Hablemos de las diferencias entre la “sucesión constitucional” de Carlos Mesa y Jeanine Añez
Hablemos de las diferencias entre la “sucesión constitucional” de Carlos Mesa y Jeanine Añez

Los medios, la prensa, la oposición y hasta algunos organismos internacionales han olvidado deliberadamente estudiar, examinar y analizar el momento en el cual Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia, y compararla con el tiempo en el que Jeanine Añez se autoproclamó Presidenta con la excusa de cumplimiento de la “sucesión constitucional”.

Coyuntura

Los dos momentos se caracterizaban por tensiones políticas, violencia en las calles y rebeliones que se diferenciaban porque  lo sucedido en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue una rebelión popular que se inició en la ciudad de El Alto; y la otra se gestaba desde los barrios residenciales de La Paz y Santa Cruz, con apoyo de partidos políticos, Comités Cívicos, Iglesia Católica, un amotinamiento de la Policía boliviana y la solicitud de renuncia al Presidente por parte de las Fuerzas Armadas.

Lectura de renuncias

La CPE establece en su art. 161 que: “Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución”. El numeral 3 de este mismo artículo reza: “Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”.

En el año 2003 la renuncia de Sánchez de Lozada fue leída en el Congreso Nacional, antes de que asumiera el cargo el señor Carlos Mesa, quien era Vicepresidente y Presidente del Congreso. Recordemos, no sólo se le dio lectura a la renuncia, si no que fue aceptada con el quórum que establece la ley.

En el año 2019, en el caso de Evo Morales, la renuncia no fue leída ni aceptada por la Asamblea Legislativa antes de que Añez asumiera el cargo. Primero, porque la policía amotinada no permitía el ingreso de los parlamentarios a la Plaza Murillo, lugar donde se encuentra el hemiciclo de la Asamblea. Y segundo, porque la lectura y aceptación de la renuncia se dio dos meses después de que esta fue presentada públicamente por Morales. Esto visiblemente demuestra la diferencia jurídica y procedimental entre ambos casos.

Posesión de mandato presidencial

Carlos Mesa prestó juramento ante el Congreso Nacional el 17 de octubre de 2003 y Hormando Vaca Diez, presidente del Senado en ese momento, fue el encargado de llevar dicho acontecimiento; acto seguido después de la juramentación pasó a imponer la banda presidencial a Mesa como lo dispone el Ceremonial de Estado. Se iniciaba así un mandato con legitimidad institucional, porque se había cumplido el procedimiento de sucesión constitucional establecido por la Constitución Política del Estado.

Jeanine Añez se autoproclamó Presidenta, frente a una Asamblea Legislativa vacía, sin quórum reglamentario y sobre todo sin contar con un proceso constitucional que avalara que la sucesión presidencial le correspondía. Posteriormente, pasó al Palacio de Gobierno para que fuera el Comandante de las Fuerzas Armadas quien le impusiera la banda presidencial, ante la presencia de un grupo reducido de sus seguidores y familiares.

La diferencia entre Mesa y Añez es que la última iniciaba un mandato viciado por una la violación específica a la CPE en su procedimiento de sucesión presidencial, incumplimiento de los reglamentos internos de la Asamblea y únicamente se amparaba en un “comunicado” del Tribunal Constitucional. En pocas palabras, Jeanine Añez provocó un golpe a la sucesión constitucional.

Sucesión constitucional

La CPE en su Art. 169 establece: “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será remplazada o remplazado en el cargo por la Vicepresidenta o del Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado y a falta de ésta o éste por el Presidente de la Cámara de Diputados…”

La constitución nos indica notoriamente que esta solo tiene alcance y se opera hasta el Presidente de la Cámara de Diputados, y no así, a las Vicepresidencias de Cámaras. En ese momento Añez era segunda Vicepresidenta, razón por la que no le correspondía asumir la presidencia. Al adjudicarse el mandato vulneró las disposiciones constitucionales.

¿Correspondía que las Cámaras de Senadores y Diputados se reunieran?

Frente a la renuncia de Salvatierra y Borda correspondía que las cámaras por separado consideraran sus renuncias, se eligieran nuevas directivas camarales de donde debería emerger un nuevo presidente del Senado y de Diputados, para posteriormente aplicar la sucesión presidencial.

Una reunión en la UCB decidió la sucesión presidencial

Es de conocimiento público quiénes fueron los que participaron en la reunión de la Universidad Católica. La misma fue convocada por la Iglesia Católica, donde participaron personajes que no tenían el mandato constitucional, legal y popular de atribuirse potestades para decidir sobre la sucesión constitucional del país. Este grupo condicionó, determinó y operó de acuerdo con sus inclinaciones ideológicas, intereses económicos y apetito político el quebrantamiento de la CPE.

