En el marco de la Ley de Seguros del Estado Plurinacional de Bolivia, el seguro se define como un contrato donde el asegurador está obligado a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida, al producirse la eventualidad prevista, y el asegurado a pagar la prima.

Es necesario recordar al lector que, mediante Ley N° 1155 del 12 de marzo de 2019 y el Decreto Supremo N° 4058 del 15 de octubre de 2019, se creó y reglamentó el Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción (SOAT-C), cuyo propósito es garantizar la cobertura de los gastos médicos y la indemnización por muerte y/o incapacidad total permanente, a toda trabajadora y trabajador de dicho rubro que sufra un accidente al prestar, ejecutar o realizar un trabajo de manera directa en toda edificación de obras.

No obstante, debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, los cuales desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, se inició un periodo de incertidumbre en la economía del país y en la calidad de vida de la población, aspecto que conllevó a la paralización de esta medida social a ser implementa a través del SOAT-C.

El sector de la construcción es muy importante, no solo por su aporte al crecimiento económico, sino también porque es un sector que genera miles de fuentes de empleo y contribuye en la dinamización de la economía, por cuanto, al mes de abril de 2021, existen 423.000 personas que se dedican a la actividad de la construcción en obras públicas y privadas del país, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, el rubro de la construcción presenta una tasa de accidentabilidad más alta comparada con otros rubros como el agrario y el de industria, por cuanto, la labor en la construcción implica costos humanos fatales, por ejemplo, muchas veces las personas trabajan en alturas, expuestas a sufrir algún tipo de accidente grave o mortal, o también se escucha en medios de comunicación que albañiles, a causa de una caída fatal, dejaron huérfanos a sus hijos.

En este sentido, y con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, liderizado por el presidente Luis Arce Catacora, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia continuó con este fin social, toda vez que existe voluntad política para apoyar a los trabajadores, a cuyo efecto, en mayo de la presente gestión se entregó el primer seguro, marcando un hito histórico para el sector de la construcción. Al respecto, para la gestión 2021 el costo del seguro asciende a Bs 150 y tiene vigencia por 12 meses a partir de la fecha de contratación del mismo, cuya cobertura alcanza hasta Bs 7.000 para gastos médicos, en caso de lesiones o accidentes en su fuente de trabajo, y una indemnización de Bs 70.000 en caso de muerte o incapacidad total y permanente del trabajador, cuya administración y comercialización a nivel nacional es efectuada por la Entidad Pública de Seguros (EPS).

Se aclara que todo establecimiento de salud en el territorio boliviano está en la obligación ineludible de atender a las víctimas de los accidentes laborales de los trabajadores de la construcción; asimismo, toda persona natural o jurídica del sector público o privado, que contrate y/o subcontrate trabajadoras y trabajadores que presten, ejecuten o realicen un trabajo de manera directa en toda construcción de obras, debe verificar que todos ellos cuenten con el SOAT-C y que el mismo se encuentre vigente, constatando tal hecho a través del certificado de cobertura correspondiente, emitido por la EPS; caso contrario, de producirse un accidente, será la persona contratante quien asuma las responsabilidades y sanciones, con al menos las mismas condiciones estipuladas por el seguro.

Finalmente, y ante versiones erróneas emitidas por opinadores sobre la aplicación del SOAT-C, es necesario manifestar que el mismo es compatible con cualquier otro seguro que cubra a personas en relación con accidentes, independientemente del origen o naturaleza del evento cubierto por el seguro.

Fernando Chuquimia/.

Latinoamérica ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia según los reportes presentados por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la baja de precios de sus principales materias primas de exportación y de la demanda de sus productos, han ocasionado que los ingresos hayan sido fuertemente afectados. Sólo para tener como ejemplo, se sabe que la inversión en el continente habría rebajado hasta un 45% el 2020 respecto al 2019.

En el caso de Bolivia, las particularidades aún son mucho más contundentes para con la economía; ya que la crisis de orden político que desencadenó en la ruptura del orden constitucional en nuestro país, llevó al poder a una serie de actores que administraron el aparato público orientando sus acciones en beneficio de privados y de ellos mismos; con lo cual terminaron de construir el peor escenario económico vivido en los últimos 50 años.

En los últimos días, autoridades del Gobierno boliviano han sido enfáticos al mostrar que la balanza comercial en Bolivia durante toda la gestión ha sido positiva, alcanzando un superávit de $us 638 millones a mayo, esto se da en un contexto bastante complicado en Latinoamérica, dónde si bien existe una recuperación paulatina, aún el intercambio de bienes y servicios se está dando con el temor de que una nueva ola de COVID golpee y vuelva a distanciar a productores de consumidores, afectando así a los mecanismos de intercambio y la confianza que necesitan los productores para mantener niveles de producción aceptables.

