Las autoridades haitianas informaron sobre el arresto del presunto autor intelectual del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, identificado como Christian Emmanuel Sanon, médico que reside en Florida.  Es el sospechoso central en el ataque armado del 7 de julio.

El arrestado Christian Emmanuel Sanon nació en Haití. Aspiraba a ocupar el cargo de Presidente, de acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional de Haití. Es el tercer haitiano arrestado en el marco de las investigaciones, por las cuales se detuvieron también a 18 colombianos, mientras otros cinco continúan a la fuga, y tres murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

“A la primera persona que llamaron cuando se bloqueó el avance de los bandidos fue a Enmanuel Sanon que trabajaba con otras dos personas implicadas en la autoría intelectual del asesinato”, confirmó el director de la Policía León Charles, según el portal de noticias Sputnik.

Charles informó que Sanon llegó al país haitiano a inicios de junio a bordo de un avión privado, junto a algunos de los arrestados, bajo pretexto de proteger sus negocios, "pero esta misión cambió". El supuesto autor intelectual mantenía vínculos con una compañía especializada en seguridad, precisó en rueda de prensa.

El representante interino de la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Julio Pedroza, destacó este domingo que Bolivia hace una buena campaña de contención de la COVID-19 gracias al Sistema Único de Salud (SUS), además que fue un factor fundamental para que este año tenga un nivel de letalidad y de incidencia menor a la de varios países de Sudamérica.

“Bolivia, durante la 74.ª Asamblea de la OMS, hace algunas semanas, fue reconocida también como uno de los 15 países que ha incrementado la gratuidad en el acceso a los servicios, el Sistema Único de Salud en Bolivia ha sido un factor fundamental para que Bolivia este año tenga un nivel de letalidad y de incidencia bastante menor que varios países de Sudamérica”, dijo el diplomático durante el acto de recepción de las vacunas Johnson & Johnson en la ciudad de El Alto.

La 74 Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó en junio pasado, de manera virtual, hizo hincapié en la urgencia de poner fin a la actual pandemia y prevenir la próxima construyendo un mundo más sano, más seguro y más justo.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes hasta el 2 de julio de 2021 el SUS tiene 5.474.896 personas inscritas en todo el territorio nacional y que cuentan con un acceso gratuito en la atención en salud.

Pedroza enfatizó que Bolivia lleve adelante un proceso de contención y mitigación de la pandemia de manera efectiva; pero, además, en ese encuentro internacional, la representación boliviana insistió y apoyó a la OMS en la necesidad de que exista equidad en la distribución de las vacunas.

“Tengo también el encargo de hacer referencia a la carta dirigida por el director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace pocas semanas en la que reconoce que Bolivia durante la 74.ª sesión de la Asamblea General fue uno de los países que acompañaron los esfuerzos de la OMS y tomaron el liderazgo en el mundo para insistir vibrosamente para que los donantes y los países desarrollados como en este caso sucede hoy, incrementen sus aportes, incrementen la producción, trasladen tecnología que permita progresivamente que los países del sur puedan también mejorar sus condiciones tecnológicas”, dijo.

Durante el régimen de Jeanine Áñez, 46 empresarios se adueñaron de 700.000 hectáreas de tierras. En ese periodo, uno de ellos se apropió de 31.000 hectáreas al margen de las leyes, denunció el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, quien dijo que el Gobernador, Luis Fernando Camacho, busca favorecer aún más a los terratenientes.

La autoridad hizo esas afirmaciones este sábado en Cochabamba a Bolivia Tv.

“En un año, en el gobierno de facto se han titulado 1 millón de hectáreas de las cuales 700.000 en favor de solamente 46 empresarios”, dijo el Ministro.

Puso como ejemplo el caso de uno de los empresarios favorecidos quien se benefició con 31.000 hectáreas de tierra “cuando la norma es bien clara, solamente hasta 5.000 puede tener una persona”.

Explicó que otro caso es del exministro Branko Marinkovic cuya situación de apropiación de tierras se encuentra en los estrados judiciales.

En ese sentido, lamentó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no cuestione esta distribución ilegal de tierras a grandes empresarios y más bien se parcialice en favor de ellos.

“Yo creo que aquí hay no más una parcialidad del parte del Gobernador de Santa Cruz que quiere seguir dando favoritismo a los grandes empresarios”, dijo el Ministro.

“Más bien porque no cuestionan a esas personas que en el gobierno de facto se han distribuido títulos, se han distribuido tierras, incluso (al) margen de lo que establece la ley y las normas”, indicó al canal televisivo.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó este jueves que la justicia determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro, por seis meses, para el exministro del gobierno de facto, Álvaro Coímbra, esta vez por el caso "Comité Interinstitucional Justicia y Paz”.

“Hoy, después de dos suspensiones anteriores, se realizó la audiencia de consideración de medidas cautelares. La jueza determinó la detención preventiva, por el tiempo de seis meses, del exministro de Justicia del gobierno de facto, Álvaro Coímbra, en el penal de San Pedro”, informó.

La autoridad explicó que el exministro del régimen de Jeanine Áñez es acusado por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, uso indebido de bienes y servicios, además de incumplimiento de deberes.

“Fue responsabilidad institucional presentar una querella criminal contra el señor Álvaro Coímbra Cornejo, y otras autoridades del gobierno de facto, que crearon un Comité Interinstitucional de supuesta defensa a víctimas de injusticia. Un comité que pretendía mal utilizar a los servidores públicos y los bienes del Estado para tratar de cerrar casos y hacer injerencia en la justicia”, indicó Siles.

De acuerdo con la autoridad, la decisión fue tomada por los riesgos procesales de fuga, falta de arraigo natural y conducta reiterativa, porque está involucrado en el caso golpe de Estado. Además, se consideró que Coímbra podría influir en los investigados por el caso golpe de Estado y del Comité de Justicia y Paz.

El sindicado deberá cumplir su detención por seis meses en el penal de San Pedro. Coímbra ya se encuentra en ese penal desde marzo por el caso “golpe de Estado”.