierra también se encontrarán suspendidos desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio", amplió.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron a Clarín que las medidas afectarán a un número reducido de pasajeros.

“Punta Cana y Cancún son dos destinos vacacionales que se cancelan a partir del 16 de mayo. No hay pasajeros con vuelo iniciado a esos destinos. Estamos cancelando del 16 de mayo al 31 de agosto. Hay una cantidad de reservas ínfimas, son menos de 300 pasajeros distribuidos en ese período", señaló el vocero de la aerolínea estatal.

La fuente sumó que quienes están en Río de Janeiro "son menos de 200 pasajeros", y que serán transportados al país vía San Pablo de inmediato, ya que hay un buen número de lugares disponibles en los vuelos semanales que se mantendrán con esa ciudad.

En el caso de Santa Cruz de la Sierra, a quienes tengan viajes iniciados "se los reubicará en otras compañías", dijo el vocero.

En un comunicado, la aerolínea informó que todos los pasajeros con vuelos cancelados recibirán un correo electrónico con las diferentes alternativas para reprogramar sus tickets. Para más información, los afectados pueden acceder a la web de Aerolíneas Argentina.

Hace unos años atrás conocí a Araceli -nombre ficticio- una niña que fue adoptada a los cuatro años de edad, de un centro de acogida que la albergó casi toda su vida, hasta que un día –un buen día- llegó la última audiencia y con ella la tan esperada sentencia de adopción.

Araceli estuvo acogida con otras niñas y niños menores de seis años, por situación de abandono familiar, lo que técnicamente se conoce como niñez sin cuidado parental. La historia que cuentan sus padres y que hoy comparto, es algo profundamente reflexivo. 

La primera noche en casa, ya en el proceso de adaptación, Araceli, se acerca a la ventana y al ver la luna, la niña empieza a señalarla, y decirle a papá y mamá: “la luna, la luna”, Pilar su madre, se acerca a la ventana y esperando ver una luna llena, inmensa y brillante, ve a penas una luna pequeña, perdida en el cielo de la noche. Con curiosidad, Pilar le pregunta a su hija: ¿cuál era el verdadero asombro? y ella responde que era la primera vez que ella veía la luna.

Este relato, nos permite reflexionar en torno a lo que en verdad existe detrás de una niña, niño o adolescente que espera por una familia en un centro de acogida.

El gobierno nacional ha consolidado un marco normativo importante en relación a las adopciones nacionales e internacionales, con estricto apego a tratados y convenios internacionales que forman parte del Bloque de Constitucionalidad y que inició con el  proceso post constituyente en nuestro país  y que trajo consigo la promulgación  del Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de julio del 2014, que es la legislación especializada en niñez y adolescencia, complementándose con las reformas contenidas en la Ley N° 1168 de Abreviación Procesal y Restitución del Derecho a la Familia de Niñas, Niños y Adolescentes de 12 de abril de 2019 y la reciente Ley N° 1371 que modifica el Código Niña, Niño y Adolescente en lo relativo a las adopciones que fue promulgada el 29 de abril por el Presidente Luis Arce Catacora.

Bolivia ha avanzado a partir de ello, con el objetivo de promover una cultura de adopción, por ejemplo el Código Niña, Niño y Adolescente establece licencias por maternidad y paternidad adoptiva posterior a la sentencia ejecutoriada de adopción, inamovilidad laboral por un año para padres y madres adoptivos, licencias remuneradas al 100% para solicitantes de adopción con dependencia laboral pública y privada para asistencia a audiencias  y período preadoptivo y establece una preferencia para la adopción para solicitantes que quieran adoptar a niñas y niños mayores de cuatro años, grupos de hermanos, niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve o con enfermedades que no condicionen la vida y bienestar integral de niñas, niños  y adolescentes; asimismo la abreviación procesal ha logrado que un proceso de adopción reduzca el plazo judicial de 120 días a 63 días y la virtualización de cursos para la preparación integral de padres adoptivos que permitan un acceso oportuno a este requisito.  

La medida judicial de institucionalización de una niña, niño y adolescente, surge por mandato de la ley y solo como medida transitoria aplicada por un Juez Público de la Niñez y Adolescencia y como una acción jurisdiccional de protección, sea por abandono de la niña, niño o adolescente o cuando existe alguna situación que vulnere o limite sus derechos como la violencia, la negligencia y otros que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.   

Según el último estudio realizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el año 2019, denominado “Estado de Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Acogimiento Institucional” con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, se reportaron 5.678 niñas, niños y adolescentes en 180 centros de acogida, de los cuales 5.479 estaban acogidos por más de 29 días y aunque esta cifra es significativa, es importante señalar la disminución progresiva del total de la población de niñez y adolescencia en centros de acogida respecto al estudio anterior del año 2014 que reportaba 8369 niñas, niños y adolescentes en Bolivia.

Y aquí debe hacerse una precisión clara, no todos los 5.678 niñas, niños y adolescentes que permanecen en un centro de acogida son sujetos de adopción, porque según sus historias personales, podrán optar por otras modalidades alternativas de cuidado familiar como la reintegración a familia ampliada de origen siempre que sea idónea familias sustitutas transitorias como la guarda, conforme se requiera, pero cual sea el camino, lo que está claro es que se debe garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano a vivir y crecer en una familia.   

Está comprobado que mientras más tiempo una niña o niño esperan por una familia, en un centro de acogida, los efectos nocivos en su vida condicionaran su desarrollo integral para toda su vida, el esfuerzo y compromiso del Estado en todos sus niveles (nacional, departamental y municipal) debe ser prioritario para lograr la desinstitucionalización, invirtiendo en programas para la adopción nacional y subsidiariamente de adopción internacional, la reintegración familiar y el acogimiento familiar, pero sobre todo en políticas integrales para el fortalecimiento familiar y  la prevención de abandono, al igual que adoptar medidas para mejorar los centros de acogida, el fortalecimiento de capacidades de cuidadoras para la atención integral y lineamientos para acompañar el egreso de adolescentes en centros de acogida posterior a que cumplan los 18 años de edad.

La niñez y la adolescencia no son el futuro de nuestro país, son el presente y la semilla que crecerá en la nación grande y digna que estamos construyendo, lo más importante es fijar acciones de tipo sectorial e intersectorial, al más alto nivel, con mecanismos de respuesta inmediata, que permitan en alianza con la sociedad y las familias la prevención de abandono y garantizar que logremos más familias y menos centros de acogida.

Ninoska Durán Burgoa.

*Es abogada y Directora General de Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.