Esta balanza comercial positiva tiene gran incidencia en lo que tiene que ver con las reservas internacionales, mismas que representan la garantía de la estabilidad del tipo de cambio en nuestro país. Solo como apunte, la volatilidad del tipo de cambio con la que vivimos en los 90's tenía mucho que ver con las reservas que se tenían para ese tiempo, que en promedio no superaban los $us 500 millones; en la actualidad, la política cambiaria se encuentra respaldada por una suma que es casi 10 veces más grande.

Otras señales como la baja en la tasa de desempleo (a abril de 2021 descendió a 7,6%, cuando a fines de 2020 se ubicó en 8,23%), el incremento de la inversión pública (de enero a mayo de 2021 se ejecutó $us 780 millones, 95% más que en igual periodo de 2020), dilatación paulatina de los recursos que se tienen en cuentas de ahorro y carteras de préstamo de los diferentes bancos en el país; prestan a muchos analistas las suficientes herramientas para poder argumentar un crecimiento importante para finales de 2021, que en esencia tiene que ver con un manejo adecuado de las finanzas públicas, ya que, como bien hacía notar el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en una reciente entrevista, las recuperaciones no se dan de forma instantánea, existen decisiones y medidas de orden económico que se dan en los gobiernos para que sus economías logren salir de contextos complejos, como el que nos toca vivir actualmente.

Por último y no menos importante, está la generación de un fondo de fideicomiso de Bs 2.000 millones, orientado a apoyar a los gobiernos subnacionales en la contrapartida de proyectos de inversión pública, siguiendo con el ejercicio de política pública que llevó a Bolivia a los primeros sitiales de crecimiento económico de la región, entendiendo lo provechoso de un agresivo incentivo de la demanda interna, impulsada esencialmente por la inversión productiva del Gobierno y una distribución de excedentes mucho más efectiva en términos de alcanzar a una mayor cantidad de personas que logran mejorar su calidad de vida y que en los hechos logró sacar a más de un tercio de la población de la pobreza.

Los números se muestran alentadores dentro de un proceso de recuperación económica que se vive prácticamente en todos los países, que para el caso boliviano presenta sus particularidades traducidas en mejores resultados en sus principales indicadores que ya han sido detectados por los generadores de proyecciones de crecimiento económico, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, quienes no han dudado en poner a Bolivia entre las 10 economías que más crecerán en la región este 2021.

Mike Gemio/.

Sin importar quién sea quien, la clase social o el estrato moral, la capacidad intelectual o el fanatismo que profese, el colectivo social siempre pone en tela de juicio las libertades y la privacidad de las personas, en el caso específico de la comunidad “LGBTIQ+” los prejuicios se tienen a disposición de metros de distancia, gente “heterosexual” que exige su derecho a dejar en escrutinio las vidas ajenas, que desde su punto de vista no comulgan con los valores colectivos de “su” vida en sociedad.

Los moralismos exacerbados de una sociedad ya de por sí muy hipócrita, no hacen más que desdeñar los derechos de aquellos que no encajamos en sus “normas de relacionamiento”, segregando con violencia a todo aquel que presente alguna diferencia, ya sea su orientación sexual, su condición física o mental, su origen étnico e incluso cínicamente la ubicación geográfica de su domicilio. La sociedad, el patriarcado en realidad, acompañado de los mecanismos capitalistas, han marcado lo que es correcto y aquello que no.

Aunque muchos nos la pasamos luchando contra el paternalismo de esta sociedad heterocentrista, que nos toma de la mano para darnos panfletos de cuidado y de amor entre pares, hay tantos traidores a la causa que se sumergen en los deseos de nuestros queridos y tan correctos amigos heterosexuales, donde la inclusión en la colectividad no es más que una utopía, pero la segregación controlada de la población TLGB y la adecuación de sus perfiles de vida a la heteronorma se convierten en deber ser, para ejemplo están los intentos desesperados por normalizar las uniones a través del matrimonio, o de sesgar las percepciones de la discriminación respecto a si el aliado la comete o no, imprimir en el colectivo la idea de la realización personal a partir de la “inclusión” al sistema heteropatriarcal, cuando más bien resulta mucho más adecuado percibir que lo que se logra es solamente la tolerancia condicionada de los heterosexuales hacía nuestras vidas, siempre y cuando cumplamos con las exigencias sociales y morales de las suyas.