Lo que más preocupa es que dos personajes que vivieron en carne propia la sucesión constitucional en gobiernos anteriores; quienes se consideran “letrados”, “estudiosos y respetuosos” de la ley, hayan permitido que no se acate la Constitución Política del Estado como bien se cumplió cuando ellos llegaron a asumir la presidencia. Ambos por sucesión constitucional y ninguno por apoyo popular.

Los eternos candidatos a la presidencia Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa, el “historiador /periodista”, se dejaron llevar por sus ambiciones políticas, su antimasismo, su odio hacia lo popular; sentimientos que comparten y que los unieron para que no se cumpliera con lo que en los últimos casos de sucesión constitucional en la historia política de Bolivia se había cumplido: una sucesión presidencial legítima.

Alejandra Claros Borda /.


 
Viceministra Alcón confirma el arribo de más de 228.000 vacunas AstraZeneca este domingo al país
Viceministra Alcón confirma el arribo de más de 228.000 vacunas AstraZeneca este domingo al país

En conferencia de prensa desarrollada este sábado, en Cobija, Pando, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó la llegada al país de más de 228.000 vacunas AstraZeneca del mecanismo COVAX, este domingo 21 de marzo.

La vacuna contra el COVID-19 fue recomendada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y ratificada además por la Agencia Europea de Medicamentos y otras agencias líderes internacionales.

Al margen del arribo al país de este lote de vacunas, Alcón anunció la adquisición, por parte del Gobierno nacional, de más de 15 millones de dosis que cubrirán al total de la población boliviana.

"El Estado va a adquirir más de 15 millones de dosis para poder vacunar al total de la población y, a partir del 1 de abril, las personas mayores de 60 años van a poder ser inmunizadas", adelantó la autoridad.

Asimismo, comunicó que en los siguientes días también llegarán al país 100.000 dosis adicionales de la vacuna Sinopharm, y hasta fin de mes otro lote de 1,7 millones de dosis del inmunizante Sputnik V.

"En abril, culmina la vacunación a personas con enfermedades de base; en mayo, a personas de 50 a 59 años y hasta agosto, pensamos vacunar a todos, y en septiembre, a las personas rezagadas", acotó la viceministra Alcón.


Bolivia: Áñez tiene que estar presa
Bolivia: Áñez tiene que estar presa

La imagen de la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez ha causado un gran impacto ya que no es muy común ver detrás de las rejas a un mandatario poco después de haber abandonado el cargo.

Su detención motivó polémicas y múltiples interpretaciones que incluyen lo jurídico y lo político. En realidad, lo primero que hay que decir de manera contundente es que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Quienes derrocaron a Morales lo niegan y este es un aspecto interesante que venimos planteando en estas columnas hace varios años: las derechas latinoamericanas ya no pueden concretar golpes de Estado como en el siglo pasado cuando los militares tomaban el poder, cerraban el parlamento, prohibían partidos políticos y sindicatos, secuestraban y asesinaban a mansalva. Las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2016 y Morales en 2019 ratifican lo antedicho. En todos los casos se argumentó que se respetaba la institucionalidad. Aunque Áñez dice haber asumido de manera constitucional, previamente las Fuerzas Armadas le “sugirieron” a Morales renunciar. Y ya sabemos qué sucede en América Latina cuando intervienen los militares.

Las acusaciones contra Añez ahora incluyen “terrorismo, sedición y conspiración” y van desde la forma cómo asumió la presidencia hasta las masacres que se produjeron durante su gobierno.

Se podrán discutir los vericuetos jurídicos pero el tema central es político.

Añez presidió un país en el marco de un golpe de Estado, esto a partir de un hecho totalmente ilegítimo, ya que en Bolivia los presidentes se eligen por el voto popular y aunque ella no fuera la instigadora ni “sugiriera” la renuncia de Morales, asumió como presidenta de facto en una sucesión irregular aunque intentaran presentarla como legal. No la absuelve el hecho de haber convocado luego a elecciones ni haber reconocido el triunfo de Luis Arce. Augusto Pinochet también entregó el poder y reconoció el triunfo electoral de Patricio Aylwin en 1989.¿Acaso esto lo exculpa del golpe de 1973? De ninguna manera.

Si miramos la historia latinoamericana veremos que quienes protagonizaron golpes de Estado no recibieron castigo alguno por haber derrocado un gobierno constitucional electo por el voto popular. Tampoco quienes formaron parte de esos gobiernos aunque no hubieran protagonizado el golpe. Es más, en Bolivia, el general Hugo Banzer, dictador entre 1971 y 1978, fue electo presidente en 1997. Pudo ser electo justamente porque no recibió castigo alguno por haber estado al frente de un gobierno de facto.