El 17 de mayo de todos los años, desde 1990, recordamos con pesar que alguna vez este mismo sistema injusto, heterocentrista y patriarcal, decidió catalogarnos como enfermos, como personas mentalmente inestables, como personas ajenas a la razón, tan solo por gustar de nuestros cuerpos idénticos y por expresar nuestros amores en libertad y en público, resulta agridulce recordar esta fecha ondeando una bandera que no necesariamente representa a la comunidad, que sino transfiere el sentir de los financiadores de las ONGs y la afinidad política de los “activistas”, y que si bien en este mundo de libertades cualquiera puede ejercer, resulta vomitivo teñir de la Star Spangled Banner la lucha colectiva de maricones , marimachas y travas que se atrevieron a desafiar a las más cruentas dictaduras (ampliamente auspiciadas por ya saben quién) con tal de vivir en paz y libertad.

Para el 28 de junio, la historia no solo es distinta, sino grotesca, en una fecha donde la heterosexualidad imperante alza sus brazos y con condescendencia burlona adorna sus negocios, asimilando la idea de la diversidad desde lo putrefacto y comercial que impone el capitalismo, organizando marchas (que por la coyuntura ahora son virtuales) imprimiendo el sello nacionalista de Lady Gaga y su apoyo ferviente a la política de su país en la narrativa de un orgullo “libre e igualitario”, omitiendo que esta igualdad solo se aplica si eres blanco, si tienes plata, si eres macho y si, apropiadamente al canon heterosexual, llevas una vida “correcta y limpia” que esté acorde a los intereses del financiador.

Comprender la lucha de quienes nos han precedido no solo implica abrazar las lentejuelas y el maquillaje, que aunque expresan la gloria de nuestras vidas y el regocijo de nuestra marginalidad, también militar desde nuestras bases, supone reconocernos en el maricón de la esquina que meneaba sus caderas con ahínco para otorgarnos leyes y derechos de las que nunca pudo disfrutar, aceptar la transexualidad de la niña trans de sociedad fotografiada por la sección de sociales no es vivir en libertad, lavarle la cara al más fascista de los alcaldes solo por unas cuantas banderas arcoíris colgadas como un trapo en el palacio consistorial no es luchar, aceptar la ayuda sobre “Derechos Humanos” de un país que los vulnera a diario no es ser “aliado”, reconocer un día en el cual mujeres trans, negras y latinas se agarraron a golpes por ser libres en el hogar de la “Señora Libertad”, sin reconocer la lucha de los nuestros no es estar orgulloso.

A todo el mundo le interesa imponer sus ideas sobre los cuerpos de quienes no siguen su camino, que no seamos nosotros los LGBTIQ+, TLGB, Maricones, Marimachas y Travas quienes también castremos nuestra propia libertad.

Rebeldía y amor colectivo, como Marsha y Sylvia, siempre en nuestros corazones, esito les deseo este día, que es uno de los tantos miles de días que he vivido con orgullo ser el fabuloso maricón que soy.

Leonel Inti/.

Colombia registró un aumento récord del 15% en sus cultivos ilícitos de hojas de coca pese al apoyo de Estados Unidos (EEUU), mientras que Perú también aumentó la superficie plantada en un 22,5%, según el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

El documento, indica que Bolivia logró disminuir en un 7% la superficie de cultivos de la hoja.

De acuerdo con la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, una instancia de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de EEUU, los cultivos ilícitos y la potencial producción de coca en Colombia alcanzaron una cifra récord en 2020, al contabilizar 245.000 hectáreas sembradas y pasar de 936 a 1.010 toneladas de producción potencial de cocaína.

Esto representó un aumento del 15% en las hectáreas de cultivos y un alza del 7,9% en la producción de cocaína en comparación con 2019, cuando la misma entidad estimó una superficie de 212.000 hectáreas, indica un reporte de RT Actualidad.

En el caso de Perú, la entidad de EEUU reportó un incremento del 22,5% en los cultivos de coca y un alza del 24,80% en la producción de cocaína en 2020, tras contabilizar un total de 88.200 hectáreas cosechadas y 810 toneladas métricas de cocaína estimadas, indica el reporte de prensa.

Se trata de una duplicación en menos de cinco años, pues en 2016 el país llegaba a 44.000 hectáreas de estas plantaciones ilícitas, añadió un informe de France 24.

El organismo estadounidense afirmó que Perú alcanzó niveles récord en el cultivo de coca y la producción de cocaína, en parte debido a que los esfuerzos de erradicación se vieron afectados durante varios meses por la pandemia del COVID-19.

En el caso de Bolivia, la Oficina estadounidense indicó que el cultivo de coca totalizó 39.400 hectáreas en 2020, lo que representó disminución del 7% respecto a 2019. Mientras, el "potencial de producción de cocaína correspondiente se mantuvo estable, en 312 toneladas métricas", señaló la oficina de EEUU, indica RT.