En la Argentina, los militares que gobernaron entre 1976 y 1983 fueron juzgados por secuestros, torturas, desapariciones de miles de personas y por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no fueron juzgados por ser partícipes de un gobierno de facto anticonstitucional.

Habrá quienes dirán que Añez persiguió opositores y que ahora Arce hace lo mismo. De ninguna manera hay equivalencias. No se trata de la persecución de opositores, ni siquiera de saber quiénes pergeñaron el golpe de Estado; sino de castigar a quienes estuvieron a la cabeza de un gobierno de facto. Añez fue presidenta de un gobierno de facto, y por esto debe ser condenada más allá de cualquier cálculo político de coyuntura actual en Bolivia.

Para la historia de América Latina la condena a Jeanine Añez puede sentar un precedente. Puede haber un antes y un después. Y, en ese sentido, bienvenida sea.

Pedro Brieger /.


Víctima de represión del golpe de Estado: “Me han destrozado mi cuerpo, me fregaron mi vida”
Víctima de represión del golpe de Estado: “Me han destrozado mi cuerpo, me fregaron mi vida”

“Me han destrozado mi cuerpo, me fregaron mi vida” dijo este miércoles Oscar Pacheco, un albañil que quedó discapacitado por la pérdida de la musculatura del pie derecho por un impacto de bala en la represión policial registrada en la zona Sur de la ciudad de La Paz en 2019.

“Estoy parado en un pie”, complementó, en una entrevista con el programa “Somos Democracia”, una alianza de los medios estatales.

La víctima recordó que su vida cambió para siempre porque fue disparado desde un contingente policial, mientras caminaba entre un grupo de personas que pedía que la prensa internacional envíe periodistas para que reflejen que eran masacrados.

El costo de las operaciones y los tratamientos que le hicieron por los daños que le causaron en el cuerpo alcanzó a Bs 104.000, con lo que perdió todos sus ahorros familiares y tuvo que hasta pedir dinero prestado, dijo.

“Yo pensaba suicidarme”, manifestó, entre sollozos, al recordar que la dueña de la casa donde vive tuvo ayudarle con una garantía para que salga del nosocomio.

Asimismo, mencionó que la lesión que le causó el impacto de bala en el pie le dejó prácticamente paralítico, con muletas, y con imposibilidad de hacer su trabajo diario que consistía en el traslado de bolsas de cemento de 50 kilos y movimientos propios de la construcción.

El peor pesar que le quedó, agregó, es una incertidumbre sobre el futuro de su vida, el mantenimiento de su esposa artesana que le ayudó en todo momento y la educación de sus hijos de 8 y 4 años. “Me duele mucho”, concluyó.


Pacto de Unidad convoca a concentración nacional en defensa del Gobierno y la democracia
Pacto de Unidad convoca a concentración nacional en defensa del Gobierno y la democracia

El Pacto de Unidad convocó este miércoles para el 22 de marzo a concentraciones en las capitales del país en defensa del Gobierno del presidente electo Luis Arce, frente a las amenazas de sectores cívicos y plataformas ciudadanas que organizan protestas en varias regiones.

“Se convoca a la gran concentración de las organizaciones sociales democráticas, sindicales, originarias, vecinales, cívicas, universitarias, juntas escolares, transporte, cooperativas mineras y organizaciones vivas del país, por la justicia para Bolivia y nuestros mártires del golpe de Estado, en fecha 22 de marzo a realizarse en las ciudades capitales de los nueve departamentos”, sostuvo Henry Nina, ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), quien dio lectura al documento de convocatoria.

El Pacto de Unidad está compuesto por organizaciones como la Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Según el pronunciamiento de las organizaciones sociales, las convocatorias a protestas de sectores cívicos y plataformas tienen el objetivo de buscar la desestabilización del Gobierno electo en las urnas por el 55,10% de los votos.

Las protestas de sectores opositores al Gobierno se deben a los procesos judiciales contra exautoridades del régimen de Jeanine Áñez, acusadas por la presunta comisión de delitos de conspiración, sedición y terrorismo por los hechos de violencia de 2019, que provocaron el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.

“No les permitiremos una afrenta a nuestro Gobierno electo”, advirtió Nina al dar lectura al pronunciamiento conjunto del Pacto de Unidad, alianza de organizaciones sindicales que respaldan al Movimiento Al Socialismo.

Los dirigentes advirtieron que se encuentran en emergencia y que exigen a las autoridades judiciales sanciones para Áñez y a sus excolaboradores por los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

Los bolivianos acudieron a las urnas el 18 de octubre de 2020, cuando Luis Arce ganó con el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese resultado dio fin al régimen de Jeanine Áñez.


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